Beneficiarios Prestaciones

El Ministerio de Trabajo mantiene sin cambios en su penúltima redacción de la prórroga de los ERTE  la cláusula que obliga a las empresas a no despedir si quieren conservar las exenciones de cuotas a la Seguridad Social: UGT y CCOO lo celebran, CEOE persiste en su rechazo. Sindicatos y patronal someterán el próximo martes el texto a la aprobación de sus respectivos órganos de gobierno.

“El dinero público no se puede emplear para despedir”, sostienen los sindicatos y el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, la CEOE mantiene su petición de que las empresas sólo tengan que devolver las exoneraciones de cuotas de los trabajadores en ERTE que despidan, y no las de toda la plantilla como establece la actual regulación.

Un total de 84.992 empresas han desaparecido desde febrero. La destrucción del tejido empresarial ha aumentado el paro y desplomado la contratación. El número de despidos de trabajadores fijos aumenta en octubre un 41,3% respecto a agosto y un 75,5% los de temporales. 

La CEOE termina sumándose al acuerdo con los sindicatos y el Gobierno al conseguir un aumento de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social. El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros crea dos nuevos tipos de ERTE a los que se pueden acoger empresas de todos los sectores: por impedimento y por limitación. 

El Gobierno redactará una nueva propuesta el lunes que CCOO y UGT ven próxima al acuerdo, pero no contenta a la patronal. Sobre la mesa algunos cambios: los ERTE por causas objetivas se quedan sin descuentos de cuotas y las exoneraciones para los trabajadores que vuelven a la actividad se reducen e igualan a las que benefician a quienes continúan suspendidos.

Esta semana comienza la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital, que puede durar tres meses y deja asuntos capitales para futuros reglamentos. Las personas sin hogar, quienes salen de la cárcel, menores de 23 años emancipados o quienes compartan piso con más de dos familias están excluidos de la nueva ayuda.

El Diálogo Social se reanudará a finales de este mes para regular el trabajo en remoto y debatir cómo extender hasta diciembre los ajustes temporales de empleo.

Un refuerzo de 500 personas contratadas por la filial de la empresa pública Tragsa teletrabajarán durante cuatro meses para parchear la falta de personal en la Seguridad Social. El refuerzo contratado por el Ministerio de Trabajo en el SEPE no impide que las empleadas domésticas despedidas durante el confinamiento hayan estado sin cobrar el subsidio al menos hasta el 1 de agosto. El organismo sólo ha aprobado 9.400 de las 30.000 solicitudes presentadas.

Aunque todos los focos estén pendientes estos días del volumen final y las condiciones de las ayudas que la UE apruebe contra la crisis del covid, los Estados ya han venido tomando decisiones de gasto público desde marzo. Y si examinan en relación con la riqueza nacional o Producto Interior Bruto (PIB) anual de cada país, las diferencias son notables.

Este miércoles empiezan a aplicarse las nuevas ayudas para autónomos, que incluyen la reducción de las cotizaciones sociales, la compatibilidad de la prestación extraordinaria por cese de actividad y ua prestación extra para los autónomos de temporada.

El SEPE ha tardado entre cinco y siete años, en algunos casos, en reclamar a algunas empresas las aportaciones a las que están obligadas si despiden a este tipo de trabajadores. Así ha ocurrido con Caixabank, a la que aún no ha exigido el pago de casi 95 de los 127 millones que adeuda.

El banco estaba obligado a pagar esa cifra por las prestaciones y cotizaciones de los trabajadores despedidos en el ERE de 2016. El SEPE no abrió el procedimiento hasta el 27 de noviembre de 2019 por la “complejidad” del proceso. Y lo hizo justo en el plazo preciso para que no prescribiera la reclamación.

Los empleados del SEPE recibieron este viernes un Excel con un listado de casi 200.000 expedientes "ni reconocidos ni denegados". La plantilla del organismo tendrá ahora que corregir "a mano", uno a uno, los fallos detectados. Trabajo dice que no le "consta" la existencia de esos ficheros.

Media docena de contratos con la filial de la empresa pública Tragsa parchean la falta crónica de personal en el SEPE y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Con el refuerzo de 757 trabajadores se tramitarán los subsidios y prestaciones creadas por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias sociales del coronavirus. Aun así, todavía no ha cobrado su ayuda ninguna de las empleadas domésticas que la han pedido.

La Seguridad Social registra en mayo 188.000 nuevos afiliados y 388.000 trabajadores salen de un ERTE de fuerza mayor. El número de solicitudes de prestación por desempleo se multiplica por 11 respecto al año pasado, mientras que el gasto se dispara hasta los 5.000 millones de euros.

El Ejecutivo estima que la prestación llegará a alrededor de 850.000 hogares, en los que viven en torno a 2,3 millones de personas.

El SEPE registró en abril 3,8 millones de parados, medio millón más que la EPA. El 76% de quienes perdieron el trabajo el pasado mes tenían un contrato temporal. Los 3,4 millones de trabajadores incluidos en ERTE disparan en un 136% respecto a 2019 el número de quienes cobran prestaciones.

La ministra portavoz asegura que se trata de posibilidades en las que trabajan los diferentes ministerios como parte de una tarea de anticipación de todos los escenarios posibles.

La emergencia sanitaria por el coronavirus puede provocar una debacle en el mercado laboral. La cuestión ahora es si, al igual que en anteriores crisis, el inevitable ajuste se hace con despidos o con medidas menos traumáticas como el Kurzarbeit alemán; es decir, mediante reducciones de jornada y suspensiones de contrato.