Wert ‘puentea’ a Empleo y envía al Consejo de Estado su proyecto para quitar a los becarios el derecho a cotizar

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, sigue empeñado en impedir que los universitarios en prácticas coticen a la Seguridad Social, por lo que, obviando las objeciones del Ministerio de Empleo, ha enviado al Consejo de Estado el proyecto de real decreto que les quitará tal derecho. Éste es un trámite preceptivo que deben seguir los reglamentos y cualquier otra disposición que ejecute una ley. Una vez obtenido el dictamen favorable de ese órgano, el proyecto de real decreto debería ir al Consejo de Ministros. Educación, en todo caso, no confía que sea aprobado antes de acabar el año.

Los becarios recuperaron su derecho a cotizar el pasado mes de agosto, cuando el Ministerio de Empleo cumplió una sentencia del Tribunal Supremo del mes de mayo y la Tesorería de la Seguridad Social dictó la correspondiente instrucción. Desde entonces se han afiliado al sistema 52.318 becarios, según cifras del propio Ministerio de Empleo. Esto es, su número se ha más que duplicado en sólo tres meses.

Empleo defiende que los estudiantes en prácticas coticen. “Es bueno para los becarios y para el sistema”, aseguran fuentes del ministerio. De ahí que haya intentado paralizar el proyecto de Wert de excluirles de la Seguridad Social desde que éste se hizo público: el pasado 9 de octubre Educación colgó en su página web el real decreto, que arrebata el derecho a cotizar a los “estudiantes que realicen prácticas académicas externas curriculares” al considerarlas actividades integradas en el plan de estudios. El texto estuvo en periodo de información pública hasta el día 26 de ese mes, a la espera de recibir alegaciones de las partes interesadas.

Y nada más aparecer el documento en internet, la batalla entre Educación y Empleo saltó al Consejo de Ministros, según las fuentes consultadas. Una “guerra fría”, como califican la pugna, que se mantuvo durante el mes que ha tardado el proyecto de real decreto en ser enviado al Consejo de Estado. Allí no llegó hasta el 27 de noviembre, según explican en el órgano consultivo. Empleo no entiende que se quiera “dar marcha atrás” en una medida que ha dado muy buenos resultados. “Redundaría”, protesta, “en una pérdida de derechos [para los becarios] y de afiliados”, justo cuando el sistema está tan necesitado de ingresos: la Seguridad Social se ha dejado más de tres millones de cotizantes desde que empezó la crisis.

Larga batalla

El pulso, en cualquier caso, no es nuevo. El rechazo de Educación a que los becarios coticen ya paralizó la aplicación de la sentencia del Supremo. Los becarios y las empresas permanecieron en una suerte de limbo durante tres meses. El ministerio que dirige José Ignacio Wert se hacía eco de las presiones de los rectores, según denunció en su momento el sindicato CCOO. Las universidades consideran que los trámites de las altas suponen un problema de gestión para las empresas. Y que esas dificultades las retraerán a la hora de ofertar becas. También los proyectos académicos o científicos que les financian cada año.

CCOO pone en duda la validez de ese argumento. Por cada becario una empresa paga a la Seguridad Social sólo 34,72 euros al mes. El estudiante cotiza 6,09 euros. Además, apunta el sindicato, “las empresas pueden desgravarse esa cuantía como gasto deducible”.

Sin embargo, Nicolás Díaz de Lezcano, vicerrector de la Universidad de Las Palmas y coordinador de una de las comisiones sectoriales de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españoles (CRUE), aseguraba este verano a infoLibre que, por ejemplo, para una empresa como el Banco Santander, que empleará este año a unos 5.000 becarios, el coste final puede ser elevado.

La misma lucha en el Gobierno del PSOE

Curiosamente, además, la actual lucha por la cotización de los universitarios reproduce, como un calco, la que ya mantuvieron los mismos ministerios del último Gobierno socialista y en las mismas fechas.

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En noviembre de 2011 el Ministerio de Presidencia publicó, a instancias del de Educación, un decreto que contradecía a otro anterior de Trabajo. Éste, sólo un mes antes, había asimilado a trabajadores por cuenta ajena a los participantes en programas de formación. Fue ese decreto de noviembre el que recurrió CCOO y dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo que devolvió a los becarios el derecho de cotizar. Entonces como ahora, el sindicato adivinaba la mano negra de los rectores detrás del decreto inspirado por el Ministerio de Educación.

Se da la circunstancia de que esa norma fue anulada por una mera cuestión formal: no había sido enviada al Consejo de Estado. Esta vez Educación no ha repetido el error.

Precisamente la semana pasada el comisario de Asuntos Sociales y Empleo, Laszlo Andor, propuso crear un “marco de calidad” para las prácticas en toda la Unión Europea. El plan incluye un contrato por escrito que especifique la retribución, la jornada laboral, las vacaciones, los objetivos educativos, qué supervisión va a tener el becario y si va a cotizar a la Seguridad Social. “A menudo los empleadores se sirven de las prácticas que ofrecen a estudiantes o recién licenciados para nutrirse de una fuente de mano de obra gratis o muy barata: una de cada tres ofertas de prácticas en empresas de la UE no alcanza el nivel adecuado”, se queja el comisario Andor.