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La 'operación Cóndor' investiga delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, falsedad, delito contable, tráfico de influencias y cohecho. Hay diez detenidos en Galicia y Madrid.
La cercanía de las elecciones autonómicas y la falta de presupuesto obligan a los dirigentes políticos a inaugurar pequeños kilómetros de autovía o contenedores de reciclaje para promocionar su gestión política.
El político nacionalista, que comparte liderazgo con Xosé Manuel Beiras en Anova, participará en las primarias de Compostela Aberta, plataforma apoyada por Podemos. Martiño es actualmente alcalde de un municipio limítrofe, Teo, donde se presentó por el BNG.
El expresidente de la Diputación de Lugo, y uno de los imputados en la Operación Muralla por un delito continuado de prevaricación, falleció este domingo a los 78 años.
Siete miembros del Comité de Bioética de la Xunta presentan su dimisión por el supuesto intento del Gobierno gallego de ocultar la situación de la atención sanitaria.
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, muestra su preocupación por que la multa pueda afectar "severamente" a la industria y al sector ganadero.
Una familia con un bebé de un año de edad y otra hija adolescente es desalojada de la vivienda en la que residía desde hace un año en régimen de alquiler.
La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha afirmado que se alegra de los beneficios obtenidos por Abanca en el primer año de su nueva etapa, que superan los 1.100 millones de euros.
El presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, asegura que les están "vendiendo humo" y apunta que el plan presentado por Sanidad ha servido para pasar "la pelota a las comunidades autónomas".
El banco venezolano Banesco ganó el pasado año 1.157 millones con Novagalicia, la entidad que adquirió en subasta en 2013 por poco más de 1.000 millones. La operación deja en evidencia la estrategia seguida por el Gobierno para apuntalar el sistema financiero. En el apoyo a Novagalicia, rebautizada como Abanca tras su venta, el Estado ha perdido 8.000 millones de euros.
La sentencia considera "legal" la decisión del bipartito PSOE-BNG de impedir a la factoría contrustruir en un área costera protegida y rebaja en 8,2 millones las pretensiones de la multinacional.
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