Industria busca un chivo expiatorio en el escándalo del almacén de gas Castor

El castor es un animal conocido por su habilidad para construir diques y presas en ríos y arroyos. En España, Castor es el nombre de un almacén de gas subterráneo, controlado por la constructora ACS y situado a 21 kilómetros de las costas de Castellón. Es también sinónimo de chapuza y de preguntas a la busca de repuesta. Entre otras, quién "apadrinó" el proyecto (aprobado en mayo de 2008,un mes después de que el ministro socialista Miguel Sebastián asumiera la cartera de Industria) y por qué las cláusulas de la concesión de Castor no se dan en ningun proyecto similar.

El proyecto se paralizó el 26 de septiembre tras registrarse en la zona más de 500 movimientos sísmicos de pequeña y mediana intensidad (hasta 4,6 grados en la escala Richter) que los especialistas atribuyen a las inyecciones de gas natural en la cavidad subterránea.

Industria busca responsables y ha encargado una auditoría técnica y económica del proyecto, así como informes a expertos geólogos sobre los terremotos registrados. "No hay plazo para la finalización de las auditorías" señaló la portavoz de Industria. La misma fuente recalcó que el ministro José Manuel Soria ya explicó públicamente que la tramitación del proyecto, vía real decreto, había sido correcta.

Penúltimo capítulo

El penúltimo capítulo del polémico almacén es un fallo del Tribunal Supremo (Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo) contra la pretensión del Ministerio de Industria de anular parte del real decreto (855/2008, artículo 14) de concesión del proyecto. Industria recurrió al Supremo en mayo de 2012, cuatro años después de su aprobación.

El decreto, en una cláusula poco usual, según admiten fuentes de la antigua Administración socialista, reconocía el derecho de la empresa a ser indemnizada con el valor residual del proyecto en caso de paralización. Incluso aunque hubiera habido negligencia o dolo de por medio. En ninguna otra concesión de almacén de gas (Yela, Gaviota, Serrablo...) hay cláusulas semejantes.

El fallo del Supremo no entra en la cuantía de la hipotética indemnización. Por el contrario, señala que deberá ser fijada en función de "las causas que hayan llevado a la caducidad o extinción de la concesión" teniendo en cuenta que "la conducta negligente de la empresa concesionaria puede anular el derecho a la compensación".

El Ministerio de Industria ha detallado que Escal UGS tiene reconocida una retribución por desarrollar la actividad de Castor de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón (gas que prepara la cavidad para su llenado) y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. Total: 1.700 millones, lo que no quiere decir que esa cantidad sea la que le corresponde como indemnización.

El fallo del Supremo recoge el concepto de indemnización por el "valor residual" del proyecto. El valor residual, en términos económicos, es el valor final de un activo tras haber sido utilizado. Es un campo para la discusión legal, porque todo depende de las circunstancias.

Queda claro en todo caso que la pretensión del ministro de Industria, José Manuel Soria, de aplicar estrictamente lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos (reversión gratuita al estado del proyecto en caso de extinción de la concesión) no es legal.

Decreto favorable a ACS

Ahora, queda la búsqueda de responsables. El polémico real decreto, tan favorable a ECAL-ACS, se aprobó el 16 de mayo de 2008. El ministro entonces era el socialista Miguel Sebastián. Había tomado posesión apenas un mes antes, el 14 de abril.

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El proceso habitual en la tramitación de un real decreto permite deducir que Sebastián se lo encontró cocinado y con el visto bueno de todas las instancias implicadas, Abogacía del Estado, técnicos de Industria, Subsecretarios y expertos jurídicos de Moncloa incluidos. Sebastián, que sustituyó al ex alcalde Barcelona, Joan Clos, al frente del departamento de Industria,declinó aclarar su papel en la tramitación de la norma.

Tampoco Industria quiere dar demasiadas explicaciones. Aunque también busca respuestas. De ellas depende que Castor se paralice definitamente o, como suponen fuentes del sector, se congele durante un tiempo hasta que se calmen los ánimos. Se necesitará tiempo, en cualquier caso, para determinar quién corre con la cuenta del desaguisado. La factura de Castor, en principio, corre a cargo de los peajes que pagan los consumidores de gas.

Castor, ahora paralizado, tenía dos funciones principales: asegurar el suministro en caso de escasez y permitir al Gobierno actuar sobre los precios en caso de necesidad. El almacén trataba también de acercar capacidad de almacenamiento al peso de España (2%) en el mercado de energía de la UE. Su paralización, terremotos al margen, aleja la posibilidad de modular precios del gas en caso necesario. Lo que sin duda, aliviará a las compañíás que manejan el negocio.