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Desahucios

El Gobierno multará a 18 de los participantes en el escrache a la vicepresidenta

  • La Policía identificó a 30 personas en el escrache del pasado viernes a la vicepresidenta del Gobierno. Entre ellas, estaba el exsecretario general de Alianza Popular (AP) Jorge Verstrynge. 
  • La Delegación de Gobierno sancionará a 18 de ellos tras estudiar los expedientes

infoLibre Publicada 11/04/2013 a las 14:57 Actualizada 12/04/2013 a las 00:19    
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Un portavoz de la PAH y un afectado frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno.  IBON URIA

Un portavoz de la PAH y un afectado frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno. IBON URIA

El pasado viernes, activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) convocaron un escrache a las puertas de la casa de la vicepresidenta del Gobierno en Madrid. Con el argumento de superar las 20 personas y de no haber sido comunicada previamente la convocatoria, la Policía identificó y abrió expedientes a 30 personas, entre las que estaba el exsecretario general de Alianza Popular (AP) Jorge Verstrynge. 

Los expedientes fueron trasladados a la Delegación del Gobierno en Madrid. Un equipo de ténicos que coordina la delegada del Gobierno,
Cristina Cifuentes, estudió la documentación facilitada por los agentes. Se decidió sancionar a 18 de ellos. La ley que les afecta es la 1/92 de seguridad ciudadana. La sanción, en el caso de los organizadores de estas protestas, puede llegar a los 6.000 euros, según las fuentes consultadas. No obstante, para este episodio no serán superiores a los 1.500 euros.

El movimiento antidesahucios, al igual que las movilizaciones que giran en la órbita del 15-M, se caracteriza por no comunicar sus convocatorias a las autoridades por los cauces habituales porque consideran que es suficiente la difusión que hacen de ellas a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Sanción administrativa

Estos procedimientos, la gran parte de ellos todavía no firmes, acabarán "previsiblemente" en una sanción administrativa de 300 euros, aseguran los abogados del movimiento de los indignados. La Delegación del Gobierno, que en Madrid lidera la conservadora Cristina Cifuentes, inicia el proceso sancionador, aunque cabe un recurso de alzada ante el órgano superior, que es el Ministerio del Interior.


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