Mafia y corrupción política, los detenidos por el crimen de la edil Marielle Franco en Brasil empiezan a tirar de la manta

A primera hora de la lluviosa mañana de este pasado domingo, la policía federal de Río puso en marcha la “Murder Inc”, el esperado desenlace de la investigación sobre el asesinato en 2018 de Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro y activista política de izquierdas en pleno auge.

Para evitar filtraciones, a los agentes sobre el terreno sólo se les da información parcial sobre sus objetivos porque, dado el pedigrí de los tres principales sospechosos, las precauciones parecen justificadas. Se trata de un diputado federal, Chiquinho Brazão (União Brasil), y de su hermano Domingos, que en su día fue procesado por asesinato o acusado de compra de votos y ahora es asesor del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro. Apodados "los Rapetou" en la década de 1980, los dos hermanos son políticos influyentes vinculados a las milicias mafiosas paramilitares que dominan gran parte de Río.

La operación tiene como objetivo también a Rivaldo Barbosa, jefe de la policía local en su época y responsable del caso, que había participado en la preparación del ataque y trató de obstaculizar la investigación, garantizando la impunidad a los dos hermanos instigadores del asesinato.

Un shock para la familia Franco. "Es una tristeza enorme ver su nombre en medio de todo este fango", declaró Marinete, la madre de Marielle, a un medio local, asegurando que su hija conocía al policía, con el que ya había trabajado. "Además de confiar en él, le había permitido ir a una favela después de una masacre, garantizando su integridad física". El hombre, que fue de los primeros en reunirse con la familia tras la tragedia, les había asegurado que la resolución del crimen sería para él "una cuestión de honor".

Una investigación sobre la investigación

En realidad, la investigación ha sido caótica, con graves errores, manipulaciones, interferencias externas y falta de cooperación entre las autoridades locales y federales. Las pistas recogidas fueron inservibles, se perdieron las grabaciones de las cámaras de vigilancia y una prometedora pista anónima fue ignorada.

Dos meses después del asesinato, el 14 de marzo de 2018, un falso testigo controlado por un agente de policía próximo a la familia Brazão acusó de haber perpetrado el crimen a otro miliciano, Orlando Curicica, y a un concejal rival. Los verdaderos instigadores esperaban así reducir la presión pública en torno al esclarecimiento del asesinato de una figura política en ascenso, en aquel momento una de las pocas mujeres políticas negras de las favelas y activista de la causa LGTBIQ+.

Pero una vez en prisión, Orlando se negó a pagar los platos rotos con su silencio y relató al tribunal con todo detalle la corrupción generalizada dentro de la policía civil. Se inició entonces una investigación sobre la investigación y se llevaron a cabo registros en el domicilio del policía que había aportado el falso testigo. En febrero de 2019, Domingos se convirtió en uno de los principales sospechosos.

Sin ser nunca realmente interrogado, niega invariablemente su implicación. Su abogado continuó en la misma línea el domingo, afirmando que su cliente "no conocía a Marielle y no tenía ninguna relación con ella. Estoy absolutamente seguro de que es inocente". Ni el gobierno local ni, mucho menos, el federal, entonces dirigido por Jair Bolsonaro, cercano desde hacía tiempo a figuras vinculadas a las milicias, parecían querer encontrar a los culpables.

Todo cambió a principios de 2023, cuando la policía federal abrió una nueva investigación, un mes después de la toma de posesión de Lula da Silva. Para resolver los problemas jurisdiccionales que habían parasitado la investigación en el pasado, su ministro de Justicia permitió que las investigaciones continuaran a nivel local, al tiempo que autorizaba a la policía federal a hacerse cargo de parte del caso, con un equipo dedicado en exclusiva a ello. Se practicaron nuevas detenciones, y los dos ex policías acusados de formar el equipo de asesinos aceptaron cooperar con las autoridades judiciales. Primero, el conductor Elcio de Queiroz, y después Ronnie Lessa, el que apretó el gatillo.

"Cabreado por la actuación de Marielle"

El móvil del asesinato aún no está claro, pero la pista preferida sigue siendo su oposición a la expansión inmobiliaria de las milicias. La oposición de Marielle Franco impidió la compra de un terreno especialmente codiciado por Domingos Brazão. Según la información facilitada por Ronnie Lessa, este hecho desató la ira del político, que se mostró "cabreado por la actuación de Marielle".

El asesino también reveló que un infiltrado dentro del Psol (Partido Socialismo y Libertad) había informado a los milicianos de las acciones de la concejala, que podían llegar a bloquear una ley destinada a facilitar la apropiación de terrenos públicos.

Como señala José Cláudio Souza Alves, sociólogo de la Universidad Federal Rural que estudia las milicias desde hace un cuarto de siglo, "la tierra es la base de la estructura miliciana. Es la primera fuente de ingresos, que conduce a todas las demás: ventas, construcción de edificios, gestión de residuos, impuestos sobre todos los servicios imaginables, etc. Controlar la tierra es el principio de todo.” También es un medio de pago, pues el equipo de asesinos debería haber recibido un terreno a cambio de la ejecución de la mujer.

Tras seis años y diez días de repeticiones diarias de "quién mató a Marielle Franco" y  luego "quién mandó matar a Marielle Franco", su familia espera por fin algunas respuestas definitivas. Anielle Franco, su hermana y actual ministra de Igualdad Racial, ha declarado: "Sólo Dios sabe cuánto hemos soñado con este día [...]. Estamos más cerca de la justicia".

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Este salto adelante en la investigación es también una victoria para el presidente Lula, que había hecho de la conclusión de esta investigación una promesa electoral. Su nuevo ministro de Justicia espera incluso que "se resuelvan otros casos a partir de éste". Aún quedan muchas revelaciones por hacer sobre las turbias y profundas relaciones entre la política, la policía y el crimen organizado en Río de Janeiro.

Pese a ello, José Cláudio Souza Alves teme que las milicias no sean desarticuladas a corto plazo. "Estas detenciones son una batalla ganada en una guerra mucho más compleja. Está bien que las autoridades hayan cumplido con su deber resolviendo este asesinato, lo que es raro. Pero dista mucho de ser suficiente dada la magnitud del problema". 

Traducción de Miguel López