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600 años de privilegios

José Enrique Centén Martín Publicada 16/10/2013 a las 20:05 Actualizada 16/10/2013 a las 20:06    
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El mejor lobby de la historia sin dudarlo es, la Iglesia Católica, se inicia con la desaparición del Imperio Romano con Teodosio I (casualidad de la vida, nació en Hispania) cuando el 27 de febrero del año 380 declaró el cristianismo única religión imperial legítima. Prohíbe los Juegos Olímpicos por paganos en el 393 influenciado por el obispo de Milán, Ambrosio (340-395), primer cristiano en conseguir que se reconociera el poder de la Iglesia por encima del Estado demostrando así su autoridad frente al emperador, y poco a poco la Iglesia influenció en todos los reinos que surgieron tras la caída del Imperio debido a su única virtud, la paciencia.


España no quedó al margen, desde el Concilio de Constanza siendo rey Juan II se firma el primer Concordato entre el rey y la Iglesia Católica en 1418, siendo varias veces renovado y mejorado a su favor a lo largo del tiempo, en 1737 con Felipe V, 1753 con Fernando VI, mejorado con Carlos III y Carlos IV, en 1814 con Fernando VII y con Isabel II en 1851. Se abolió entre 1931 y 1939 por la laicidad de la II República, nuevamente renovado con la dictadura franquista en 1939 debido al apoyo recibido por la jerarquía eclesiástica, siendo revisado continuamente para mejorarlo en 1941, 1946, 1950, 1953, 1976 y en 1979 con la nueva Constitución de 1978, un insulto a la aconfesionalidad del Estado a su artículo 16.3 donde dice:


Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.


Este lobby introducido en todos los estamentos políticos desde la antigüedad, con miembros en la mayoría de los partidos políticos a los que recuerda en algunas ocasiones la pena de excomunión por la aprobación de determinadas leyes escudándose en su dogma, pero en realidad es evitar la merma de sus bienes económicos y privilegios. Según la Constitución, el Estado no puede intervenir en el ámbito de las confesiones y las confesiones no pueden interferir en el ámbito estatal. El España el Estado es fiel cumplidor en su no intervención en el ámbito religiosa, pero la confesión católica está continuamente presionando para abolir o penalizar prácticas por el mero hecho de considerarlas herejes (dogmas u opinión diferente a la ortodoxia de su religión), entrometiéndose en áreas que debería de competir únicamente al Estado. Incluso abortando la revisión de los enormes privilegios sociales, fiscales, políticos y administrativos que esta iglesia posee desde 1418, con su legión de acólitos en todos los estamentos de la nación chantajea al Estado aconfesional para anular Leyes en contra al interés de la Iglesia, incluso contraviniendo dogmas eclesiásticos como son los pecados capitales y sociales:


Sin tapujos reclaman al Gobierno del presidente Rajoy medidas en el ámbito social y cultural. “Acuerdos contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia Católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc., sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”. Se oponen a la separación y el divorcio, pero tiene el Tribunal de Rota donde únicamente acceden personas por un módico precio superior a seis cifras.


Exige la penalización del aborto, aun en peligro de la madre o malformación del feto, entrometiéndose en la libertad personal e individual de la mujer un organismo regido exclusivamente de hombres, mientras calla en los recortes para ayudas a las familias en guarderías sociales y la dependencia en general.


Están contra investigación con células madre embrionarias. Aunque represente un avance para salvar vidas.


Impone la asignatura de religión (católica) en la enseñanza y la elección o destitución de los maestros de religión (sin tener título oficial de maestros), pagados por el Estado. Callan por las restricciones en la enseñanza pública, porque controlan la mayoría de las escuelas privadas y subvencionadas.


Imponen 10 de los 14 días festivos del calendario español. Y en los últimos 10 años ha conseguido apropiarse, por el sistema de inmatriculaciones, más de 4.500 propiedades públicas, entre ellas la Mezquita de Córdoba, con la complicidad de los poderes públicos de este soterrado lobby en la mayoría de los partidos políticos, propiedades que ha engrosado los más de 100.000 inmuebles que poseen en España exentos del IBI al igual que los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos públicos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países y las estaciones de ferrocarril. Sin contar las exenciones de impuestos de que goza la jerarquía católica en sus miles de propiedades rústicas y urbanas, al margen de los incontrolados ingresos por la venta de entradas en visitas a sus catedrales y centros religiosos restaurados con dinero público. La hipocresía de la Iglesia Católica se demuestra desde hace seis siglos al incumplir de uno de los 7 pecados capitales recopilados y clasificados por Gregorio Magno (540-604).XX La avaricia: “el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas”.


Y en uno de los cinco pecados sociales promulgados por Benedicto XVI el 17 de marzo del 2008, “no te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común”.


Es necesario proclamar la laicidad del Estado como si fuese una nueva Reconquista, en este caso para la abolición de los privilegios de la Iglesia Católica desde hace 600 años. Eliminar la influencia religiosa donde los laicos diseñen, ordenen y apliquen las leyes, usos y costumbres de una sociedad, dejando a los clérigos solo el ámbito de sus organizaciones religiosas y cumplan con su ortodoxia y no caigan en otro de los pecados sociales proclamados por Benedicto XVI, “no provocarás la injusticia social”.


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