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La posibilidad de celebrar el congreso pendiente en el PSOE a primeros de diciembre, con una consulta exprés para elegir nuevo secretario general el 23 de octubre, ha provocado una durísima reacción en las federaciones críticas con Pedro Sánchez. Interpretan este amago de la dirección como una "huida hacia adelante" para aferrarse a la secretaría general, mientras desde Ferraz sostienen que responde a las "amenazas de amotinamiento".
La coalición valenciana tiene previsto "tomar la iniciativa" a partir del lunes para tratar de negociar un acuerdo con PSOE y Unidos Podemos y buscar la abstención de Ciudadanos. En Podemos, no obstante, son muy escépticos con respecto a las intenciones de Pedro Sánchez.
La propuesta incluye una treintena de medidas entre las que no está el derecho a decidir. El equipo de Sánchez cree que un acuerdo serviría para mostrar que el PSOE intenta el desbloqueo y dificultaría el discurso de los barones críticos. Estos últimos insisten en que Sánchez está dispuesto a llegar a la Moncloa "incluso con el voto de los independentistas catalanes", algo que creen inaceptable.
Si el grupo que acoge a la exalcaldesa de Valencia sigue funcionando como tradicionalmente, el próximo año le correspondería ser portavoz durante un mes. No todos sus compañeros están de acuerdo y tampoco está claro que lo acepte. Tener competencias extra dentro del grupo dispararía su sueldo por encima de los 7.500 euros al mes.
La formación valenciana insta a los socialistas y la coalición de izquierdas a sentarse a negociar y a buscar la "abstención técnica" de los de Rivera.
Los socialistas presentan en el Congreso proyectos destinados a derogar la ley mordaza o la reforma local, así como a reducir el IVA cultural, reinstaurar la sanidad universal o suprimir el calendario de aplicación de la Lomce.
La decisión se produce horas después de que el Parlament apruebe su plan de ruptura con los votos de Junts pel Sí y la CUP. El órgano de Gobierno de la Cámara da a la antigua Convergència 48 horas para argumentar su demanda de grupo.
Tres extrabajadoras aseguran que Maite Fernández “conocía y encubría” los delitos sexuales que sufrieron entre diciembre de 2007 y enero de 2010 por parte de un alto cargo de Canal Nou. La Asociación de Víctimas del Metro también reprueba a Fernández, a quien acusan de manipular la información sobre aquel siniestro que dejó 43 muertos y 47 heridos.
Los socialistas anuncian que defenderán una aplicación estricta del Reglamento de la Cámara para las confluencias catalana, gallega y valenciana pero flexible en el caso de los nacionalistas catalanes.
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