Caso cursos formación

El arresto de Gonzalo Rodríguez Nevado se enmarca en la 'operación Eduende'.

Entre los implicados se encuentra de nuevo el empresario y exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, quien ya fue detenido el año pasado.

Madrid perdió en 2014 20 millones concedidos por el Gobierno para luchar contra el paro. Ha recortado en un 80% su presupuesto de políticas activas. 

Fuentes de la investigación confirman que se prevén entre 15 y 20 detenciones más de ex altos cargos políticos.

La nueva fase de la operación Edu que investiga el supuesto fraude en los cursos de formación en Andalucía y que arrancó la pasada semana, ha culminado en la provincia de Granada con un total de 34 detenidos, los últimos cinco este mismo lunes.

Estos arrestos son una prolongación de los practicados el pasado mes de febrero en la denominada operación Edu Costa en la que se detuvo a 90 personas en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería.

La segunda fase de la investigación va dirigida contra 90 personas vinculadas a un total de 52 empresas y pretende destapar un fraude de cerca de 3 millones. 

Los centros formativos, que recibieron más de nueve millones de euros en subvenciones, publicaron su oferta de cursos antes de que la resolución del BOPA se hiciera pública y oficial.

La CEOE recibió 9,8 millones de euros en 2010 para el plan de formación intersectorial. Según el Tribunal de Cuentas, la patronal pagó de ese dinero a 38 de sus trabajadores por las “labores de apoyo” al plan que éstos realizaron. Esos gastos se consideran “costes asociados”. Entre estos empleados se encuentran dos directivos, a los que pagaron 90.985 euros y 49.812 euros con cargo a la subvención, respectivamente. En el primer caso, esa cantidad suponía el 34,5% del coste de ese directivo para la CEOE. En el segundo, el 20,8%. Es decir, sus sueldos brutos triplican y quintuplican esas cifras.

El Tribunal de Cuentas ha sometido al sistema público de formación para el empleo a un duro examen, y las entidades que lo gestionan, sindicatos, patronal y administración, a través de la Fundación Tripartita, lo han suspendido.

Teresa Rodríguez espeta a la presidenta de la Junta que haría mejor en no inquietarse por la "posibilidad remota" de que se pueda colar algún corrupto en Podemos.

El Gobierno de Díaz contesta así al requerimiento de la jueza Mercedes Alaya, divulgando el contenido de "más de 4.000 folios", correspondientes a las reuniones de los viceconsejeros, previas a los Consejos de Gobierno. El Ejecutivo andaluz presenta dos recursos contra la actuación de la magistrada en el 'caso ERE' y en el de los cursos de formación.