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Luces Rojas

¿Por qué crea el Estado desempleados que no quiere contratar?

Publicada 02/01/2017 a las 06:00 Actualizada 01/01/2017 a las 21:01    
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El trabajo es toda actividad productiva que realiza el ser humano. Trabajan el médico cuando trata a sus pacientes, el maestro cuando imparte sus clases, o el obrero que coloca ladrillos con maestría. Lo hacen también la madre que cuida de sus hijos o la mujer que desempeña labores de voluntariado en una ONG. La diferencia entre los primeros y los segundos es que a cambio aquéllos perciben una retribución dineraria, es decir, poder adquisitivo que da derecho a participar en el reparto de los bienes y servicios producidos en la economía de mercado que se encuentran a la venta solo a cambio de dinero creado por el gobierno o los bancos. Se desarrollan sin embargo numerosas tareas excluidas del ámbito del mercado, asignadas por cierto con mayor frecuencia a las mujeres en las sociedades patriarcales.

Un trabajador vende sus servicios al mercado porque quiere conseguir dinero a cambio. El empleo es siempre un fenómeno monetario. Por eso podemos definir el desempleo involuntario como mano de obra ofrecida al mercado a cambio de moneda del Estado que no encuentra comprador. Este empleo puede ser comprado por el sector privado o por el Estado. Si existe desempleo involuntario es porque ni el sector privado ni tampoco el gobierno quieren aumentar sus gastos para ocupar esos recursos ociosos.

Para entender esto describamos un escenario. Supongamos que partimos de un período en el que existe plena ocupación. En esta situación, de equilibrio inicial, supongamos que nadie ahorra, es decir todo el mundo gasta su renta íntegramente y por tanto todo lo que se produce se vende. El gasto de todos es igual a las rentas (salarios, beneficios, impuestos, alquileres, intereses, etc.) de todos y por fuerza es igual también a toda la producción de la economía. Si por la razón que sea (porque los hogares y las empresas decidan que quieren reducir su deuda, porque haya una situación de incertidumbre o porque los extranjeros decidan no comprar nuestros productos) en un período posterior cambia el comportamiento del sector no gubernamental —en el que incluimos a hogares, empresas y al sector exterior— y éste prefiere ahorrar una parte de su renta entonces una parte equivalente de la oferta de bienes y servicios se quedará sin vender. Entonces las empresas tendrán que reducir su oferta y es probable que despidan a algunos de sus empleados.

El trabajo no es un rábano

Nadie puede obligar al sector privado a consumir más de lo que quiere o a ahorrar menos. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando aumenta el desempleo? Desde la escuela neoclásica nos dicen que la respuesta es bajar el coste de los salarios ya que el trabajo sería como cualquier otra mercancía. Si por ejemplo cae la demanda de rábanos en el mercado los productores podrían darles salida tirando los precios. Decimos entonces que la curva de demanda de los rábanos tiene una forma descendente hacia la derecha en el eje de ordenadas: a menor precio mayor cantidad vendida y viceversa. Si creemos que el trabajo es como los rábanos entonces la prescripción para acabar con el desempleo es sencilla: bajar los salarios. Sin embargo, el mercado de trabajo remunerado no es como el de los rábanos. Para la mayoría de las personas los salarios son su principal fuente de ingresos. Bájense los salarios y observaremos una caída en el consumo de los consumidores y en las ventas de las empresas provocando nuevas caídas de empleo. El economista Esteban Cruz y este autor ya explicamos en un artículo anterior la paradoja de los costes. Los ahorros en costes salariales pueden ir acompañados de menores ventas que deterioran la tasa de beneficios de los empresarios y por tanto desaniman el empleo (Cruz & Medina Miltimore, 2016).

El siguiente gráfico, elaborado por el economista Luis Gómez con datos de los ejercicios 2008 a 2014, demuestra que la caída de los salarios, lejos de haber aumentado el empleo, tuvo el efecto contrario. Luis Gómez explica que al iniciarse la crisis se desechó primero a los trabajadores ocasionales y jóvenes que eran también los peor pagados. Esto tuvo el efecto aparente de mostrar un crecimiento salarial asociado a un aumento del desempleo. Los economistas neoliberales y la Comisión Europea utilizaron este efecto estadístico para justificar el ataque contra los trabajadores iniciado en 2010. Sin embargo, después de 2010 la caída del empleo fue muy intensa pese a que también cayeron los salarios. La caída de los salarios ha sido inútil para crear empleo.


Gráfico de Luis Gómez que demuestra que la caída de los salarios no aumentó el empleo.


Las recetas prescritas por el dogma vigente fueron acompañadas en 2010 por un giro incomprensible hacia la austeridad. Desafiando toda la evidencia en contra de la utilidad de fijar unos objetivos de déficit, los dirigentes europeos llegaron a asumir una superstición aberrante, la austeridad expansiva, que es a la ciencia económica algo así como el hielo ardiente, la sosa cáustica potable o el plomo ligero. Esta doctrina oximorónica afirmaba que un recorte de los gastos públicos liberaría recursos para que el sector privado los empleara de forma más productiva acelerando la recuperación. Esta hipótesis fue introducida por Francesco Giavazzi y Marco Pagano en 1990 en un trabajo que presentaba las reestructuraciones fiscales de Dinamarca e Irlanda en los años 80 como ejemplo (Giavazzi & Pagano, 1990). Los autores, que observaron cómo recortes en el gasto público coincidieron en el tiempo con una recuperación de esas economías, olvidaron tener en cuenta que esos países, relativamente pequeños, consiguieron salir de sus crisis económicas gracias a la expansión de sus exportaciones a otros países europeos que sí aplicaron políticas fiscales expansivas.

La hipótesis fue vendida a los responsables de la UE por Alberto Alesina en un discurso ante la reunión del Ecofin que tuvo lugar en Madrid en 2010 en Madrid. En esta intervención aseguraba que los "ajustes fiscales, aunque sean grandes, que reducen los déficits presupuestarios, pueden conseguir una reducción relativamente rápida de los coeficientes de deuda sobre el PIB sin causar recesiones". Añadió que "(…) una política fiscal anticíclica basada en incrementos de gasto durante recesiones y aumentos de impuestos para corregir los déficits durante una expansión es probable que sea contraproducente además de implicar un avance inadvertido del tamaño del gobierno cuando éste ya está en torno al 50% del PIB en algunos países europeos. (…) [L]as distorsiones políticas (…) retrasan la reducción de los déficit además de las inevitables ‘demoras de larga duración y variables’ asociadas con la política fiscal en una democracia, que incluso en el caso de las expansiones fiscales hacen que esta herramienta sea torpe para la gestión del ciclo de los negocios" (Alesina, 2010).

A esta perversión doctrinal se añadió el diseño contraproducente de una unión monetaria uno de cuyos puntales, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), imponía un límite al déficit público del 3% sobre el PIB. Este límite podría ser efectivamente excesivo en una situación en la que la economía crece a buen ritmo y empiezan a producirse tensiones inflacionistas. Sin embargo en una situación de recesión lo conveniente puede ser que el déficit público alcance un valor superior a ese guarismo. Forzar una economía a entrar en una senda de reducción de déficit puede ser contraproducente no solo porque dificulte la salida de una situación económica desfavorable profundizando el desempleo sino también porque puede convertir el "objetivo" en uno móvil. Si la política fiscal prudente y razonable fuera aumentar el déficit pero un gobierno decide someterse a los dictados del PEC lo que sucederá casi con total seguridad es que no consiga sus objetivos. El efecto recesivo de tales políticas podría profundizar la caída en la recaudación o provocar caídas en el Producto Interior Bruto (PIB), el denominador de este coeficiente de deuda que nos imponen los TTUE, convirtiéndolo en un objetivo móvil que, cuanto más se esfuerza el gobierno en conseguir, más se aleja. Un objetivo de déficit sobre el PIB resulta extremadamente ambiguo e impreciso. De hecho el dato del cociente entre déficit y PIB ni siquiera nos da mucha información acerca del posicionamiento presupuestario del gobierno. Según las circunstancias, un aumento de este coeficiente puede reflejar una política consciente del gobierno por estimular la economía, la entrada en funcionamiento de los estabilizadores automáticos durante una recesión o incluso un posicionamiento fiscal contractivo.

Las finanzas funcionales dictan la fiscalidad responsable

Un gobierno responsable debe encargarse de que las personas que hayan perdido su puesto de trabajo vuelvan a encontrarlo. Depende del Estado movilizar esos recursos ociosos gracias a su capacidad fiscal. Para comprender este protagonismo del Estado hay que entender antes cuál es la función de la fiscalidad. Al imponer tributos a la población el Estado pretende encauzar recursos reales hacia los fines públicos. La forma en que opera este mecanismo es que el Estado genera demanda por su moneda al imponer un tributo que los ciudadanos solo pueden pagar con ella. Para conseguir esa moneda hogares y empresas ofrecen sus servicios al Estado. Naturalmente esta oferta incluye la oferta de empleo. De esta forma el sector privado obtiene la moneda con la que puede saldar su deuda con el Estado.

El sector privado tiene unos objetivos de consumo y ahorro que no necesariamente serán compatibles con comprar toda la oferta disponible de bienes y servicios a la venta. Pero el Estado siempre puede comprar la diferencia. Si el Estado impone tributos demasiado elevados o no gasta lo suficiente dejará en manos del sector privado una cantidad de dinero insuficiente para saciar sus necesidades de consumo y sus objetivos de ahorro. En estas circunstancias surgirá el desempleo involuntario. Hay personas que quieren dinero del Estado y no lo encuentran. Existe pues una demanda por el dinero del Estado que no se ha satisfecho y por tanto los agentes económicos no mantendrán un nivel de gasto agregado que adquiera todo lo que está a la venta en la economía. Si existe producción que se queda sin vender el desempleo aumentará. Esa oferta total de bienes y servicios por supuesto incluye la oferta de mano de obra.

Los impuestos son el mecanismo que utiliza el Estado para canalizar recursos reales hacia los fines públicos. Si el gasto es insuficiente o los impuestos son demasiado altos la manifestación será el desempleo. Como decía Warren Mosler, "¿qué sentido tiene que el Estado no contrate a todos los trabajadores que ha dejado desempleados?". En una situación de desempleo elevado la única respuesta sensata es que o bien el Estado baje los impuestos para dejar mayor poder de compra en poder del sector no gubernamental y aumente su gasto o bien aumente el gasto público para comprar la producción que el sector privado no quiere adquirir. Las políticas tradicionales ponen mayor poder de compra en manos del sector privado confiando en que éste lo destine a crear empleo. Este mecanismo indirecto en el que la política fiscal trata de cebar la bomba de la demanda normalmente resulta decepcionante. La forma más directa, eficiente y económica de crear empleo es que el Estado contrate a todos aquellos que quieren trabajar y no encuentran empleo en el sector privado mediante un programa de empleo garantizado. Este programa permitiría atender muchos de los múltiples problemas sociales que el Estado ahora no atiende de forma adecuada. El desempleo es la prueba de que el déficit fiscal es insuficiente. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad en el problema del empleo y aumente el déficit.
 
_____________________________________

Stuart Medina es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia. Fundó en 2003 la consultora MetasBio desde la que ha asesorado a numerosas empresas.
 

 
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