Plaza Pública

La importancia de la lucha feminista en la Transición

María José Belbel y Justa Montero (*)

La foto emblemática conocida como la de los padres de la Constitución refleja como ninguna otra el protagonismo de una interpretación mayoritaria de la Transición que otorga el protagonismo del cambio a los “hombres de Estado” al tiempo que margina cualquier relevancia de los movimientos sociales y del movimiento feminista en particular en la lucha por las libertades democráticas. Dicha imagen congela la continuidad con una tradición androcéntrica que considera que los hombres son los sujetos sociales y políticos y rechaza el carácter radical y crítico de buena parte del movimiento feminista de aquellos años. También, y más importante aún para las personas que queremos cambiar la sociedad, apela a la resistencia de los partidos y organizaciones de izquierda a aceptar que la lucha por la libertad sexual formaba parte de la lucha por las libertades democráticas y debe servir de recordatorio, en el aquí y el ahora, de una crítica a una idea reduccionista de qué constituye la política.

El movimiento feminista que surge a mediados de los años setenta da expresión a la emergencia de un nuevo sujeto político, las mujeres, que se configura a partir de un doble proceso personal y colectivo, ocupando una centralidad las luchas de las mujeres para acabar con una ideología que nos desposeía de nuestra cuerpo y nos etiquetaba en mujeres “buenas” y “malas”; lemas como “mi cuerpo es mío”, “sexualidad no es maternidad”, “nosotras parimos, nosotras decidimos”, “yo también he abortado”, “anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir” ejemplifican de manera sobrada dicha lucha. Las mujeres queríamos ser sujetos activos que decidíamos sobre nuestras vidas, lo que también implicaba una reivindicación del deseo y el placer sexual y una crítica a la norma heterosexual.

Entonces exigimos la amnistía para las 350 mujeres presas por los llamados “delitos específicos” (adulterio, aborto, prostitución). En el caso del aborto, sólo se contemplaba como eximente del “delito” la interrupción de un embarazado no deseado para “preservar la honra” y la violación se consideraba un delito contra la “honestidad”. Se trataba de preservar un concepto de familia patriarcal que tan bien ejemplifican las palabras de unos de los psiquiatras de referencia del franquismo, López Ibor, en relación a su oposición a los métodos anticonceptivos: “el problema no es tanto de la píldora como de la sexualidad en su totalidad. De la contracepción se pasa a todo lo demás: la masturbación, el aborto, el adulterio, la unión institucionalizada entre homosexuales”.

El aborto podía suponer hasta doce años de cárcel. Y la realidad en cifras facilitadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo en 1974 señalaba que se realizaban 300.000 abortos al año y que 3.000 mujeres morían cada año por las circunstancias en las que se abortaba, en malas condiciones o realizados por las propias mujeres ya que un aborto ilegal en buenas condiciones médicas costaba de ochenta mil a trescientas mil pesetas de la época. Todo ello sin cuantificar los “abortos blancos”, producidos por las condiciones de trabajo de las mujeres que estaban igualmente silenciados.

En 1979 el aborto salta a la escena pública: con los juicios a las 11 mujeres de Basauri, Bilbao. 1.300 mujeres artistas, periodistas, profesionales y políticas se autoinculpan y aparece en la prensa, octubre 1979. También otro texto similar de hombres: “yo he colaborado facilitando una dirección para que se pueda abortar”.

Y es el inicio de una cadena de procesos.

El movimiento feminista no desaprovechó ninguna ocasión para intervenir y hacerse oír: referéndum Ley de Reforma política (1976), referéndum de la Constitución (1978), primeras elecciones generales y municipales. La determinación por actuar e intervenir en el proceso constituyente de una nueva sociedad era extensible también a la definición del nuevo marco normativo. El proyecto constitucional es motivo de análisis, debate y propuestas de las organizaciones feministas y, dada su transcendencia, centra gran parte de sus esfuerzos en 1978. El Manifiesto feminista frente a la Constitución elaborado por la Plataforma de Organizaciones Feministas de Madrid planteó numerosas enmiendas en relación a la familia, desarrollo igualitario de la educación.

Respecto al tema más polémico, el aborto, se sustituyó el texto constitucional inicial progresista en el que figuraba: “la persona tiene derecho a la vida y a la integridad física”, por otro que rezaba: “todos tienen derecho a la vida” con el rechazo prácticamente unánime de todas las organizaciones feministas. Puede parecer una nimiedad pero en todo el articulado de la Constitución cada palabra escrita u omitida tiene un profundo significado. En este caso al quitar la referencia a la persona (un feto no se considera persona jurídica), y sustituirlo por “todos”, se introducía una ambigüedad que, como muy pronto se confirmó y venimos padeciendo desde entonces, ha servido a la derecha para esgrimir el argumento de inconstitucionalidad primero frente al proyecto de despenalización parcial del aborto presentado en 1982, y después frente a cualquier intento de despenalización de dicha normativa.

Elogio de Ramiro Pinilla

La claridad, precisión y actualidad de los textos alternativos que se plantearon en relación a la familia, la educación y el aborto, hacen pensar 36 años después en todo lo que nos hubiéramos ahorrado de no ceder a las presiones de la derecha y de la Iglesia … Sin embargo el PSOE y el PCE retiraron los votos particulares que habían presentado respecto al divorcio y al aborto.

Para una buena parte del movimiento representó una importante oportunidad perdida: primero era la lucha general, una concepción “etapista” que identificaba lo general con lo posible y lo que atañe a los varones, y después vendrían las reivindicaciones de las mujeres.

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