Cinco autonomías gastan más de dos millones de euros en una polémica campaña de fumigación

Diez años hacía que un avión no fumigaba los bosques de San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid. El pasado octubre, una aeronave de la empresa cordobesa Trabajos Aéreos Espejo esparció miles de litros de diflubenzurón, un insecticida, sobre 1.400 hectáreas del suroeste de la Comunidad de Madrid. Su objetivo, acabar con las orugas de la procesionaria, una plaga cíclica que ataca a los pinos. Ecologistas, científicos y vecinos han puesto el grito en el cielo. En una carta enviada al Ministerio de Agricultura, 50 investigadores del Museo de Ciencias Naturales expresaron su rotundo rechazo a una medida que consideran no sólo innecesaria sino también “obsoleta” e incluso “perjudicial para el medio ambiente”.

De hecho, las fumigaciones aéreas están prohibidas desde 2009 por orden de la Unión Europea, una directiva que fue transpuesta a la legislación española en 2012 y entró en vigor al año siguiente. Sólo se pueden llevar a cabo pulverizaciones desde el aire previa autorización expresa del Ministerio de Agricultura y únicamente cuando se produzcan “situaciones de emergencia fitosanitaria”. Es lo que hizo el departamento que dirige Isabel García Tejerina el pasado 21 de julio. A petición de la Junta de Andalucía y del Gobierno balear. Después se sumaron Extremadura, las diputaciones forales de Vizcaya y Álava, y finalmente, la Comunidad de Madrid. En septiembre Baleares solicitó ampliar el permiso inicial, para Ibiza y Formentera, a Mallorca y Menorca.

En total, hasta el próximo día 17, fecha límite de la autorización, se están fumigando 36.000 hectáreas en toda España. Para ello las comunidades autónomas interesadas han comprado unos 110.000 litros de diflubenzurón, un insecticida que se comercializa bajo la marca Dimilin. La patente es propiedad de una multinacional estadounidense, Chrompton Corporation, que en España vende en exclusiva Kenogard, la antigua Cruz Verde hoy en manos de una compañía japonesa. Gracias a la autorización del ministerio, Kenogard ha facturado más de 1,5 millones de euros a cuatro de las seis comunidades autónomas que están fumigando. Ni la Comunidad de Madrid ni Andalucía facilitan la cantidad que han pagado a la química por el insecticida. En el resto, los contratos son accesibles para cualquier interesado en sus perfiles de contratante. De ellos, la factura más cuantiosa es la de Baleares, que ha pagado 1,27 millones de euros por la partida de Dimilin.

Aunque tampoco es éste el año que más dinero público se ha gastado en este producto. Sólo la Junta de Andalucía pagó entre 2011 y 2013 un total de 2,7 millones de euros a Kenogard a cambio del insecticida.

En la campaña en curso, las cinco comunidades autónomas han invertido más de dos millones de euros, entre la factural del Dimilin y la contratación de los aviones y helicópteros que lo esparcen por los bosques.

Desde 2009 sin fumigaciones en Baleares

En Baleares también hace años que no veían una avioneta rociando los pinares. Desde 2009, aseguran los ecologistas del Grup Balear de Ornitologia (GOB), que amenazaron con presentar una denuncia ante la Comisión Europea y consiguieron así que, al menos, no se trataran los espacios de la Red Natura 2000 incluidos en los planes del Gobierno autonómico. Es donde más superficie ha sido fumigada: 24.000 de las 28.000 hectáreas inicialmente previstas. Acabaron el pasado 29 de octubre. Según explica Toni Muñoz, responsable del Área de Conservación del GOB, debido a que en las islas las masas forestales son pequeñas, también fueron fumigadas casas, huertos e incluso algunas personas fueron atendidas en los centros de salud.

Muñoz no entiende cómo, con unas restricciones presupuestarias que han dejado al parque natural de la Serra de Tramuntana, la joya de la corona de las islas, con un director y una técnica como único personal al cargo, hay disponibles sin embargo 1,4 millones de euros para aplicar una técnica, a su juicio, ineficaz y dañina. El Gobierno balear ha delegado en la empresa pública Tragsa la labor. Ésta, a su vez, ha comprado el insecticida (1,27 millones de euros) y se ha subcontratado los medios áereos (120.360 euros) para dispersarlo en los pinares.

Es también en las islas, junto con la Comunidad de Madrid, donde más rechazo han suscitado las fumigaciones. Allí se han rociado los pinares de Navas del Rey, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, en el suroeste. El director general de Medio Ambiente del Gobierno madrileño, Ricardo Riquelme, justifica la medida: “Cuando el equilibrio ecológico se rompe y se descompensa a favor de una plaga, hay que actuar”, asegura. Y destaca que el Dimilin es el producto de más baja toxicidad posible: “Se trata de microgotas que caen sobre las copas de los árboles y no llegan al suelo; además, no actúa por contacto, sino por ingestión y no afecta más que a las orugas de la procesionaria, cuyas larvas son las únicas activas en esta época del año”.

José Luis Viejo, catedrático de Zoología de la Universidad Autónoma de Madrid, discrepa en todo. El diflubenzurón impide la síntesis de la quitina, una sustancia que desarrolla el exoesqueleto de los artrópodos: insectos, arañas, crustáceos… Afecta, por tanto, a cualquiera de ellos en su fase de crecimiento. Pero también, destaca, de los hongos, que son una parte fundamental de la ecología del suelo.

Además, asegura que, al afectar a estos invertebrados, otras especies como aves, anfibios y reptiles, que se alimentan de ellos, pueden terminar intoxicados. “Es una medida del pasado, cada vez menos utilizada y, de hecho, proscrita por la ciencia moderna”, resume.

Ricardo Riquelme se limita a recordar que es una sustancia autorizada por el Ministerio de Agricultura. Catalogada en la Unión Europea como de baja toxicidad. No obstante, la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de Estados Unidos señala que “altamente tóxico” para invertebrados de agua dulce, incluidos crustáceos y moluscos. Afecta a su reproducción, crecimiento y supervivencia. También asegura que uno de los metabolitos del diflubenzurón es potencialmente cancerígeno para el ser humano.

Viejo, al igual que el ecologista Toni Muñoz, prefiere una “lucha más biológica” contra las plagas. En concreto, ambos hablan de una bacteria, Bacillus thuringiensis. También se disemina desde aviones y es “un método relativamente selectivo, que sólo afecta a los lepidópteros [mariposas y polillas] y se degrada con la luz ultravioleta, por lo que es muy poco persistente. El problema, matiza José Antonio Hódar, profesor de Ecología de la Universidad de Granada, es que es más difícil manejo que el Dimilin. Aun así, se trata del producto que ha elegido la Diputación Foral de Vizcaya para tratar parte de sus pinos. Pero sólo una pequeña parte: 1.200 de las 4.700 hectáreas incluidas en su plan de fumigaciones. El resto se tratarán con diflubenzurón.

Ciclo natural

José Antonio Hódar es rotundo cuando afirma que no se debería fumigar desde aviones “salvo afección a la salud humana”. Un estudio de su universidad concluyó que no había diferencia entre zonas tratadas con insecticida y otras que no lo habían sido. “El Dimilin mata orugas que se iban a morir de todos modos”, resalta. A su juicio, la naturaleza se regula ella sola, por su cuenta. Y es así porque las poblaciones de orugas de la procesionaria tienen una “dinámica cíclica” de unos seis años, explica. “El ciclo es parte de su dinámica natural”. Con inviernos más cálidos, recuerda por su parte José Luis Viejo, aumenta la supervivencia del número de larvas y, por tanto, su población. Pero si el Dimilin mata al mismo tiempo, por ejemplo, a las hormigas rojas, uno de sus depredadores naturales, se está impidiendo la regulación natural de la plaga, advierte.

José Antonio Hódar es partidario de lo que llama “manejo del hábitat”. Es decir, modelar un bosque capaz de luchar por sí solo contra las plagas –o los incendios–. Mezclando especies distintas de árboles, intercalando arbustos, claros con matorrales, rebajando la densidad de las masas forestales… se consigue un bosque más diverso. El modelo contrario al seguido durante décadas en España, con extensas repoblaciones de una sola especie, frecuentemente coníferas –pinos–, que las hacen muy vulnerables a las plagas y al fuego. La procesionaria ataca con facilidad a los pinos más jóvenes y a algunas especies, como el Pinus radiata, muy utilizado en las repoblaciones y que carece de defensas frente a estas orugas.

El modelo preferido por el Ministerio de Agricultura y los gobiernos autonómicos, por el contrario, apuesta por la acción directa sobre la plaga. El director general de Medio Ambiente de Madrid alega que la fumigación con Dimilin es la solución que sus técnicos forestales han considerado “más eficaz”. Ricardo Riquelme dice que son muchas las quejas de ciudadanos por las urticarias que las orugas producen al contacto. “El alcalde de Navas del Rey solicitó la fumigación en febrero por las quejas de los vecinos”, revela.

De hecho, tanto José Antonio Hódar como José Luis Viejo coinciden en minimizar el perjuicio económico o incluso ecológico de la procesionaria. Ven detrás del recurso a la fumigación aérea únicamente el interés turístico o paisajístico. “La gente se queja de las picaduras, o de que ve defoliados los pinos”, cuentan ambos. Así, en Andalucía se incluyen en los tratamientos contra la procesionaria zonas como merenderos o con mayor accesibilidad para el ser humano aun cuando la infestación de la plaga no haya llegado al nivel 3 –de un total de seis–, el único en que es eficaz la fumigación. En Madrid, los pinares rociados se encuentran en las proximidades del muy visitado embalse de San Juan, el único de la Comunidad donde está permitido el baño –cuenta con 14 kilómetros de playa– y los deportes náuticos.

Quejas ciudadanas, no hay daño económico

Ése es el motivo por el que se actúa contra la oruga, no el daño que la procesionaria ocasiona a los pinos, destaca José Luis Viejo. La mortalidad de estos árboles por culpa de estas larvas de polilla “es mínima, tirando a nula, inferior al 1% anual”, añade José Antonio Hódar. El profesor de la Universidad de Granada resalta que la superficie tratada con medios aéreos en Andalucía se reduce cada año y se seleccionan pinares muy concretos, aquéllos con merenderos, caminos muy transitados… En 2011 la Agencia de Medio Ambiente andaluza fumigó un total de 22.738 hectáreas. En 2012, fueron 15.168. Así consta en los Informes de Medio Ambiente correspondientes a esos años. El de 2013 aún no ha sido colgado en su página web. Este año sólo se han rociado 673 hectáreas en un único municipio: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), asegura un portavoz del departamento. No obstante, Andalucía solicitó autorización al Ministerio de Agricultura para esparcir Dimilin en un total de 11 municipios.

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Para estas labores la Junta de Andalucía lleva varios años subcontratando a la empresa Servicios Agrícolas Aéreos (SAASA), la misma utilizada por Tragsa para fumigar en Baleares. La Comunidad de Madrid y Extremadura también comparten empresa de trabajos aéreos: la mencionada Espejo SL.

“No entendemos la empecinada obsesión de la administración española por la aplicación tan generalizada de tratamientos altamente agresivos en el medio natural”, lamentan los investigadores del Museo de Ciencias Naturales, dependiente del CSIC, en su carta al Ministerio de Agricultura. Advierten de que estos métodos “obsoletos” contra las plagas carecen de justificación. Según destacan, ningún estudio certifica que exista en España una plaga de procesionaria, “más allá de los habituales fenómenos naturales de fluctuación poblacional que sufren buena parte de las especies silvestres”. Esas oscilaciones, insisten, llevan produciéndose “miles de años”.

José Luis Viejo asegura que los investigadores firmantes de la carta se ofrecieron la Comunidad de Madrid para estudiar las plagas y ofrecer alternativas, pero el ministerio rechazó la posibilidad. Los científicos se quejan también de que no se les enseñó ningún informe técnico que avalara la existencia de una plaga de procesionaria, y se remitieron a los censos de bolsones –las bolsas blancas situadas en la cara sur de los árboles y desde las que descienden las orugas para buscar un lugar donde enterrarse en el suelo; ahí es donde se convierten en polillas– realizados por los guardias forestales. Sin embargo, los investigadores se pusieron en contacto con los guardias de la zona afectada, que les negaron cualquier indicio de plaga. Los niveles de procesionaria, les indicaron, se encuentran “en límites absolutamente normales y controlables”. Idénticos a los de años anteriores.