Beneficiarios Prestaciones

Casi la mitad de los desempleados, 1,5 millones de personas, llevan más de un año sin encontrar trabajo. Un millón de ellos supera los dos años en el paro, pese a haberse recortado su número un 58% desde 2014.

La partida que España destina a subsidios de paro, ayudas no contributivas y rentas mínimas autonómicas equivale a la mitad del gasto de Irlanda y a un tercio del de Dinamarca, pese a tratarse de las prestaciones más eficaces para combatir la pobreza. 

El Consejo de Ministros da luz verde a un decreto con medidas de protección social que incluye el aumento de la prestación por hijo al cargo, así como al reglamento que permitirá a los creadores cobrar al tiempo una pensión y sus derechos de autor.

El Gobierno quiere ampliar los beneficios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, el programa financiado por la UE para dar trabajo a los jóvenes, a todos los menores de 30 años. Tiene que decidir si aprueba en pleno 8-M tanto esa medida como el subsidio para mayores de 52 años y los incentivos para contratar parados de larga duración.

España es uno de los países de la UE con mayor número de personas a las que tener trabajo no les permite salir de la pobreza. 

Hacienda prevé recaudar este año 27.569 millones de euros por Sociedades, muy lejos aún de los 44.823 millones que abonaron las empresas en 2007, a pesar de que los beneficios actuales ya superan los de antes de la crisis.

España es el tercer país de la UE con más trabajadores por cuenta propia, el 17,3%. Sus prestaciones están en línea o son superiores en muchos casos a los del resto de la UE. Italia y Portugal no imponen una cuota fija, mientras que Holanda y Alemania no conceden seguro médico. Francia acaba de integrar a sus autoempleados en el régimen general.

La sentencia del Constitucional permitirá pedir que se les rehabilite en su derecho a quienes se les denegó o suspendió la ayuda por exceder el límite de ingresos. 

El Gobierno prepara la unificación de los tres programas de ayudas no contributivas a parados. Pero el diseño no gusta a los sindicatos. CCOO critica que la pérdida de protección puede alcanzar hasta los 42 meses para parados mayores de 45 años con responsabilidades familiares que no han cotizado lo suficiente para acceder a la prestación contributiva. El sindicato cifra en 2.353 millones de euros el excedente actual del sistema y en 1,2 millones de desempleados el número de personas que deberían recibir protección.

Los investigados son los responsables de las mercantiles, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros.

El Gobierno reducirá otro año más el porcentaje que dedica a sanidad, educación y protección social, pese a que Hacienda prevé una recaudación fiscal récord

Las grandes empresas crearon 330.000 empleos, pero sólo aumentaron los salarios un 0,3%, bajando los sueldos de los nuevos contratados. La OCDE señala a España por la desigualdad que han causado los años sucesivos de moderación salarial y la caída de las ayudas públicas a los más pobres.

Activistas explican a infoLibre cómo se gestó la movilización que el jueves sacó a la calle a miles de personas en defensa de unas prestaciones "dignas". Su objetivo es sumar a las protestas a sus hijos y nietos para acabar con el "discurso hegemónico" de que el sistema no es sostenible. 

La Seguridad Social admite “leves demoras” y problemas “puntuales” que “ya ha corregido”, mientras el sindicato CGT le reprocha su “falta de respeto a los perceptores” por no avisarles ni haberles dado explicaciones.

El PP plantea en el Pacto de Toledo ampliar a toda la vida laboral el periodo para calcular la pensión, permitiendo al trabajador que elija los mejores años de cotización y descarte los peores. Los partidos de la oposición apoyan en principio la medida, pero reprochan a Empleo su “oportunismo”.

El Constitucional anula el Programa de Activación para el Empleo por invadir las competencias autonómicas. El pasado mes de julio también declaró inconstitucional las ayudas del Plan Prepara por el mismo motivo.

Millón y medio de personas quedan fuera del sistema de protección pública para el desempleo. El paro de larga duración y el aumento del trabajo precario explican el aumento de quienes no cobran prestaciones.
 

La enmienda Telefónica se diseñó para desincentivar el despido de los trabajadores de más edad, pero la banca y las grandes empresas recurren una y otra vez a las prejubilaciones pese a sus costes.

La falta de personal atasca 4.000 expedientes de Incapacidad Permanente en Madrid y obliga a la Seguridad Social a repartirlos entre sus oficinas del resto de España. 

Una pensionista de Madrid estuvo cobrando 31 años su prestación una vez fallecida con un montante total de 173.170,43 euros defraudados.

El número de quienes superan el millón de dólares de patrimonio crece un 15,7% en el último año y alcanza los 428.000, según Credite Suisse. La renta mínima, para desempleados que lleven más de un año sin trabajar y no cobren prestaciones, tendría un coste de 15.000 millones de euros y aumentaría un punto el déficit.