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El Gobierno encara con más de diez años de retraso la definición de la vivienda deshabitada, un problema estructural del mercado inmobiliario español.

Tras superar un primer veto del Gobierno Rajoy, la ley de vivienda elaborada por la plataforma antidesahucios será debatida este martes en la Cámara Baja.

Las socimi, los fondos buitre y el alza del precio del alquiler alientan un nuevo ciclo especulativo sin haber aflorado el parque deshabitado tras el boom del ladrillo.

Las plataformas antidesahucios denuncian las constantes "subidas abusivas" que deben asumir los inquilinos.

El importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento, ya que supone en torno al 74,4% del mismo.

El fallecido, que se arrojó al vacío según la otra inquilina del apartamento, debía siete meses de alquiler. El ayuntamiento había pedido el aplazamiento de la orden judicial.

Atendiendo a los desahucios consecuencia del impago del alquiler, Cataluña se ha sitúa a la cabeza con 1.399 procedimientos.

Entre los colectivos implicados en el aniversario están Democracia real YA! Madrid, la PAH, Espacio común 15M, la orquesta Solfónica o los Yayoflautas.

infoLibre recopila iniciativas para aumentar el parque de alquiler: incentivar fiscalmente a los caseros o aflorar las viviendas vacías, entre ellas. 

La plataforma, compuesta por organizaciones sociales, nace con vocación de "poner límites a la especulación" y priorizar el interés general frente al "pago de las deudas ilegítimas".

Este dato supone un descenso del 3,6% respecto a los 63.037 lanzamientos de 2016, según el estudio Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.

La PAH, organizadora de la movilización, ha presentado una proposición de ley que recoge, entre otras medidas, la regulación de los desahucios y el realojo de las familias afectadas. Los manifestantes denunciaron "los 173 desahucios diarios" y "los cinco millones de familias que sufren la pobreza energética por no poder pagar sus facturas".

El proyecto aúna las propuestas que los distintos grupos parlamentarios y las familias afectadas han presentado en unas negociaciones de más de nueve meses de duración.

El 58,6 % de los desahucios, 9.886, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).