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Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos suman 5.657 entidades, sólo un 1,64% menos que en 2014. 

Ya han publicado los nombres de los asesores del Ejecutivo de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez y advierten: "si los distintos gobiernos no los publican, lo haremos nosotros".

Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son las tres comunidades autónomas más endeudadas. Madrid y Barcelona han reducido su deuda: 60 millones la capital de España y 4 la ciudad condal.

La cifra supone un incremento de casi el 50% respecto al ejercicio anterior y más de un 85% respecto a 2016.

Ignacio González es el último dirigente que ha pedido regresar a su puesto de técnico de administración general en la rama jurídica en el Ayuntamiento de Madrid, del que lleva alejado 22 años.

De las cuatro comunidades más endeudadas, todas elevaron su deuda respecto al primer trimestre, mientras que la de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona ha disminuido.

El secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea, asegura que el Gobierno quiere acabar con el paro empezando "por sus amigos, por sus amigos del PSOE".

Asegura que las retribuciones anuales de estos "aliados y amiguetes" al frente de distintos organismos y empresas públicas suman más de 2,3 millones de euros.

Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PP, PSOE y Ciudadanos.

La filial brasileña, creada en 2013, sólo ganó 92.836 euros en tres años. La empresa estatal abandona también Paraguay, donde posee una explotación de soja de 7.000 hectáreas que lleva a la venta desde 2014.

El Tribunal de Cuentas describe con dureza la actuación del organismo dirigido por Carlos Espinosa de los Monteros.

Una familia con escasos recursos económicos se ha visto obligada a velar durante 20 horas en su propio domicilio de Fuenlabrada el cadáver de su hijo de 7 años de edad que falleció a consecuencia de un cáncer.

Una plataforma de interinos envía 10.000 denuncias a la Comisión Europea para que obligue al Gobierno a reconocer que su situación es un fraude de ley y la regularice. El 70% de ellos encadenan contratos o permanecen en sus puestos más de tres años.