El Gobierno vasco critica que Interior haya quitado las ayudas a víctimas del GAL

"En política de víctimas tiene que guiarnos el criterio de no discriminación". Son palabras de Jonan Fernandez, secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco, que en declaraciones a infoLibre denuncia la decisión tomada por el Ejecutivo central de retirar a 46 víctimas de grupos como los GAL y Batallón Vasco Español las ayudas que recibían como víctimas del terrorismo. Interior justifica la medida por su supuesta "pertenencia a ETA".

La polémica ha vuelto a la palestra tras la respuesta del Ejecutivo el pasado día 31 de julio a una pregunta parlamentaria de Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, en la cual justificaba la retirada de las ayudas por "la pertenencia [de los afectados] a la organización terrorista ETA u organizaciones vinculadas". Según señalaba el Gobierno, esta pertenencia estaba "probada de forma adecuada y suficiente" a través de "los informes correspondientes". No obstante, la controversia viene de lejos, porque en abril el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya admitió en el Congreso que se habían retirado las ayudas a 46 víctimas por pertenecer "al mundo de ETA".

La reafirmación del Ejecutivo en su tesis ha vuelto a provocar una avalancha de críticas a las que se han sumado tanto el Defensor del Pueblo del País Vasco, Íñigo Lamarca, como el propio Gobierno autonómico y el PNV, el partido que lo sustenta. El presidente del partido en Álava, Xabier Agirre, denunció este jueves que se retiren las subvenciones a las víctimas del GAL y se mantenga como víctima e incluso se rinda "homenaje a un torturador franquista como el señor Melitón Manzanas", que, según el dirigente, "también practicaba el terrorismo".

"Las resoluciones ahora dictadas no entran a valorar la condición de víctimas del terrorismo o no de los solicitantes, sino que vinculan el derecho a percibir la cantidad indemnizatoria, al cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos por la normativa vigente y, por tanto, aplicable al caso", se esfuerza en remarcar la respuesta del Gobierno, que incide en que las víctimas siguen teniendo condición de tal. No obstante, para Jonan Fernández, este tratamiento supone una "discriminación". "Lo que no se puede hacer es retirar los beneficios a una víctima que tiene reconocida su condición por acusaciones basadas en conjeturas", denuncia.

El origen de los informes: la Policía

Este es precisamente uno de los puntos más polémicos: los motivos en los cuales se basa Interior para incluir a estas 46 víctimas dentro de ETA o su entorno. El Ministerio tan sólo explica en su respuesta por escrito que los informes han sido elaborados "por el órgano competente en función de la materia", y afirma que la decisión de negar la ayuda a estas víctimas está contemplada por la ley.

"Estas resoluciones se han dictado de conformidad con lo previsto en la normativa vigente en la actualidad, [...] que establece el sometimiento a los principios previstos en el Convenio n.º 116 sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos del Consejo de Europa", explica el Gobierno en su respuesta. Dicho Convenio señala que "se podrá reducir o suprimir (…) la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos'". Esta acotación fue introducida en la ley el pasado año 2013, como se encargó de recordar en abril el ministro Fernández Díaz.

En este sentido, Jonan Fernández aclara que los informes provienen de la Policía, y denuncia que la decisión de Interior se apoye en documentos administrativos y no en una sentencia judicial. En el mismo sentido se expresó Xabier Agirre, que señaló que "lo razonable" sería que fuesen los jueces quienes determinasen si estas 46 personas "están vinculadas o no a ETA, y no el Gobierno del señor Rajoy". Y también utilizó el mismo argumento Íñigo Lamarca, que declaró que "no cabe hacer distingos" y aseveró que "tendrán que ser los tribunales los que actúen a instancias de las personas que se han visto perjudicadas".

Los afectados recurrirán

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También cita a la Justicia el propio Ejecutivo, aunque para dejar la puerta abierta a eventuales recursos. "Contra las resoluciones denegatorias queda expedita la vía judicial que, en ningún caso, se ha negado a los interesados y a la que muchos de ellos ya han recurrido", señala el Gobierno. Agirre es mucho más duro al señalar que lo que pretende el PP es "acomodar la legislación" a "sus propios intereses partidistas y políticos", un razonamiento que secunda Jonan Fernández, que explica que el Gobierno vasco encargó al Instituto Vasco de Criminología un informe a tenor de las negativas a conceder las ayudas, un documento con un resultado "demoledor". De hecho, Ignacio Muñagorri, catedrático de Derecho Penal de la UPV y uno de los autores del informe, incluso afirmó que con su decisión Fernández Díaz pudo cometer un delito de prevaricación.

Y los afectados piensan recurrir, según anunciaron el pasado día 16 de julio ante el Parlamento Vasco. Las portavoces de la Fundación Egiari Zor, en torno a la cual se han agrupado algunas de estas 46 personas, señalaron que en principio presentarán recursos administrativos y, si no consiguen que se les otorguen las ayudas, recurrirán al Tribunal Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de la UE. “Se ha atacado la presunción de inocencia”, denunciaron las representantes, que afirmaron sentirse "humilladas y dolidas".

"Estamos hablando del GAL, del Batallón Vasco Español, etc. Nadie ha puesto en duda, porque eso está bien fijado en la Ley y en la aplicación judicial que se ha hecho de estas leyes, que las víctimas de esos grupos también son víctimas y tienen derecho a la verdad, a la justicia, al reconocimiento y a la reparación", ha recordado por su parte el Defensor del Pueblo vasco, que reclamó "aplicar e interpretar la Ley de otra manera", porque "lo que está claro es que ETA no va a volver a actuar".