Sin igualdad ante la ley no hay democracia

La policía ha detenido a Yafar 161 veces, a Iñaki Urdangarín ninguna. A Alberto Saez le indultaron, a Arnaldo Otegi no. Francisco Camps, Ignacio González o Esperanza Aguirre pueden declarar en pijama mientras desayunan en su casa, los ciudadanos corrientes tienen que pedir permiso en el trabajo, si lo tienen, madrugar y echar el día en el juzgado. Un ministro de Interior en España puede decir sin rubor que la ley se cumple salvo en casos puntuales. Un presidente del Gobierno puede defraudar a Hacienda y disfrutar de la prescripción. A Emilio Botín le llaman por teléfono para que regularice sus cuentas opacas y a ti Hacienda te manda un inspector. Todos somos iguales ante la ley, decía satisfecho nuestro padre de la Constitución, Miguel Roca, estos días en su papel de defensor de la infanta. Su opinión no la comparte el 82% de los ciudadanos españoles según el CIS.

Se me escapa el por qué todas las campañas sobre la refundación del sistema democrático, tan de moda en nuestro país, se olvidan de poner en el centro de sus preocupaciones por la salud de nuestra democracia el incumplimiento del principio de igualdad ante la ley. Todos sabemos que la regeneración de la democracia entró de forma forzada en la agenda de los partidos como respuesta a la indignación ciudadana que llenó plazas y redes sociales antes de las elecciones municipales de mayo de 2011. En su lista de prioridades estrenaron todo un arsenal de propuestas dirigidas a reformar los propios partidos, el sistema electoral y la constitución, así como a aumentar la transparencia y los mecanismos de participación ciudadana.

Los partidos nuevos, como UPyD, o novísimos como VOX y Podemos, que comparten el banderín de enganche regenerador y constituyente, curiosamente se olvidan de medidas, propuestas o simplemente denuncias sobre el grave déficit democrático que supone la discriminación ante la ley. Los partidos antiguos, como PP o PSOE, que cuentan ya en el escaparate de sus propuestas electorales con una sección temática para aumentar la calidad de la democracia, también obvian este problema y sus prioridades en materia de Estado de derecho se relacionan con el reparto del poder en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Solo IU en su programa electoral de las elecciones generales de 2011 recoge la necesidad de hacer efectivo el derecho a la justicia para todos los ciudadanos, defendiendo la “…modificación de los mecanismos para el disfrute de la justicia gratuita y simplificación de los trámites para su concesión, con la finalidad de que no se prive del derecho fundamental a la tutela judicial a ningún ciudadano” (Programa electoral IU 2011, pag. 48). Pero, extrañamente, esta propuesta en lugar de figurar en un lugar destacado en el apartado “Propuestas para una democracia avanzada” se pierde entre medidas para un servicio postal público, la promoción del deporte o el agua como servicio público dentro del cajón de sastre que lleva por título “Servicios Públicos de Calidad”.

Y creo que aquí está el problema, parece como si después de cuatro años de debate público sobre la crisis de la democracia, sobre la necesidad de mejorar su calidad, ha quedado fuera uno de los requisitos mínimos para que una democracia pueda considerarse como tal, la igualdad ante la ley. Quizás la izquierda no abraza la causa de la igualdad ante la ley como elemento constitutivo de un sistema democrático por el origen liberal, en el buen sentido, de este elemento. La igualdad ante la ley surge por la necesidad de limitar los poderes del Estado y garantizar el disfrute de los derechos civiles básicos a todos los ciudadanos, independientemente de su condición. De hecho, una democracia donde no se respete el Estado de derecho, ni el principio de igualdad ante la ley, no se le puede considerar democracia. El incumplimiento de este principio hace que dejen de cobrar sentido otras urgencias que parecen monopolizar la regeneración democrática en España, como las reformas de los partidos o del sistema electoral.

¿Pero hasta qué punto es importante para los ciudadanos que la democracia garantice la igualdad ante la ley? Podemos saberlo gracias a una investigación en la que participo que trata de averiguar qué modelo de democracia tienen los ciudadanos en la cabeza en cada una de las democracias de nuestro entorno y a partir de ese modelo ver cómo evalúan cada uno de los indicadores que ellos mismos consideran relevantes para el buen funcionamiento de la democracia. Este estudio fue introducido en la última ola de la Encuesta Social Europea. Pues bien, de todas las dimensiones que componen un sistema democrático, la que los ciudadanos consideran más relevante en todos los países es la del Estado de derecho, especialmente su capacidad para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados igual por ley. Según los ciudadanos, la igualdad ante la ley es más importante que la celebración de elecciones libres y regulares, que la participación ciudadana, que la transparencia, que la rendición de cuentas de los gobernantes, que la cercanía entre representantes y representados, que la proporcionalidad electoral, que el respeto a las minorías, que la libertad de prensa o que la redistribución de la riqueza en todos los países europeos sin excepción. Evidentemente, todos estos indicadores de salud democrática son importantes y fundamentales para la mayoría de los europeos. Pero la igualdad ante la ley, todavía lo es más. España no es una excepción y al igual que los daneses, los suecos o los noruegos, los españoles piensan que es el atributo más valioso que debería tener una democracia de calidad.

Los ciudadanos europeos compartimos que la principal seña de identidad de una democracia de calidad debe ser el principio de igualdad ante la ley. En cambio, el nivel de protección contra la discriminación judicial es percibido de forma muy diferente en función del país en el que vivas. En las democracias nórdicas y en menor medida en Alemania y el Reino Unido, la mayoría de los ciudadanos tienen claro que la justicia es ciega y que todos reciben el mismo tratamiento independientemente de sus recursos económicos, políticos o sociales, según se puede ver en el siguiente gráfico que mide la valoración ciudadana del grado de cumplimiento del principio de igualdad ante la ley en los países de nuestro entorno. Para nuestra desgracia, España se encuentra en la cola de este ranking junto a Rusia, Kosovo o Bulgaria, compartiendo con estos países el sentimiento ciudadano de vivir en una democracia donde no se cumple uno de los principios básicos del Estado de derecho, que todos seamos iguales ante la ley.

Creo que es necesario que los partidos empiecen a hacer un hueco de buen tamaño en su nueva sección de “La Reforma de la Democracia” a propuestas que puedan ayudar a convertir la igualdad ante la ley en un derecho efectivo y no en uno más de esos artículos de la Constitución que están muy bien escritos pero que no se cuida, ni vigila, ni desarrolla su cumplimiento. La calidad de la democracia española depende más de un cambio radical en esta dimensión del Estado de derecho que de una nueva ley de partidos, por ejemplo. Desde luego, un buen camino para corregir este problema no es el que emprendió el Ministro Gallardón al inicio de esta legislatura recuperando las tasas judiciales para que así los más pobres no puedan recurrir a instancias superiores si sus derechos son pisoteados por alguna arbitrariedad cometida desde algún lugar de la administración del Estado.

Datos de la Encuesta Social Europea ---------------------------------------------------

Braulio Gómez es investigador en ciencia política en la Universidad de Deusto. Es autor del libro O controlo político dos procesos constituientes (Impresa de Ciencias Sociais, 2010), co-autor de La calidad de la democracia en España (Ariel, 2011) y de La encuesta deliberativa (CIS, 2009). Es el director del Regional Manifestos Project.