Medicos

El ginecólogo Ignacio Villa Elizaga declara como imputado por la supuesta muerte de Beatriz Soriano, uno de esos cinco bebés. Desde febrero del año pasado 735 personas se han dado de alta en la base de datos de Justicia para intentar propiciar reencuentros. 

En 2012 murieron en España 731 personas a causa de este virus, pero el nuevo tratamiento que lo cura sólo llegará a los pacientes más graves por su precio. "No hay que esperar para tratar a un enfermo a que tenga riesgo de muerte tan importante", dice un hepatólogo. 

El hombre, de 50 años de edad, murió aguardando por una cirugía cardiaca "pese al grave riesgo que corría su vida y el largo tiempo de espera".

Cataluña, Navarra, La Rioja y Murcia son las autonomías que, en porcentaje, tienen una sanidad privada más desarrollada. La mitad de las clínicas privadas de todo el país tiene conciertos con las diferentes administraciones autonómicas. 

La organización lanza la campaña Sanichollo para denunciar la reforma sanitaria que llevó acabo el Gobierno en 2012, con la que "cientos de miles de personas se han quedado sin acceso a la sanidad pública".

El juzgado dice que la denuncia de 15 médicos de La Paz "presenta las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". 

Tras paralizar la privatización de seis hospitales, el movimiento en defensa de la sanidad pública se apunta otro tanto con la curación de la técnico sanitaria. Su recuperación ha puesto sobre la mesa la profesionalidad de los sanitarios españoles y cómo lo recortes presupuestarios tienen consecuencias en la calidad asistencial. 

El facultativo que atendió en el Hospital de Alcorcón a la auxiliar de enfermería contagiada por ébola denuncia graves fallos en el protocolo durante las 16 horas que la asistió.

El hospital Carlos III de Madrid está preparado para acoger en las próximas horas al religioso español Miguel Pajares. ¿Cómo será tratado el sacerdote? ¿Estamos ante una epidemia fuera de control? ¿Qué sabemos de esta enfermedad?

En una veintena de centros de salud de la comunidad han aparecido carteles en los que facultativos trasladan a los pacientes su decisión. 

La justicia de Gallardón no es igual para todos. Psiquiatras, psicólogos y familiares de enfermos mentales advierten que la reforma del Código Penal es “discriminatoria y excluyente” respecto a las personas que padecen un trastorno mental o una discapacidad intelectual.