Economía tarda 10 meses en ajustar a la ley el sueldo de la directora del CNIO

La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, siguió cobrando durante 10 meses por encima del tope fijado por la ley, que en marzo de 2012 había limitado las retribuciones de los directivos de las empresas públicas. El decreto 451/2012 establecía el 13 de abril como fecha tope para adaptar los contratos firmados antes de su entrada en vigor. Sin embargo, el ajuste no se produjo hasta el pasado 15 de febrero. 

Hasta entonces, la remuneración de la investigadora sumaba 195.570 euros anuales, de los que 135.570 procedían de fondos públicos y 60.000 de fondos privados. El decreto de 5 de marzo determina un tope de 105.000 euros como retribución básica máxima.

Blasco también siguió percibiendo hasta febrero, según fuentes del Ministerio de Economía, 36.000 euros anuales de la empresa Life Length, de la que es cofundadora y que se dedica a explotar comercialmente la técnica de medición de telómeros que ella desarrolló en el CNIO.

Precisamente un informe del citado departamento, elaborado por una inspectora de Servicios de Economía y Hacienda e incluido en el Plan de Actuaciones de la Inspección General, expresaba el pasado mes de agosto sus “dudas sobre la compatibilidad” del cargo de directora del centro, una fundación pública, con el de asesora científica de Life Length, por el que cobraba la citada cantidad anual más IVA. También instaba a adaptar los sueldos de María Blasco y del resto de los directivos del centro que sobrepasaban los límites fijados en el decreto.

"Con toda celeridad"

Según ese documento, en agosto Blasco cobraba 120.000 euros al año por su contrato –más 570 euros en concepto de antigüedad–, así como 36.000 por su asesoría a Life Length, 24.000 euros como complemento del proyecto Contrato Fundación Marcelino Botín, 11.600 euros de complemento retributivo por otro proyecto del Ministerio de Ciencia y una gratificación con cargo a los remanentes generados en su grupo de investigación, que ascendía a 3.400 euros.

Fuentes de Economía explican que se le ha rebajado el salario un 25% para ajustarlo al decreto. Y que el motivo del retraso no es otro que el tiempo “normal” que requiere efectuar “con toda celeridad” los trámites necesarios: “Cambios estatutarios, cambios contractuales, aprobación por la comisión delegada…”. De ahí que, añaden las fuentes, Blasco no tendrá que devolver el dinero cobrado de más durante 10 meses.

El informe de Economía señala también que las dudas sobre quiénes podían considerarse directivos, y quiénes no, habían paralizado hasta ese momento en el CNIO la adaptación de los contratos al decreto. El centro, asegura el documento, ni siquiera había recibido entonces los nuevos modelos de contrato aprobados por el Ministerio de Hacienda.

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Life Length, en la que participa la Fundación Botín, fue fundada en 2010, antes de que la investigadora alicantina fuera nombrada directora del CNIO, en junio de 2011. Se trata de una spin off, una práctica habitual con la que se licencia una tecnología para que la empresa la explote comercialmente. De hecho, realiza los análisis de sangre con los que se miden los telómeros –los extremos de los cromosomas, que revelan el grado de envejecimiento del organismo– y que son la base de los programas de rejuvenecimiento  ofrecidos por un resort de lujo en Altea (Alicante), Sha Wellness Clinic, a clientes como la jequesa de Catar o la esposa del primer ministro ruso, Dimitri Medvédev.

A cambio de pagar al CNIO el 15% de sus ventas, Life Length tiene la licencia exclusiva mundial durante 30 años para desarrollar la patente y el know how de la medición de los telómeros. De acuerdo con el contrato que firmaron ambas partes, el CNIO debe suministrar a la empresa asistencia técnica, dejarle utilizar todo tipo de medios materiales, formar a su personal e incluso proveerle de apoyo informático.

Según el contrato entre Life Length y el CNIO, la empresa tiene un periodo de carencia de dos años –terminó el pasado mes de octubre– en el que no debe pagarle nada por los ingresos que consiga. Las últimas cuentas enviadas al Registro Mercantil revelan una facturación en 2011 de 221.780 euros. Y unas pérdidas de 256.751. El 15% antes citado sólo deberá abonárselo al CNIO cuando supere el millón de euros en ventas.