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Más de 18.000 millones de euros presupuestados para invertir en investigación científica entre 2011 y 2017 se quedaron sin gastar por la estrategia de dar más peso al crédito que a la subvención.
La precariedad de la que adolece la I+D española, que lleva a los científicos a encadenar contratos temporales durante largos períodos, explica las demandas judiciales.
Los científicos critican la congelación de los recursos para investigación y recuerdan que el sistema acumula un recorte de 20.000 millones desde 2009.
La comunidad científica espera la formación del nuevo Parlamento con ansia, cautela y escepticismo. Y pide un pacto de Estado por la ciencia que blinde el I+D+i ante posibles cambios de gobierno.
España retrocede tres puestos desde 2010 en el 'ranking' de I+D en la UE y se sitúa en el número 19, por detrás de países como Malta, Chipre o Estonia, según un informe de la Comisión Europea. La asfixia presupuestaria –el recorte es del 37% desde 2009– merma la investigación básica, indispensable para que haya innovación, y favorece la fuga de cerebros.
Los investigadores consideran que esta partida es la demostración de la situación "límite" que vive el CSIC. Denuncian que este presupuesto sólo servirá para llegar a fin de año y que algunos de los centros hubieran cerrado a final de mes sin este "balón de oxígeno". Reclaman la creación de una Agencia Estatal para evitar "el turnismo político y ser independientes".
Cerca de 2.000 personas han protestado por la sangría de recortes ciencia e investigación. "El Gobierno no cree en un modelo basado en la I+D+i, pero lo más preocupante es que los otros partidos políticos tampoco", dice un investigador.
Asegura que el Ministerio de Economía está estudiando esta "pérdida de talento" para saber "qué tamaño y envergadura" tiene. Desde su llegada al Gobierno, el PP ha recortado un 45% los presupuestos públicos dedicados a la investigación según los cálculos realizados por las organizaciones que representan a los científicos españoles.
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