Administracion Publica

El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Proyecto de Racionalización del Sector Público Estatal por el que el CJE pasa a configurarse como "una entidad corporativa de base privada". Su presidente denuncia que se trata de una "supresión indirecta".

Los diputados ya no podrán deshacerse de sus meteduras de pata en la web. Una herramienta lanzada por Civio recopila los tweets que los políticos españoles publican y, tras arrepentirse, eliminan de sus cuentas.

El Gobierno tomó en junio la decisión de cerrar el Consejo de la Juventud de España alegando razones de ahorro económico y duplicidad de funciones. No obstante, la medida ha generado un gran rechazo tanto dentro de las propias asociaciones juveniles que lo componen como a nivel nacional e incluso internacional.

Los grupos opositores en el Parlamento insular han mostrado su rechazo a los correos electrónicos que intercambiaron en 2012 dos altos cargos del Instituto de Innovación Empresarial en los que listaban a varios empleados y los criticaban por su supuesta ideología.

El llamado banco malo (Sareb), creado para limpiar de ladrillo los bancos con problemas, ha ingresado en lo que va de año 1.700 millones, de los que sólo 500 responden a la venta o alquiler de inmuebles. La entidad ha vendido 4.500 inmuebles, la mitad de los previstos en sus planes de negocio. 

La Fundación Ciudadana Civio ha presentado el martes este proyecto, cuyo fin es clarificar los "vínculos" existentes entre la esfera privada y los poderes públicos, así como "que se regule el lobby y que se publiquen las agendas de trabajo completas de los cargos públicos".

El Alto Tribunal avala la Ley de Función Pública de Bauzá, que considera el conocimiento del catalán como un mérito y no como una obligación para acceder a la Administración. El Constitucional entiende que "no existe discriminación por la inexistencia de trato preferente del castellano". Contra el fallo hay dos votos particulares de cuatro magistrados progresistas.

Las organizaciones pro transparencia aplauden que por fin vaya a haber una norma, pero denuncian la "tibieza de una ley totalmente insuficiente". Apuntan varios fallos: que no se equipare el derecho de acceso a la información a la protección de datos, que se opte por el silencio negativo, que no se conozca el proceso de toma de decisiones, que se configure un organismo supervisor falto de "independencia" o que el Gobierno se erija en filtro de las peticiones que se hagan a la Casa Real.

Las administraciones públicas contrataron servicios en 2011 por importe de 10.240 millones de euros. Firmaron entonces 35.709 contratos con empresas privadas para que estas realizaran desde limpieza y mantenimiento de inmuebles hasta asesoramiento técnico especializado. El recorte del gasto público ha puesto al borde de la quiebra a muchas de ellas, que fiaron todo su negocio a las adjudicaciones públicas. Los trabajadores dejan de cobrar, las empresas culpan a la Administración morosa y esta se desentiende.

En varias comunidades, los requisitos económicos para poder acceder a estas ayudas están por debajo del umbral de pobreza. Las asociaciones de padres y de trabajadores sociales denuncian que los requerimientos son "restrictivos" y "excluyentes". 

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha convocado para la tarde de este jueves al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Con esta cita, el Gobierno pretende enfriar el rechazo de las comunidades al informe sobre la reforma de las Administraciones Públicas aprobado hace una semana.

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, ha afirmado que Andalucía aspira a cumplir con un déficit de 2,2% pero se resiste a relacionar el objetivo de déficit y la reducción de instituciones, lo que considera un "chantaje" por parte del Gobierno.

Este viernes el Gobierno ha aprobado un informe para reformar las Administraciones Públicas que debe llevarse a cabo con la colaboración entre Gobierno central, ayuntamientos y comunidades autónomas. La iniciativa ha nacido plagada de críticas.

El presidente del Gobierno dijo en la Moncloa que quería acabar con el "mito" de la excesiva dimensión de la Administración pública española, mito que él y sus correligionarios del partido alimentaron durante años en su tiempo en la oposición.