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El Tribunal de Cuentas asegura que la Tesorería de la Seguridad Social, el SEPE, las mutuas y el Fogasa deberían aumentar en 190 millones de euros el riesgo de impago de las cotizaciones cuyo cobro aplazan. Y que es probable que nunca cobre la deuda histórica de los hospitales privadas suspendida desde 1995.

El Ministerio de Empleo sólo ha ejecutado el 0,7% de su presupuesto para formar a parados. Hacienda aún no ha emitido el informe que permitiría al Consejo de Ministros aprobar una transferencia de 600 millones para que las comunidades autónomas paguen esos cursos para desempleados.

España tiene 4,8 millones de parados, pero también dos millones de subempleados: personas que trabajan menos horas de las que necesitan. A esa cifra habría que añadir el de quienes no cobran salarios suficientes y tienen empleos por debajo de su cualificación.

“La formación de los trabajadores es urgente: no tenemos ni un minuto que perder”, apremió la ministra de Empleo, Fátima Báñez hace un año en el Congreso. Aún hoy la reforma aprobada entonces sigue sin ponerse en marcha.

La Seguridad Social pide acabar con la reducción de cotizaciones que concede a las empresas a cambio de que contraten a trabajadores. Asegura que esta exención de cuotas “pone en riesgo” el equilibrio presupuestario del sistema. Y lo dice después de haber quintuplicado su cuantía desde 2102.

El reparto de las prestaciones de desempleo es un fiel reflejo de la discriminación laboral de las mujeres en España. Hay un 18,3% más de mujeres sin trabajo que de hombres. Pero sólo el 43,7% de ellas cobra una prestación. 

La Comunidad de Madrid pagará 7,5 millones de euros a cuatro agencias de colocación privadas para que busquen trabajo a 8.000 del casi medio millón de desempleados de la región. Para ello ha utilizado un concurso negociado y sin publicidad.

Un total de 29 empresas han pagado por echar a 8.109 empleados de esa edad desde 2011 por la enmienda Telefónica.

La cuota media mensual por beneficiario se situó en 793,1 euros, lo que supone 9,4 euros menos respecto al mismo mes del año pasado.

Mariano Rajoy pondrá fin a sus cuatro años de gobierno con 271.164 parados menos de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registraba cuando ganó las elecciones en noviembre de 2011. Una reducción del 6%. Pero también con menos ocupados

La Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción para sancionar a una consultora acreditada ante la Fundación Tripartita y las empresas que la contrataron por utilizar fraudulentamente las subvenciones públicas a la formación. 

Los contratos temporales se han disparado un 13,2% en los nueve primeros meses del año, casi triplicando el 5% que crecieron en 2014. Por el contrario, el número de contratos indefinidos se ha reducido un 0,4% en lo que va de ejercicio.