Qué es la democracia sin la iniciativa ciudadana

Recibo un correo de la organización Change.org que resume algunos de los éxitos logrados a través de recogidas de firmas a favor o en contra de ciertos hechos que habrían pasado desapercibidos en nuestra sociedad democrática. La iniciativa personal de algunos miembros de la ciudadanía ha encontrado el respaldo del clic favorable de cientos de miles de firmas de internautas que han contribuido a que instituciones públicas y privadas realizaran o se abstuvieran de llevar adelante acciones loables o repugnantes para la sensibilidad de los impulsores de estas campañas que movilizan a la sociedad por este método vía internet. Este sistema sólo lo puede disfrutar el tanto por ciento de españoles internautas, dejando fuera a gran número de conciudadanos ajenos a la Red.

Millones de ciudadanos han logrado que sean llevadas adelante o detenidas actuaciones permitidas por la ley, pero contrarias al sentir mayoritario del pueblo. Una forma de democracia directa que no existe en la realidad institucional, que excluye la participación de la ciudadanía en el desarrollo de la vida colectiva.

Sin este modelo de participación directa de la población, el Ayuntamiento de Cubelles (Barcelona) no habría restablecido la vigilancia de un parque natural, el Gobierno no habría concedido las ayudas pendientes para los contratos Formación de Personal Investigador y los Premios Nacionales de Fin de Carrera del curso 2011-2012, los Servicios Sociales no habrían mediado para conseguir el traslado de un hijo, interno en un centro para personas con necesidades especiales, a la ciudad de residencia de su madre; los trabajadores de los servicios sociales de la zona de de L'Horta Nord proseguirían después de tres años de retrasos sin cobrar de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Toledo seguiría ignorando, tras 20 años de reivindicación, el deseo de los toledanos aficionados de que se instale una pista de Hockey hierba en la ciudad; el Ayuntamiento de Barcelona seguiría sin comprometerse a instalar un ascensor en la parada de metro de la Universidad, y un muy amplio y relevante etc.

Al parecer no existe en España un partido, por molón y rompedor que se pretenda, interesado en compartir con la ciudadanía, la capacidad de decisiónmolón que corresponde por derecho al pueblo y que los gobiernos hasta hoy conocidos usufructúan en exclusiva. Estableciendo las condiciones que la tecnología hoy hace posible, se reduciría el área de intervención de los partidos incrementando la democracia directa en manos del pueblo, del electorado.

La necesidad de las listas abiertas que los partidos deberían proponer al electorado es más patente si cabe en las próximas elecciones municipales y autonómicas por la cercanía de las autoridades a elegir. Si los partidos ofrecieran listas con un 20% de candidatos que el elector pudiera tachar, ya sería un notable avance en la participación popular.

La confianza en los gobernantes de los municipios es una cuestión de crédito personal, pues es frecuente que los ciudadanos encontremos el gobierno ideal para multitud de pueblos y ciudades, integrado por personas conocidas y solventes que se presentan en listas de diferentes partidos, que recibirían el apoyo mayoritario del censo de votantes antes que las siglas bajo las que se presentan. Es preferible que sea el votante quien insinúe futuras coaliciones postelectorales desde su voto, que no los partidos, en función del reparto de fuerza que las elecciones diseñan, sorprendan al electorado con acuerdos después de las urnas. Al pueblo se le ofrecen dos alternativas. Si te gusta, bien. Y si no te gusta, bien.

Es evidente que este sistema de listas abiertas en el cual el votante personaliza su voto tachando de las diferentes listas que proponen los partidos a las personas que no quieren ver en el gobierno de su municipio, eligiendo por tanto a quienes, figurando en las listas de cualquier formación, merecen su confianza y por tanto restando parte del residuo de poder caciquil que aún perdura en los partidos españoles, dueños y señores, hasta hoy, de la elaboración de los listados de adhesiones inquebrantables al barón que las elabora.

Un ejemplo. Si un ciudadano de Madrid quisiera ver en el gobierno municipal a Carmena (Podemos y otros) y Carmona (PSOE), porque considerase que la valía de estos candidatos tiene algo importante que aportar al futuro de la ciudad trabajando conjuntamente y sumando sus capacidades y recursos morales e intelectuales, los partidos de los que proceden sus candidaturas pondrían el grito en el cielo al ver que “sus candidatos” se les escapan al tener que responder políticamente ante el pueblo en lugar de ante el comité del partido que incluye o veta los nombres en las listas. Son los partidos quienes decidirán si hay o no coalición. El pueblo a callar. ¿Debe primar el interés del ciudadano? ¿Debemos dar prioridad al interés de los partidos?

Mi opinión es clara en considerar el interés del ciudadano por encima del de los partidos. Es más me resulta muy sospechoso el hecho de que los partidos defiendan intereses que se oponen y desafían al del ciudadano.

Está bien que los partidos políticos propongan listas abiertas que los electores puedan caracterizar tachando un número de candidatos que no se ajusten a sus criterios. Pero qué inconveniente habría para que el ciudadano pueda incluir en su voto candidatos de diferentes listas, respetando el número de parlamentarios o concejales de su sufragio. Estaríamos ante el voto entreverado. Pongamos por ejemplo que el número de candidatos a cubrir en cada voto fuera de cien y que un ciudadano descabalgue a veinticinco de la lista de un partido, incluyendo a quince de la lista de otro de los partidos contendientes y a diez más procedentes de otras listas. El cómputo total de las papeletas arrojaría el saldo de los cien candidatos presentados por los partidos. Los que han recibido más apoyos, al igual que en la actualidad, establecerían el juego de mayorías, absolutas o no, alzándose con la alcaldía o presidencia del gobierno la candidatura más votada o la que fuesen capaces de acordar. La consecuencia directa es que el ciudadano al emitir su voto no se ve obligado a alinearse al cien por cien con un solo partido, puede modular la adscripción de su voto corrigiendo la propuesta partidista que se le hace desde el comité que elabora las listas desde cada formación política.

Conclusión: más poder para el elector, menos para el partido; más motivación para que los candidatos respondan ante quienes les votan que ante quien les incluye en la lista, incremento del interés de los partidos en seleccionar a los mejores en las listas.

Pero no quieren. ¡Quiénes se han creído que son!

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre