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Impuestos

Asturias celebra que el Constitucional les permita cobrar el impuesto a los depósitos bancarios

infolibre

El Gobierno asturiano considera "una buena noticia política y presupuestaria para todos los asturianos" que el Tribunal Constitucional haya levantado la suspensión del impuesto a los depósitos bancarios.

El Ejecutivo recuerda, a través de una nota de prensa, que con esta decisión, podrá recaudar el tributo, establecido en los presupuestos de este ejercicio. Así, la cantidad prevista ronda 30 millones.

Según recuerda el gobierno asturiano, el Tribunal Constitucional había suspendido en febrero de forma provisional la aplicación del impuesto a raíz del recurso presentado por la abogacía del Estado, a instancias del Gobierno central. El tribunal disponía de cinco meses para decidir si mantenía o retiraba la suspensión. Transcurrido ese plazo, ha resuelto permitir el cobro del tributo hasta que se pronuncie definitivamente sobre el fondo del asunto.

El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha indicado que para el Gobierno asturiano es "una buena noticia". "Compartimos plenamente los razonamientos que sostienen el auto. En especial, el que señala que los intereses particulares del sector financiero no pueden prevalecer sobre los intereses generales de los ciudadanos", afirma Martínez. Los magistrados también resaltan la importancia presupuestaria del tributo en las circunstancias actuales.

A partir del conocimiento oficial del auto, el Gobierno asturiano iniciará el proceso correspondiente para su recaudación. "La decisión del Constitucional es satisfactoria política y presupuestariamente. La primera es importante, pero la segunda también tiene muchísimo valor. Treinta millones son una cantidad muy notable en esta coyuntura. Aunque siempre confiamos en que el Tribunal levantaría la suspensión, también teníamos cierta inquietud; ahora, felizmente, ha quedado disipada", aseguró el portavoz del Principado.

Martínez ha insistido en que confía en que la decisión final del TC comparta la argumentación jurídica del Gobierno asturiano y del Consejo Consultivo.

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