La Audiencia Nacional anula el despido de los operarios de limpieza de las comisarías

La Audiencia Nacional ha anulado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supuso el despido de los 136 trabajadores de Arción Construcciones que realizaban el mantenimiento de las comisarías de la Policía Nacional en buena parte de España. Cuando la empresa valenciana presentó el despido colectivo, el pasado mes de junio, estos operarios llevaban cuatro meses sin cobrar sus nóminassin cobrar sus nóminas y el 1 de julio el Ministerio de Interior dio orden de no permitirles la entrada en las comisarías. Sin embargo, el tribunal rechaza que ese departamento sea el “empleador” y que deba subrogarse en los contratos de los trabajadores.

La Audiencia Nacional tacha de “precipitada y torpe” la decisión de la Dirección General de la Policía de impedir la entrada en las comisarías a estos trabajadores, “una medida desafortunada” que sin embargo “no producirá consecuencia alguna para el Ministerio del Interior”. A juicio del tribunal, la relación laboral se mantuvo con la empresa, y no con el ministerio, precisamente lo que defendían los trabajadores despedidos en su demanda. Éstos alegaban que fue Interior, y no la empresa, la que los despidió.

No obstante, la sentencia declara la nulidad del despido colectivo por dos motivos. El primero, que Arción no aportó la documentación necesaria a los representantes de los trabajadores durante la negociación del ERE. Sólo enseñó las cuentas provisionales del primer trimestre de 2013, dice el tribunal, y no las correspondientes al segundo, cuando presentó el despido colectivo.

La negociación, un caos

El segundo motivo se refiere a las comisiones negociadores del ERE, de las que hubo siete, repartidas por los diferentes territorios donde Arción tenía adjudicado el mantenimiento de edificios públicos: Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares y Murcia. Además de las comisarías, la constructora valenciana se encargaba de estas tareas en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Vigo, la Guardia Civil de Tráfico de Murcia, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y los parques de bomberos de Madrid.

A tenor de los hechos que expone la sentencia, el periodo de consultas para el ERE fue de todo menos ordenado. Sólo en Valencia y Sevilla contaban los trabajadores con delegados sindicales. De forma que la Audiencia Nacional reprocha a la empresa que no negociara la posibilidad de constituir una “comisión híbrida” –compuesta por representantes legales y otros ad hoc elegidos por los trabajadores–. “Por el contrario”, resume la sentencia, “se negoció en varias mesas, en algunas de las cuales participaban representantes legales y otros ad hoc de varios centros de trabajo, elegidos en diferentes comunidades autónomas, sin saberse qué porcentaje de representación tenía cada quien”.

Por si fuera poco, “se hicieron ofrecimientos distintos en unos lugares y en otros”. El tribunal se refiere a que en la Comunidad Valencia, Galicia, Asturias y Toledo se propuso una suspensión temporal de contratos, pero no en el resto, donde sólo se planteaban despidos. También se ofrecieron diferentes cuantías indemnizatorias en los 30 centros de trabajo. Además, la prohibición de entrar en las comisarías, es decir, el despido efectivo, se produjo antes de que hubiera concluido el periodo legal de consulta. “Las comisiones negociadoras”, concluye, “no se ajustaron a derecho”.

En preconcurso, apercibida por mal servicio y desaparecida

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Arción Construcciones se encuentra en preconcurso de acreedores y decía acumular unas pérdidas de 3,34 millones de euros en 2012. Hasta el momento ha ejecutado cuatro ERE. De los tres contratos que había suscrito con el Ministerio del Interior para encargarse del mantenimiento de las comisarías, uno fue resuelto y otros dos suspendidos porque no prestaba el servicio en las condiciones exigidasresuelto.

Los empleados denunciaron que desde el primer momento la constructora tuvo problemas para pagar a los proveedores y suministrarles a ellos los materiales necesarios para su trabajo. También debieron demandarla ante el juez para cobrar las cantidades que les garantizaba su convenio colectivo. Arción carecía de oficinas en las provincias donde trabajaban sus operarios. “La empresa ha estado desaparecida desde el principio”, se quejaban.

El pasado octubre el Ministerio del Interior volvió a adjudicar el mantenimiento de las comisarías. En el caso de Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, la Unión Temporal de Empresas Mantenimiento DGP Sur, integrada por Tecmo SA y Generaquatro, se ha hecho con el contrato, de 1,2 millones de euros. En Alicante, Almería, Baleares, Castellón, Granada, Jaén, Málaga, Murcia y Valencia,  ha ganado el concurso la UTE formada por Telecso y Electrotecnia Monrabal por otros 1,2 millones. Este grupo de operarios de mantenimiento lleva más de una decena de años haciendo el mismo trabajo y pasando de empresa en empresa, según van cambiando las adjudicatarias.