350.000 euros tras la recalificación del estadio del Atlético de Madrid

La existencia de un contrato privado firmado en febrero de 2005 entre Fernando Martín y Amando Mayo, regulando el pago de 700.000 euros en concepto de inversión en la operación Calderón, pone de manifiesto que los dos imputados estaban interesados en que se reclasificara el estadio, con la intención de construir viviendas. En el documento se cita un contrario previo, suscrito el 27 de enero del mismo año entre RTM y el Atlético de Madrid, en el que se explica que el club había vendido el 10% de la división inmobiliaria rojiblanca a RTM, que compraba 2.261.848 de acciones (22,6 millones de euros). Ambas partes se prometen "de forma recíproca", la compraventa de los 20 millones de acciones restantes del club en la División Inmobiliaria del Atlético (Dicam).

El apartado segundo del contrato, relativo a la contraprestación por la aportación de 700.000 euros, indica que el socio-gestor (Martinsa) se obliga a realizar al cuenta partícipe (Amando Mayo) los siguientes pagos a cuenta de la liquidación definitiva del proyecto: "La cantidad de 350.000 euros en el plazo de 15 días desde la aprobación definitiva del planeamiento que resulte necesario para la obtención de los aprovechamientos acordados en el convenio urbanístico que se firme entre el club, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la reordenación de la parcela en que se ubica actualmente el estadio Vicente Calderón". Martinsa también se comprometió en el acuerdo, que en su punto octavo incluye una cláusula de confidencialidad, "a abonar 350.000 euros en el plazo de 15 días desde el otorgamiento de las licencias de obras necesarias para la ejecución del proyecto inmobiliario".

De esta forma, tanto Fernando Martín como Amando Mayo confiaban en que el Consistorio madrileño, encabezado por el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre de presidente e Ignacio González como número dos, iban a dar el visto bueno a la operación urbanística. Pero el acuerdo con el Ayuntamiento no llegó hasta el 30 de julio de 2007, dos años después de que Martinsa y Amando Mayo firmaran su contrato.