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Desahucios

La movilización social impide un desahucio en El Cabanyal

  • La Generalitat Valenciana pretende echar a la calle a una familia con tres hijos dentro del plan de reordenación del barrio
  • En la actualidad, el proyecto está suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional

infolibre Publicada 12/06/2013 a las 22:13 Actualizada 12/06/2013 a las 22:15    
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En la mañana de este miércoles, los teléfonos de la Consejería de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana han echado humo. Los ciudadanos se han movilizado para detener un desahucio, uno más, previsto para este jueves en El Cabanyal, en Valencia. Y lo han conseguido, al menos por el momento.

Las víctimas son Gloria y Javier. El plan urbanístico del Ayuntamiento de Valencia, dirigido por Rita Barberá, prevé la desaparición de 1.600 viviendas en El Cabanyal, una de ellas la de los afectados, para ampliar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar. En la actualidad, el proyecto está suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional. La presiones para detener el desahucio han sido muchas y desde distintos ámbitos.

La Generalitat esperará ahora a conocer el resultado del recurso de apelación que presentó la abogada de la familia en el juzgado número 6 de lo Contencioso- Administrativo de Valencia. El de Gloria y Javier no es un caso aislado. La Generalitat sigue denunciando y los juzgados siguen cursando órdenes de desalojo. Y se continúan tapiando viviendas en El Cabanyal.

En el vídeo realizado por el periodista Sergi Tarín, que acompaña esta información, Gloria se dirige en primera persona en busca de solidaridad y apoyos. Para este jueves a las ocho horas se había convocado una concentración en la puerta de su casa, el patio 23 de los bloques portuarios, junto a la parada de Les Arenes. El matrimonio vive con tres hijos menores, dos de ellos enfermos. La casa que ocupan desde hace cuatro años es del IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda), entidad que gestiona pisos de alquiler social para familias sin recursos, como en su caso.

Aunque siempre han intentado regularizar su situación, desde el IVVSA se han negado. En todo caso, la Generalitat no tiene intención de asignar la vivienda a otra familia en riesgo de exclusión. Al encontrarse en la zona de la prolongación de la avenida, la vivienda será tapiada a la espera de su demolición.


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