Privatizaciones

La élite política de los técnicos economistas del Estado asistió a la reunión. El presidente de Cesce, Álvaro Rengifo, cedió la planta sexta del edificio para la comida, a la que también acudió el primer presidente de la empresa pública con el PP, Álvaro Bustamante.

La abogada Liliana Pineda y el editor Jesús Navas charlan con infoLibre sobre el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II, una obra que repasa todos los tejemanejes de la trama corrupta desarticulada tras la operación Lezo.

Los sistemas de cuentas individuales son más caros, no reducen los problemas financieros y trasladan todo el riesgo a los pensionistas, según la Organización Internacional del Trabajo. 

El Estado se queda así con el 60,63% de las participaciones en el banco, en el que inyectó más de 20.000 millones de capital público en 2012.

Ha vuelto a defender el rescate a la entidad, del que asegura que buscarán recuperar la mayor cantidad posible, y ha insistido en que la intervención de Bankia se hizo para "proteger a los depositantes".

La dimisión de Vargas fue anunciada públicamente el pasado 26 de septiembre esgrimiendo "motivos personales", después de que el Gobierno hubiera rechazado en diversas ocasiones avanzar en la privatización de la empresa.

El dimitido presidente de AENA devolvió al gestor aeroportuario a los beneficios y peleó para que el Estado redujera su control sobre la compañía.

El ministerio licita en agosto un contrato de 15,2 millones de euros para desarrollar e implantar el nuevo sistema informático.

El conflicto laboral en el aeropuerto de El Prat pone sobre la mesa la dispar situación que viven los actores relacionados con Aena: mientras los trabajadores de las empresas privadas de los 47 aeródromos de su red a las que tiene encomendada la seguridad denuncian sueldos mileuristas, el valor de la compañía se ha disparado desde la salida a Bolsa.

Tragsatec despidió a 14 trabajadores aduciendo el fin de un contrato con la Generalitat que sigue ejecutando

La donación de 320 millones del dueño de Inditex para comprar equipamiento tecnológico contra el cáncer genera opiniones encontradas. Mientras que los defensores sostienen que todo recurso es poco, los críticos creen que sienta un mal precedente.

El Ejecutivo desecha el informe CORA, que en 2012 quería convertir la imprenta del BOE en la imprenta única de toda la Administración, y empieza a encargar publicaciones a empresas privadas.

La empresa pública Tragsa da por concluido un servicio a la Generalitat valenciana tras prestarlo  durante tres meses por “inercia legal” y pese a que, según dice, carecía de prórroga o amparo jurídico.

Ribera Salud, que asegura cumplir "las obligaciones de los contratos de financiación", se ha servido de créditos públicos para su expansión. 

El 80% de la plantilla de la Seguridad Social tiene más de 50 años, 20 puntos por encima de la media del resto de la Administración.