Alzamiento bienes

La Mesa de la Asamblea decidirá el próximo lunes sobre las peticiones registradas por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

Pedro Embid no acertó a responder por qué encargó a un bufete analizar las posibles acciones penales sólo contra los herederos de los dos avalistas fallecidos de MC Infortécnica SL y no contra los seis que están vivos.

“Yo no lo encargué y no pasó por el consejo de administración”, declara la expresidenta de Avalmadrid en la comisión de investigación parlamentaria.

Los grupos aprueban, con la abstención de PP, Ciudadanos y Vox, una solicitud de amparo para que se les permita ver in situ los documentos de Avalmadrid que incluyan datos de terceras personas. 

La Comunidad de Madrid deniega a la Asamblea el expediente del aval concedido a MC Infortécnica SL y el informe del Comité de Morosidad que ocultó el supuesto alzamiento de bienes cometido por Ayuso. 

La Consejería de Economía cifra en 29,5 millones el dinero público recibido por Avalmadrid, según los datos que envió a la comisión de investigación de la Asamblea.

El supervisor financiero también sanciona a dos consejeros: la Cámara de Comercio, con 38.400 euros, el expresidente de la patronal madrileña Juan Pablo Lázaro, con 10.400.

La Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), cuyo capital es público en un 98%, pagó 206.123,53 euros del préstamo concedido a MC Infortécnica SL, la empresa de la que eran socios los padres de Ayuso.

Juan Manuel Santos-Suárez sostiene que no asistía ni al Comité Directivo ni al Comité de Morosidad, órganos donde se decidió sobre el crédito a MC Infortécnica SL. Su nombre figura en los documentos relevantes de la operación, tal y como desvela infoLibre.

Eva Piera dice que sólo fue “empática con una persona preocupada por una empresa familiar”. También asegura que no volvió a hablar con Ayuso sobre el caso.

La teniente fiscal rechaza que se cometieran los delitos de alzamiento de bienes, administración desleal y tráfico de influencias, según el decreto al que ha tenido acceso infoLibre. Su escrito contradice la jurisprudencia del Supremo y contiene datos inciertos.

Los socialistas quieren presidir la comisión y Más Madrid pedirá las actas de todos los consejos de administración y comités de dirección de Avalmadrid entre 2007 y 2018. 

Cs introduce una salvaguarda en las normas de funcionamiento de la comisión que investigará Avalmadrid para que ésta trabaje “con prudencia” en lo relacionado con los “órganos institucionales autónomos”.

Creada en 1985, Avalmadrid no contó con un director de Control de Riesgos hasta hace un año, cuando ya estaba siendo inspeccionada por el Banco de España. La sociedad de garantías madrileña tiene aprobadas este año 25 operaciones con empresas vinculadas a miembros de su consejo de administración. Casi ha triplicado su ratio de morosidad desde 2011, el año en que concedió el aval a la empresa del caso Ayuso.

La presidenta madrileña aceptó la donación de un piso de sus padres, evitando así su embargo por Avalmadrid. La sociedad de garantías lleva siete años sin actuar para hacerse con los bienes de los progenitores de Díaz Ayuso y así saldar la deuda por el préstamo impagado. Además, permitió con su inactividad durante seis años operaciones de alzamiento de bienes al resto de los socios de MC Infortécnica SL.

La formación acusa a Isabel Díaz Ayuso de alzamiento de bienes, trato de favor y tráfico de influencias, así como a la cúpula de Avalmadrid de trato de favor y administración desleal. Según los denunciantes, los padres de la presidenta de la Comunidad usaron la información privilegiada obtenida por ella para “adelantarse al resto de los socios” y hacer desaparecer su patrimonio “en menos de cuatro meses”.

Sólo el 8% de la cartera de operaciones de Avalmadrid cuando se aprobó el aval para la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso superaba los 300.000 euros. La cuantía media de las operaciones se ha reducido a la mitad en siete años.

Avalmadrid encargó a un auditor externo, Forest Partners, investigar los mismos 167 avales donde el Banco de España había encontrado numerosas irregularidades tras una inspección. Pero ordenó analizar sólo la concesión de los avales y excluyó las fases de seguimiento y recuperación de impagados. 

Avalmadrid encarga un informe sobre la posible responsabilidad penal de Ayuso a un abogado experto en Derecho Civil. El análisis que realiza ocupa exactamente 23 líneas.

Ignacio Aguado asegura estar "abierto a valorar todas las opciones que busquen profundizar en la transparencia", pero no responde si apoyará la iniciativa.

Ignacio Aguado asegura que el delito que podría haber cometido su futura socia de gobierno es un asunto de índole "familiar" y afirma que no hay "connotaciones de corrupción o de algún tipo de irregularidad".