Gasto Sanitario

Hasta la llegada de la pandemia, las dos comunidades estaban lejos de recuperar posiciones en el ranking de PIB por habitante en Europa, pero Euskadi había sabido resistir mejor en términos de empleo sin perder posiciones en indicadores como el gasto sanitario.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha gastado 32 millones en comprar 14 millones de mascarillas FFP2 para los ciudadanos: cada unidad ha costado alrededor de 2,28 euros.

El presupuesto del primer nivel asistencial sigue estando un 11,6% por debajo respecto a 2009, mientras que el dedicado a la prevención ha caído un 34,7%.

El PSOE confía en que, después de siete meses de parálisis y de discusiones territoriales, el debate presupuestario le dé la oportunidad de contrastar su modelo de modernización de la estructura productiva y de redistribución de la riqueza con la política de adelgazamiento del gasto público y del Estado de bienestar que promueve el PP con el apoyo de Ciudadanos.

La cifra total asciende a 50.000 millones de dólares, según un estudio del Banco Mundial. 

Denuncia el "uso indebido" del Fondo de Reserva de las pensiones al utilizarse para pagar las tarifas planas de cotizaciones. El sindicato alerta también del "agotamiento" del sistema de prestaciones de desempleo.

Un informe realizado en menores transexuales confirma que el suministro del tratamiento que bloquea el desarrollo de la pubertad les facilita su inmersión social.

La Coordinadora Estatal de Plataformas de la Ley de la Dependencia subraya que las personas que permanecen durante años en la lista de espera, llegan "a fallecer en un elevado porcentaje de los casos". Critican además los "salvajes recortes y copagos" y la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras.

En abril de 2008 la Consejería de Sanidad aprobó una nueva estructura que se llevó por delante a la Dirección General de Salud Pública y al Instituto de Salud Pública. Entre sus funciones estaba la del control de las epidemias. Los médicos ya denunciaron el grave error que suponía eliminar organismos que habían desempeñado un papel clave crisis como la de las vacas locas.

Profesionales sanitarios y pacientes se han dado cita este domingo en las calles de Madrid para apoyar la vigésimo tercera 'Marea Blanca', que ha focalizado su protesta contra el Real Decreto Ley 16/2012 .

Los hogares redujeron su gasto especialmente en hoteles, cafés y restaurantes (-8,5%); en ocio, espectáculos y cultura (-8%), y en bebidas alcohólicas y tabaco (-7,8%).

La delegada de Economía del ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, asegura que está actuando con "diligencia" para reclamar la devolución de este importe.

Doce meses después de que se anunciara el mayor proceso privatizador de la sanidad española, casi todas las medidas anunciadas no se han llegado a poner en marcha. Los trabajadores del sector sanitario, que han mantenido una actitud combativa contra este proceso, se dicen satisfechos por el éxito de su movilización. 

Los Presupuestos de la Comunidad para 2014 recogen la cesión a manos privadas de seis hospitales aunque esta se encuentra paralizada en los tribunales. El pasado 11 de septiembre el TSJM suspendió de forma cautelar este proceso tras un recurso de la asociación de facultativos AFEM. 

El Gobierno presenta los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y el país despide un poco más al Estado de Bienestar que nunca acabó de construir. La viga maestra de los presupuestos descansa en la contención del gasto público. Ese gasto creció en 2012 hasta el 48% del PIB, 1,3 puntos por debajo de la media de la UE y dos puntos por debajo de la media de la zona euro. 

Trabajadores de los hospitales madrileños en los que ha entrado el capital privado critican el "oscurantismo" con el que Madrid ha dirigido el mayor proceso privatizador de la sanidad española. Creen que la fractura en los equipos que provocará el cese de empleados temporales y los traslados de fijos acabará por perjudicar la calidad asistencial. 

Los pliegos de condiciones para el futuro concurso fijan en hasta 518 euros por habitante lo que el Gobierno regional pagará a las empresas concesionarias. El consejero de Sanidad aseguró durante meses que el coste sería de 441 euros tras la privatización.