Son ciertamente compañías que se enriquecen comerciando con algo de enorme valor humano como es la salud de las personas. Y hay pruebas de que en ocasiones andan escasas de los melindres morales necesarios para mantener el balance justo entre medios y fines.
El acaparamiento de vacunas en los Estados ricos moviliza a los emergentes, que reclaman medidas extraordinarias rechazadas por la industria. Organizaciones de Derechos Humanos alertan de los riesgos de confiar en la "buena voluntad" de las farmacéuticas y en las donaciones desinteresadas.
El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha afirmado que los test estarán "disponibles en los próximos días" en las farmacias.
Quienes combaten la pandemia en primera línea y quienes tienen más riesgos de sufrir las peores consecuencias de la enfermedad serán previsiblemente los primeros en inmunizarse. Sanidad prevé que llegarán a España 20 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, lo que serviría para inmunizar a 10 millones de personas.
Las farmacias defienden su capacidad para realizar las pruebas de antígenos y aseguran que una orden del Ministerio de Sanidad bastaría para permitírselo y descongestionar, así, la atención primaria desbordada.
Bruselas coordinará desde principios de agosto la distribución de este medicamento entre los países del bloque y Reino Unido sobre la base de una clave de reparto "justa".
La Ley de Patentes en España permite romper un monopolio e imponer "licencias obligatorias" por "salud pública", algo que reclaman Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo.
Muchas son el único centro sanitario de referencia y sus farmacéuticos conjugan una "labor asistencial y labor social imprescindible".
www.infolibre.es ISSN 2445-1592