Corinna Sayn Wittgenstein

Larsen señala en una entrevista que Juan Carlos I apuntó directamente hacia el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que pretendía "castrarle y debilitar la monarquía".

Parte de la pieza Carol incurre en unas grabaciones en las que Larsen habla sobre los supuestos negocios opacos de Juan Carlos I, pero el juez carece de competencia para investigarlas.

Su defensa presenta un recurso contra el auto en el que el magistrado señala como preferente la declaración presencial

De demostrarse estos hechos no se darían las condiciones para que se hubiera producido delito.

La imputación de Iñaki Urdangarin en 2011 y el accidente del emérito durante una cacería en Botsuana dos años después marcaron la cuenta atrás hacia su abdicación en 2014.

Pese a autorizar a que ésta se realizara telemáticamente el próximo día 8, ahora el magistrado no ve razones de seguridad ni orden público que justifiquen que no se desplace a España para prestar declaración.

El fiscal jefe de Ginebra pone el foco de su investigación en esta casa de campo británica, valorada en 6,7 millones de euros, porque se compró después de que recibiera la donación de Juan Carlos I.

El empresario asegura que nunca ejerció “el control y liderazgo” del consorcio español al que se le adjudicó el AVE a la Meca, operación que está en el origen de los supuestos cobros ilegales del rey emérito.

La que fuera amante del emérito asegura que los 65 millones de euros que recibió del monarca fueron "una muestra de gratitud por haberle cuidado durante sus peores momentos".

Crónica de cómo la relación personal y financiera de Juan Carlos I y la empresaria alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein provoca la mayor crisis de la monarquía desde la Transición.

Un escrito dirigido al alto tribunal subraya que la causa por la que le dio carpetazo fue el archivo de las diligencias abiertas en la Audiencia por los audios de la empresaria. Y que la reapertura del caso aboca por tanto ahora a su readmisión.

Ha afirmado que "jamás le pagó cantidad alguna" a Villarejo tras ser citada en calidad de investigada en el marco de la pieza 5 del 'caso Tándem', denominada 'Carol'.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha imputado también al que fuera socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, y al empresario Juan Villalonga.

Según un escrito de Arturo Fasana, gestor de la fortuna suiza del monarca, el rey planeaba entregarle dos millones de euros, pero el segundo pago, previsto para 2012, no fue posible tras la disolución de la Fundación Lucum.

Juan Carlos I habría utilizado varias cuentas offshore, sociedades instrumentales y presuntos testaferros de todo el mundo para pagar un viaje de lujo a Tahití en 2016 con dinero de origen no declarado.

Se ha referido así a la investigación al monarca por las supuestas comisiones cobradas por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

Los llamamientos del rey al comportamiento ético durante la feroz crisis iniciada en 2008 y sus apelaciones al cumplimiento estricto de la legalidad tras la imputación de Iñaki Urdangarin quedan sepultados por los hechos.

Solo en 2010 extrajo 1,5 millones de euros, cifra que equivale a unos 125.000 euros opacos al mes, siendo su dotación económica en los presupuestos para todo ese año de 140.000€.

El primer contrato que ve la luz en el que aparecen tanto la firma de Corinna como la del rey emérito probaría que este es el primer beneficiario de una presunta estructura fraudulenta para ocultar dinero saudí en Suiza.

Hay una generación de periodistas españoles que ahora tienen una edad de los que nos hemos tenido que comer lecciones tipo “eso que hacéis no es periodismo”, que callaron, tragaron y validaron todos estos dispendios del rey padre.

Según publica El País, la empresaria alemana también apuntó en este mismo testimonio ante la Fiscalía suiza que ignoraba si el emérito había "declarado estos activos al fisco español".

En la vista, que ya fue aplazada por la pandemia de coronavirus, declara como testigo Corinna Zu Sayn-Wittgenstein

Blanqueo de capitales y delito fiscal por la supuesta ocultación de fondos en el extranjero, infracción penal que nunca prescribe, le ponen contra las cuerdas.

La Fiscalía del Alto Tribunal ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para para aclarar el destino de 80 millones de euros que según Corinna Larsen se habrían repartido, entre otros, Juan Carlos de Borbón por la adjudicación del tren del desierto a empresas españolas.