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Operación Pokémon

La portavoz del PP gallego dimite por su relación con la operación Pokémon

  • Paula Prado no abandona sin embargo el escaño, por lo que seguirá siendo aforada ante el TSJ gallego
  • Prado podría haber pagado facturas infladas para beneficiar a un empresario y podría haber influido en la contratación de personas próximas al PP

infolibre Publicada 04/06/2014 a las 20:44 Actualizada 04/06/2014 a las 20:45    
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La diputada del PP, Paula Prado.

La diputada del PP, Paula Prado.

EFE
La portavoz del PPdeG, Paula Prado, ha anunciado este miércoles su dimisión "irrevocable" de este cargo, aunque se mantendrá como diputada autonómica y por tanto seguirá siendo aforada. La conservadora ha reconocido que su relación con el caso Pokémon, en la que está siendo investigada y se le abrió una pieza separada, no está "ayudando al partido" y le impide "hacer el trabajo que exige una portavocía".

El anuncio de la dimisión de Paula Prado se produce tras tres meses sin comparecer ante los medios de comunicación, después de que trascendiesen sus comprometedoras conversaciones incluidas en el sumario de la Operación Pokémon. A raíz de esos pinchazos telefónicos, la jueza Pilar de Lara creó una pieza separada al hallar en el comportamiento de la diputada "ciertas irregularidades que pudieran ser constitutivas de infracción penal".

Dada su condición de aforada como diputada autonómica, a principios del pasado mes de diciembre la jueza preguntó al Ministerio Fiscal si procedía elevar "exposición motivada" al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recibió el visto bueno para ello pocos días después, aunque por el momento el caso no ha llegado aún al alto tribunal gallego. La diputada autonómica declaró ante la jueza en calidad de testigo, pero por el momento no está imputada.

Sin entrar a "valorar los pormenores de la investigación judicial", Prado ha señalado que toma esta decisión porque "en estos momentos" no está "en disposición de dar los mensajes del PP con la claridad que necesitan para permanecer cerca de los ciudadanos". En este sentido, ha recordado que a raíz de la investigación de el caso Pokémon, "en las últimas ruedas de prensa lo último que importaba eran las propuestas del PP".

Paula Prado ha desvinculado su papel como portavoz del PPdeG de su trabajo como diputada en el Parlamento, un puesto del que no dimitirá. "Soy una diputada muy trabajadora, llevo mucho trabajo en mi portavocía. Una cosa es la labor de comunicadora y otra la labor de legisladora, y como legisladora estas cuestiones no afectan en absoluto", ha defendido.

En cualquier caso, ha rechazado analizar pormenores de la pieza separada abierta sobre ella dentro de la investigación, aunque ha defendido su inocencia, ha mantenido que no cometió "ninguna ilegalidad" como cargo público y ha asegurado que "no contempla la posibilidad" de que la imputen.

Hechos investigados

No obstante, fuentes conocedoras del procedimiento sobre Paula Prado trasladaron a Europa Press que el hecho de que la jueza aún no haya remitido al Superior la pieza sobre ella respondería a que "quedaban cuestiones por investigar" para poder trasladar "unos hechos" cerrados y que en ello se habría centrado en los últimos meses.

Así, según un auto del pasado 23 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo investiga al marido de Paula Prado, Francisco Antonio O.I., por supuestamente obtener beneficios en su negocio "prevaliéndose de su relación matrimonial" en su actividad de venta de materiales textiles a determinados organismos públicos, entre ellos los ayuntamientos de Santiago y Boqueixón (A Coruña).

Además, también se investiga la participación de Paula Prado cuando era concejala en el Ayuntamiento de Santiago en "el pago de una factura inflada" por la representación del espectáculo La Abeja Maya, para beneficiar al empresario Jesús Fuentes Maceira, implicado también en "adjudicaciones presuntamente ilícitas" a favor de GRS y Aquagest.

En tercer lugar, también se indaga sobre la "influencia" de Paula Prado en la contratación de determinadas personas "afiliadas o próximas ideológicamente" a su partido "en empresas concesionarias de obras y servicios" del Ayuntamiento de Santiago, "llegando a adaptar para ello los currículos a los puestos de trabajo".

"Independientemente de otros supuestos, revelados en los informes presentados, habría enchufado supuestamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa, adjudicataria del concurso de la Escuela infantil de Salgueiriños. Igualmente podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local llamado Moon, probablemente de apertura o cierre por ruidos", aseguraba en un auto judicial Pilar de Lara.
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