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Caso de los ERE

El Supremo decidirá si asume todo el ‘caso ERE’ o solo la parte de los aforados

  • El Alto Tribunal no ofrece más datos relacionados con las personas afectadas por la decisión de la jueza Alaya
  • Entre los "preimputados" se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que serían aforados al ser miembros de las Cortes

Publicada 12/08/2014 a las 13:49 Actualizada 12/08/2014 a las 19:23    
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La Juez Mercedes Alaya.

La Juez Mercedes Alaya.

EUROPA PRESS
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recibió este martes exposición razonada de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERES, "relativa a varias personas aforadas", según informó el alto tribunal sin ofrecer más datos en relación a las personas afectadas por esta decisión. El documento viene acompañado de una veintena de tomos del sumario y numerosos DVD con documentación, según las mismas fuentes.

La juez Alaya ha tomado esta decisión después de que el pasado 30 de julio la Audiencia Provincial de Sevilla rechazara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados 'preimputados', informa Europa Press.

Fuentes del Tribunal Supremo han asegurado a infoLibre que primero el tribunal tendrá que determinar si hay indicios suficientes para seguir adelante con la investigación contra los diputados. Pero también tendrá que dilucidar si el caso se mantiene íntegro en el Supremo o por el contrario instruye solo la parte relacionada con los aforados. Dejando el resto para la propia jueza Alaya.

Entre estos "preimputados" se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que serían aforados ante el Supremo al ser miembros de las Cortes (el primero diputado y el segundo senador). En el mismo caso se encontraría el exconsejero José Antonio Viera, igualmente miembro del Congreso, mientras que el resto son otros cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía.

Responsables ante el Supremo

Sobre estos últimos, el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Andalucía indica que la responsabilidad penal de los consejeros será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Ahora el alto tribunal deberá decidir si el contenido de la documentación remitida por la juez es suficiente para admitir la causa e investigar a los siete ex altos cargos afectados por la decisión de la juez, acotar la instrucción y tramitar los correspondientes suplicatorios.

En su última decisión del pasado mes de julio, la Audiencia de Sevilla rechazó "trocear" el caso tal y como solicitaba Anticorrupción, advirtiendo de que "la inconcreción fáctica de los criterios expuestos por la Fiscalía podría generar un riesgo de desorden procesal a través de la remisión por goteo de asuntos" al Supremo.

El pasado mes de abril, Alaya tuvo que pedir tanto al Tribunal Supremo (TS) como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la "auxiliaran" para notificar el auto de preimputación a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados, después de que las Mesas del Congreso y del Senado acordaran devolver a la magistrada los requerimientos que ella había expedido a tal efecto directamente a las cámaras y que fueron rechazados.

En dicha ocasión preimputó a Chaves, Griñán y otros cinco exconsejeros de la Junta: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila.

Estos oficios, según justificó en dicho momento la juez, "se hicieron llegar a través de agentes de la Guardia Civil que actuaron como meros portadores", y en ellos se disponía poner en conocimiento de las citadas personas la existencia del "procedimiento que se tramita en este Juzgado, a los efectos del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, auto que necesariamente debe ser notificado, por si quisieran ejercer el derecho de defensa en dicho procedimiento".

La juez solicitó este auxilio al Supremo y al TSJ porque las Mesas del Congreso y del Senado acordaron devolverle la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al senador socialista José Antonio Viera, y advirtieron a la magistrada que no había optado por el "camino correcto" para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.



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