El Atico Gonzalez

Según su versión, el PP dejó de preocuparse por la difusión del vídeo cuando ya tenían a González sustituido por Cristina Cifuentes.

En el procedimiento de Estepona se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.

Cospedal, Rubalcaba, Granados, el comisario Villarejo, el presidente de La Razón o el contratista público que fue con González a Sudáfrica en un viaje privado pagado en efectivo figuran en la lista. En el documento desvelado por infoLibre figuran algún enemigo y muchos amigos de González y se dibuja cómo operaba la red de relaciones que le ayudó a perpetuarse en el poder pese a los escándalos.

La magistrada solicitó el 15 de julio de 2015 una pericial sobre la grabación que demuestra cómo Ignacio González intentó convencer al excomisario Villarejo de que tapara la investigación. El Servicio de Criminalística respondió este 4 de enero pidiendo a la jueza que aclare si el caso sigue abierto. Si no lo hace, dará "de baja definitiva" la petición de informe.

La Hacienda británica notifica a Justicia el cierre del expediente de auxilio judicial por la falta de respuesta a su solicitud de información sobre una cuenta clave para conocer el origen del dinero. 

La acusación de los extrabajadores de Telemadrid le había reclamado que enviara el caso del dúplex de lujo a la Audiencia Nacional. La jueza rechaza expulsar de la causa a la Asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario Villarejo, que ejerce la acusación popular. 

La Fiscalía malagueña se opone, al igual que la defensa de González y su mujer, porque en la petición formulada por dicho colectivo no se expresa la razón que la justificaría.

Asegura que envió la comisión rogatoria al Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá, que es el interlocutor habitual de España en esta materia, pero que en esta ocasión se les indicó que el órgano competente era la Procuraduría General.

Un nuevo error en la comisión rogatoria reclamada por la jueza Isabel Conejo a Panamá provoca un retraso de más de un año.

Reino Unido solicitó datos de la cuenta bancaria que la Justicia española le pidió investigar para conocer el origen de los fondos usados en el pago de la comunidad de propietarios del ático de Ignacio González. La Policía no ha podido conseguirlos porque Banco Popular asegura que no dispone de ellos.

La Asociación Transparencia y Justicia, vinculada al comisario Villarejo, cree que los agentes de la Guardia Civil en el caso Lezo podrán "contrastar, ampliar o complementar" su investigación gracias al contenido de las dos notas policiales.
 

El letrado Javier Carnerero sostiene que el dúplex de lujo podría ser el pago de cualquiera de los negocios que ha destapado el juez Eloy Velasco.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que está imputado en el caso del ático de Ignacio González, ha presentado un escrito en el Juzgado de Estepona en el que rechaza que este procedimiento lo asuma en la Audiencia Nacional el juez Eloy Velasco, que instruye la denominada operación Lezo.

El representante legal de González en el caso del ático también se opone al "intercambio de información entre ambos Juzgados", por lo menos hasta que se levante el secreto de las actuaciones "y pueda advertirse la conexidad".

Mercedes Arce y Carmen Ochoa, vecinas del barrio de Chamberí; la exdiputada autonómica de IU Reyes Montiel; el policía y sindicalista José Manuel Manuel Sánchez Fornet o trabajadores despedidos de Telemadrid. Todos ellos son ciudadanos que plantaron cara ante los abusos del ahora encarcelado.

Cuatro años después de que la jueza de Estepona reclamara los primeros datos a las autoridades de Estados Unidos, Reino Unido y Panamá sobre los verdaderos compradores del ático de lujo que ahora es propiedad del expresidente madrileño, los continuos errores en las peticiones de información impiden saber si el testaferro adquirió desde el primer momento el dúplex para el matrimonio González-Cavero.

Las grabaciones muestran que el ministro de Justicia dio ánimos a Ignacio González, imputado en el caso del ático, y el expresidente madrileño habló con el exministro Zaplana sobre sus intenciones de cambiar a la jueza y de reunirse con el fiscal. 

El abogado Javier Carnerero reclama a la instructora que solicite todas las grabaciones, SMS y comunicaciones de la Operación Lezo en las que se aluda al dúplex de lujo o a Enrique Cerezo.

El expresidente de la región ya estaba imputado por el caso del ático de Estepona.

La Policía señala que no le constan entradas en España del presunto testaferro Rudy Valner, pero carece de datos del Espacio Schengen.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona, Isabel Conejo Barranco, ha accedido a la petición de la Policía Judicial y ha ordenado que se envíe una comisión rogatoria a Estados Unidos para solicitar a las autoridades de este país la documentación sobre los movimientos bancarios de la sociedad Coast Investors, que fue la que adquirió en un primer momento el ático de lujo que poco después alquiló el expresidente madrileño Ignacio González.

Un nuevo informe destaca que “se aprecian suficientes irregularidades y lagunas de información en todo el proceso que envuelve las sucesivas compraventas y arrendamientos del inmueble”.

En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho.

Respalda la decisión de la jueza de "esclarecer cómo se produce el alquiler y la posterior venta del bien inmueble, y para ello es necesario conocer la capacidad económica de los investigados".

El Comité de Derechos y Garantías del PP abrió un expediente informativo al expresidente madrileño el pasado 11 de marzo, pero de momento ni siquiera le ha llamado a declarar.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha enviado un escrito a la jueza que investiga la compra de su ático de lujo en el que culpa al comisario Villarejo, al SUP y a la prensa de provocar su “destrucción profesional y política”.

Se opone al recurso interpuesto por el representante legal de Ignacio González y de su mujer, Lourdes Cavero, en el que rechazaban que se realizara "una averiguación patrimonial", que llegaron a calificar de "indiscriminada".