Actividad Legislativa

La disolución de las Cortes provoca que no vayan a conocerse las declaraciones de bienes de los parlamentarios de la XIII Legislatura. También se retrasan los trabajos del código ético conjunto de Congreso y Senado y la Ley de Transparencia sigue sin reglamento seis años después.

El recurso recuerda cómo las dos formaciones de la derecha utilizaron su mayoría en la Mesa del Congreso para impedir incluso la tramitación de iniciativas calificadas de urgentes por el Pleno de la Cámara.

Instan al Partido Popular a apoyar la iniciativa legislativa bautizada como la Ley kelly, que reclama mejoras globales para este sector, integrado por unas 200.000 trabajadoras en todo el país.

El Congreso sólo ha dado luz verde a nueve leyes en todo 2017. Una cifra que en 40 años sólo empeora el atípico 2016, con el Gobierno diez meses en funciones, además de 2004 y 2008, cuando las Cortes estuvieron disueltas tres meses por la convocatoria de elecciones.

El Congreso de los Diputados rechazó este jueves la enmienda a la totalidad registrada por el PP para derribar la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos CCOO y UGT para establecer una renta mínima de 426 euros a toda persona desempleada. 

Políticos y expertos dijeron en 2016 que un Rajoy en minoría estaría en manos del Congreso y que la oposición podría "gobernar desde el Parlamento". Los datos del primer periodo de sesiones de la Cámara lo desmienten: el Ejecutivo gobierna a golpe de decreto y ninguna ley de la oposición ha entrado en vigor.

Figuran 41 concejales de distintos partidos, la mayoría de ellos del PP, así como alcaldes y un gran número de abogados.

Las tensiones entre el Gobierno y el Parlamento están marcando el inicio de la legislatura. "Por mucho ruido que se quiera hacer y por muchas medallas que se cuelguen sus proponentes, las proposiciones no de ley y las mociones no tienen efecto normativo", advierten en el Grupo Popular.

Uno de los focos estará en cómo resuelve el presidente del Gobierno la pugna de poder entre Santamaría y Cospedal. Pero la presencia o no de independientes, la configuración del área económica o el esquema y titulares de los ministerios más sociales darán muchas pistas del tipo de legislatura por la que apuesta Rajoy.

Ambos se han servido en el Gobierno de la prerrogativa que les permite vetar iniciativas de otros grupos si suponen más gasto. Sin embargo, se critican por lo mismo: los conservadores tildaron en 2010 a Zapatero de "autoritario" y los socialistas acusan ahora al PP de "filibusterismo parlamentario".

En Moncloa insisten en que no cabe un control parlamentario a un Ejecutivo en funciones porque supondría una "anomalía". Se escudan, no obstante, en que sí es posible un control jurisdiccional.

Antes incluso de la investidura, varios grupos llevarán a la Cámara iniciativas legislativas donde esperan que se ponga en evidencia la pérdida de la mayoría absoluta del PP.

El dirigente conservador hace balance de la legislatura ensalzando los datos de empleo.

Los socialistas hacen balance de la legislatura criticando al presidente por no responder a 6.835 preguntas y por atender solo a dos de las 105 comparecencias que le han pedido la oposición.

El Parlamento ha funcionado en ocasiones como territorio ajeno a las tensiones entre el partido del Gobierno y los nacionalistas catalanes a cuenta del proceso soberanista.

El nuevo portavoz tendrá que gestionar la mayoría absoluta del Partido Popular en la recta final de legislatura, una mayoría a la que la oposición acusa con insistencia de actuar como un rodillo.

El Congreso autoriza una Iniciativa Legislativa Popular que propone una auditoria del déficit de tarifa para aclarar si las eléctricas "inflan" los recibos de la luz.

Sólo está programado un pleno para el 22 y 23 de enero, y no es seguro que haya control al Gobierno. Además, habrá dos reuniones de la Diputación Permanente. Hace cuatro años, Bono y Rojo cerraron un pacto unánime para celebrar sesiones extraordinarias en enero y julio, pero con preguntas e interpelaciones.

La UE y los negociadores de la Eurocámara han logrado un acuerdo final sobre la norma que impone topes a los bonus de los directivos.