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La Comunidad de Madrid adjudicó el pasado verano 32 promociones de vivienda pública al fondo norteamericano Goldman Sachs y la gestora Azora. Los afectados alegan que esta venta ha supuesto una pérdida patrimonial para la administración pública de más de ochenta millones. 

La plataforma pretende alojar en el inmueble a once familias sin hogar. Se trata del mismo bloque que varios activistas ocuparon en noviembre de 2011 y del que fueron desalojados dos meses después. Está vacío desde 2009. 

La Plataforma también ha presentado un informe sobre la "emergencia habitacional" existente en España, situación que en muchos casos implica "dificultades para pagar la luz, la calefacción y el resto de suministros".

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca critica que se ofrezcan paquetes de inmuebles a empresas como Goldman Sachs y Blackstone con rebajas de precio e incentivos fiscales, algo que "no se ha aplicado a las familias de esos inmuebles".

La portavoz de la PAH acusa al Gobierno de pretender "acabar con el derecho de manifestación y de libertad de expresión para seguir robando". 

El Ayuntamiento de la localidad aprobó el jueves una moción que declara la "ciudad contraria a los desalojos". Gracias a la iniciativa, apoyada por PSOE y por IU-LV, Fuenlabrada se suma a la lista de "zonas libres de desahucios". 

Tras el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el desalojo ha sido aplazado.

Gracias al apoyo de la Plataforma Stop Desahucios y al despliegue de un centenar de activistas y vecinos Marisa Gómez dormirá este viernes en el sofá cama de su apartamento.

La federación quiere evitar un choque con las centrales, como pasó en 2011, con Zapatero. IU plasma en un documento interno su objetivo para los próximos meses: "Pasar a la ofensiva" y situar en el debate político "la agenda propia" de la federación. El Consejo Federal de este sábado da luz verde a una nueva corriente, EnComún, nacida del sector de Llamazares.

Activistas que están apoyando a las familias afectadas aseguran, sin embargo, que "no se fían" del Ayuntamiento de Madrid, ya que no han querido facilitarles ningún documento por escrito que certifique que el plazo otorgado por el juzgado para el derribo ha terminado. De esta manera, han asegurado que saben que este miércoles es el último día estipulado "únicamente por una comunicación verbal de una funcionaria de los juzgados de Gran Vía".

Los socialistas afirma que esta norma contraviene 14 artículos de la Constitución. La Izquierda Plural rechaza apoyar la impugnación por el desacuerdo entre el partido de Rubalcaba y la PAH, que tachó al PSOE de "oportunistas".

Los activistas acusan a los socialistas de haber excluido a la plataforma del texto del recurso. El partido de Rubalcaba presentará solo la impugnación este viernes, cuando concluye el plazo legal. El PSOE se defiende diciendo que recoge la argumentación de la PAH y recalca que quiere "rehuir de la polémica y la confrontación" con los activistas.