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Tarifas eléctricas

La patronal eléctrica duda de la legalidad del sistema de precios de la luz

  • La Asociación Española de la Industria Eléctrica advierte de que la aplicación del nuevo sistema "va a destruir la escasa confianza de los clientes en el mercado eléctrico"
  • La norma podría vulnerar la Ley del Sector Eléctrico, que establece que la electricidad debe suministrarse "a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios"

infolibre Publicada 18/02/2014 a las 11:54 Actualizada 18/02/2014 a las 12:27    
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Eduardo Montes, presidente de Unesa.  EUROPA PRESS

Eduardo Montes, presidente de Unesa. EUROPA PRESS

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) duda de la legalidad del nuevo mecanismo de revisión de precios de la electricidad diseñado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y advierte de que su aplicación "va a destruir la escasa confianza de los clientes en el mercado eléctrico".

En las alegaciones presentadas a esta norma ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la asociación advierte de lo "imprevisto" y "complejo" del nuevo mecanismo, para el que las eléctricas apenas tendrán tiempo de adaptación. Su aplicación puede provocar la misma "controversia" que en su momento generó la facturación mensual a partir de lecturas estimadas, señala. 

Facturar a los clientes conforme al precio spot del mercado entraña una "enorme complejidad" y tendrá "un impacto imprevisible en los clientes, dada la volatilidad de precio al que pueden verse sometidos, con el consiguiente alto riesgo de reacciones en contra, como ya ocurrió en el pasado con otras modificaciones como la facturación mensual", apunta. 

En cuanto a la legalidad de la norma, expresa sus "serias dudas". La norma podría vulnerar la Ley del Sector Eléctrico, que establece que la electricidad debe suministrarse "a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios". "Es evidente que este no va a ser el caso, pues los consumidores no van a conocer de antemano el precio al que se le va a suministrar".

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios indica además que, antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma "clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato", recuerda.

Ofertas anuales

En cuanto a la obligación de los comercializadores de presentar una oferta para el conjunto del año, Unesa considera que "distorsiona el mercado al poner en competencia entre sí a los comercializadores de referencia, lo que puede suponer una injerencia en la comercialización libre" y resultar "incompatible con el esquema recogido en la nueva Ley del Sector Eléctrico que acaba de aprobarse.

La asociación también considera "discriminatoria" la lista de comercializadores de referencia incluidos en el borrador de norma de Industria, al tiempo que califica de "insuficiente" el margen comercial de 4 euros por kilovatio (kW) ofrecido.

En sus alegaciones, también lamenta que "un tema de tanta trascendencia" como el sistema de revisión de precios eléctricos de los consumidores domésticos, se presente en un borrador normativo marcado por la "total ausencia de consulta con el sector".

Sin plazo suficiente 

Unesa advierte de la "enorme complejidad técnica" alrededor del mecanismo para los contadores inteligentes, lo que, "unido a la falta de procedimientos de intercambio de información entre distribuidores", complicará los procesos de facturación a consumidores.

Además, critica el "plazo insuficiente" de un mes para adaptar los sistemas de facturación. "Dicho plazo es absolutamente insuficiente para acometer con un mínimo éxito la reforma de los sistemas de los comercializadores, dada la enorme trascendencia y complejidad que se deriva de la propuesta, por lo que consideramos absolutamente necesario el establecimiento de mecanismos provisionales", afirma.

De hecho, Unesa recuerda que cambios anteriores como la desaparición de la tarifa integral en 2009, que eran "mucho más sencillos", requirieron un periodo de adaptación que superó el año.

En el caso de la factua mensual, el cambio era "mucho menor", si bien "la aplicación de unos procedimientos de estimación no armonizados creó una gran alarma social de la que se derivó un importante número de reclamaciones por parte de los consumidores colapsando los sistemas de atención de las compañías y dando lugar a que la mayoría de las Comunidades Autónomas abrieran numerosos expedientes sancionadores".


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