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Medios

El juez toma declaración al director de Telemadrid imputado por cinco presuntos delitos

  • La querella de los trabajadores afirma que tras el ERE se externalizaron tareas duplicando el coste
  • La empresa habla de un informe contrario, no presentado, y la sala otorga un plazo hasta la semana próxima para que lo haga antes de tomar decisión alguna

Publicada 15/07/2013 a las 18:14 Actualizada 15/07/2013 a las 19:39    
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Trabajadores de Telemadrid se manifiestan el pasado marzo.

Trabajadores de Telemadrid se manifiestan el pasado marzo.

JAVIER CARIDE
En la mañana de este lunes ha tenido lugar en el juzgado de instrucción número 3 de Pozuelo la toma de declaración a José Antonio Sánchez, director general de Telemadrid, tras la querella interpuesta por los sindicatos, por la utilización de empresas externas para la realización de actividades que llevaba a cabo la plantilla de trabajadores, hasta el ERE que supuso el despido de 829 empleados y que la Justicia sancionó como “despido improcedente”. El directivo está imputado por cinco presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y un delito societario.

En la vista, celebrada este lunes, y en la que, inusualmente ha estado presente el fiscal, los abogados de la querella, presentada inicialmente por CCOO, han puesto de manifiesto que Sánchez contrató a una filial de Telefónica para la producción técnica de sus emisiones a partir del 16 de enero, siendo empleado de esa compañía en excedencia, extremo que el demandado ha reconocido a preguntas de la sala. También se ha destacado el hecho de que el contrato se hiciera por dos meses y fuera luego prorrogado para evitar -según los demandantes- que la cuantía obligara a realizar Concurso Público. En este sentido, el director general de Telemadrid ha aducido que él se abstuvo en la votación para realizar el contrato, figurando, sin embargo como único firmante del documento por parte de la empresa. Por su parte, los abogados de la acusación han reiterado que se había realizado "incumpliendo por completo la obligación de información a los representantes de los trabajadores, lo cual no solo representaba un ilícito laboral, sino un medio para asegurar la clandestinidad del procedimiento de adjudicación, que se habría producido vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público, menoscabar los controles previos y hacer inviable el ejercicio efectivo del derecho de huelga".

A continuación, Sánchez ha afirmado que el posterior concurso -del que fue excluida la oferta de una agrupación de trabajadores despedidos- se había realizado “como Dios manda”; una afirmación que presupondría - según los querellantes- el reconocimiento implícito de que en la contratación objeto de la demanda no lo había hecho. Los representantes de los trabajadores han presentado, además, un estudio que acredita que el pago de estos servicios externalizados duplicaba el coste respecto al que hubiera tenido si hubiera sido desempeñado por los trabajadores de plantilla, en lugar de por los 47 empleados de la filial de Telefónica. En este punto, Telemadrid ha indicado que poseía un estudio con resultados opuestos, que no había presentado, por lo que la sala ha dado un plazo hasta la próxima semana para que lo hiciera y decidir o no la continuación de la causa.



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