La Fiscalía cree que Cifuentes vulneró el derecho de reunión de los manifestantes del 15-M

Activistas del 15-M de la capital han encontrado en la Fiscalía un puntal en su lucha contra lo que ellos definen como "represión de baja intensidad", es decir, las sanciones administrativas –algunas de hasta 1.200 euros– que les impone la Delegación del Gobierno en Madrid por supuestamente participar en movilizaciones no comunicadas por el cauce oficial a este órgano. 

En un escrito, el Ministerio Fiscal, aunque no entra en el fondo del asunto, dice que debería estimarse la demanda por vulneración de un derecho fundamental presentada contra la institución que lidera la conservadora Cristina Cifuentes por un activista que fue sancionado en un acto de protesta convocados por el 15-M al observar fallos en la instrucción policial. Considera, como defienden los demandantes, que la identificación que originó la sanción no fue ratificada por el agente que la realizó, sino por el jefe del operativo. Aunque el caso tendrá que ir a juicio –no hay fecha señalada todavía– los afectados ha acogido con "sorpresa" el espaldarazo de la Fiscalía. "Nos habría gustado más que [la Fiscalía] hubiera estimado que se vulneraron derechos constitucionalmente reconocidos", señala, no obstante, Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de la comisión de Legal que surgió de la acampada de la Puerta del Sol y encargada de dar asistencia letrada a los participantes en movilizaciones del 15-M. 

Los abogados del 15-M aseguran que más de 1.000 activistas han sido sancionados desde mayo de 2011 por supuestamente haberse manifestado o concentrado sin la autorización pertinente. Aunque las sanciones suelen rondar los 300 euros, hay casos, aseguran los abogados de Legal, en ocasiones pueden aumentar hasta los 1.000 o 1.200. "Sucede así cuando la Policía considera a esa persona como organizadora o cuando concluye que ha habido alteración del orden público", asegura Gómez Cuadrado. 

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De hecho, este viernes Legal presentó otras cuarenta demandas contencioso-administrativas contra otras tantas resoluciones de la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid que acordaban sancionar a personas por haber asistido, supuestamente, a convocatorias que no habían sido comunicadas a este órgano por el cauce oficial. Estos recursos llegan después de la "sistemática denegación", aseguran los afectados, de las alegaciones presentadas por centenares de ciudadanos sancionados. 

"La Administración ha ignorado prácticamente todas y cada una de las explicaciones alegadas; ha admitido pruebas sin luego practicarlas; ha obviado vídeos, fotografías y testimonios aportados, basando en la práctica totalidad de las ocasiones la sanción en falsas imputaciones por parte de los agente de policía y ha contestado en todo momento con resoluciones estereotipadas y de 'corta pega', en un alarde de puro 'derecho de defensa formal', pero vacío de contenido real o eficacia material, lo que genera un escenario de absoluta indefensión", señalan los letrados en un comunicado. 

Los activistas creen que estas prácticas "represivas" están orientadas a desincentivar la protesta social, por lo que exigen a la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior que en las movilizaciones que van a tener lugar en los próximos días en el marco del segundo aniversario del 15-M "respeten el ejercicio del derecho de reunión".