Las clínicas privadas quieren potenciar el turismo sanitario para multiplicar sus ingresos

La sanidad privada confía en el turismo sanitario para aumentar su cifra de facturación en los próximos años. Así lo confirma un estudio elaborado por Deloitte por encargo de la Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) que cifra en 1.000 millones de euros el dinero que esperan ingresar los hospitales privados en 2020 sólo a través del negocio generado por los ciudadanos extranjeros que deciden viajar a España para recibir asistencia sanitaria.

Según datos de la Fundación IDIS, el lobby que agrupa a clínicas y aseguradoras, los centros sanitarios privados facturaron 9.821 millones de euros en 2012, el último año del que hay cifras. Alcanzar la cifra de 1.000 millones de euros significaría aumentar los ingresos de los hospitales un 10% (en relación a las cifras actuales) sólo por la vía del turismo médico. Y supondría también multiplicar por siete la facturación por este concepto respecto a 2010, cuando las clínicas privadas se embolsaron 140 millones de euros solo a través de las llamadas vacaciones sanitarias. 

Los autores del informe citan los precios competitivos, el clima mediterráneo y el complemento con el resto de la oferta turística como alguno de los elementos clave dentro de la estrategia que deberían seguir los grandes operadores de sanidad privada para captar turistas sanitarios especialmente de destinos europeos con rutas aéreas comerciales con España. De hecho, según datos aportados por la consultora, entre los turistas sanitarios de España, la mayoría son franceses (38,67%), seguidos de alemanes (35,09%), ingleses (9,18%) y suecos (6,23%). Entre todos suman casi el 90% del total de los extranjeros que eligen España para tratarse. 

Sin embargo, los analistas consideran que existe todavía mucho mercado por explotar en este ámbito. Y por eso son tan optimistas respecto a las futuras cifras de negocio. La realidad es que los datos aportados por el citado informe reflejan que España no está todavía entre los principales destinos. Por ejemplo, sólo el 5% de los alemanes que se marcharon fuera de su país para operarse eligieron España, por el 14,02% de los suecos, el 16,36% de los franceses o el 17,74% de los ingleses. La prioridad pasa ahora por afianzar estos mercados y potenciar España como reclamo turístico de salud para ciudadanos del norte de África y también Rusia, Oriente Medio y América Latina.

Con estos objetivos encima de la mesa encajan las pretensiones el grupo puertorriqueño HIMA San Pablo –adjudicatario de la gestión de tres de los seis hospitales públicos que la Comunidad de Madrid quería privatizar–, cuyo presidente dijo en una entrevista en la Cadena Ser que uno de los motivos de su interés por gestionar estos centros sanitarios era "fomentar el turismo sanitario procedente de Marruecos". No obstante, hay que tener en cuenta que en este caso se trataba de gestionar hospitales públicos a través de empresas privadas, aunque el proceso fue finalmente tumbado en los tribunales. 

Además, desde hace casi un año está en vigor la directiva europea sobre asistencia sanitaria transfronteriza, que contempla la libre circulación de pacientes en la UE y da facilidades para que los Estados se hagan cargo de los gastos sanitarios hechos por sus ciudadanos en otros países de la Unión. La sanidad privada es la principal beneficiaria de esta normativa, pues ofrece precios que para la clientela europea son competitivos, pero sin el hándicap de las abultadas listas de espera de los hospitales públicos. A Estados con rentas altas les puede salir más económico llevar a cabo determinadas intervenciones en España que en sus propios países. 

exclusión sanitaria 

Este empeño de los grandes grupos sanitarios privados por incrementar la captación de turistas que requieran servicios sanitarios también contrasta con las declaraciones con las que dirigentes del Gobierno y del Partido Popular han justificado algunos de los aspectos más criticados de su reforma sanitaria de 2012. Esta remodelación –defendida bajo la premisa de que había que dar estabilidad al sistema– despojó a los inmigrantes sin papeles de sus tarjetas sanitarias y, por tanto, del derecho a la sanidad normalizada en España, entre otros asuntos. 

La necesidad de acabar con el turismo sanitario y así "ahorrar 1.000 millones de euros" fue otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para, desde el pasado septiembre, retirar la tarjeta sanitaria a los parados sin prestación que salgan de España durante más de 90 días en un año, si bien la ley establece que la recuperan al volver tras realizar el correspondiente proceso burocrático. Esta medida, justificó la exministra Ana Mato, tenía como objetivo limitar los casos de "personas que vienen a España, se empadronan y con ese empadronamiento obtienen la tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos en España".

Pero este, claro, no es el turismo sanitario que buscan consolidar operadores turísticos, empresarios, gestores y empleados de la sanidad privada y hasta las propias Administraciones públicas, interesados por el paciente-cliente que elige tratarse en un centro privado español porque puede pagárselo de su bolsillo o porque posee una póliza que lo abona.

La buena salud de la sanidad privada 

Por otro lado, el citado dato de facturación de las clínicas privadas (9.821 millones de euros en 2012) evidencia el buen estado de salud de este sector. Y las cifras oficiales que recoge el Catálogo Nacional de Hospitales, editado por el Ministerio de Sanidad, también. Según esta estadística hay 474 hospitales privados en España (el 56% del total) y en nueve de las 17 comunidades ya son más los privados que los públicos. 

Por número de hospitales, el caso más llamativo es el de Cataluña, donde hay 156 privados por 55 de gestión pública, si bien esta autonomía ha desarrollado desde la transmisión de competencias un sistema muy particular. Otras comunidades tienen también porcentajes altos de clínicas privadas sobre el total. Es el caso, por ejemplo, de Navarra, que cuenta con siete clínicas privadas (el 64% del total) por cuatro públicas. Le siguen La Rioja (62,5% de privados), Murcia (60,7%), País Vasco (60,5%), Madrid (60%), Canarias (57,5%), Asturias (52,4%) y la Comunidad Valenciana (50,8%).

La cara oscura del boom turístico

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En el otro lado del ranquin, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma en la que hay menos hospitales privados sobre el total de centros sanitarios. La relación es de 19 a 9. A continuación va Aragón, donde diez de los 19 grandes centros de atención especializada está en manos de empresas o de la Iglesia católica. En Castilla y León el 60% de los hospitales son públicos (27 de los 45 existentes). En Extremadura los públicos son el 57,1% del total y en Galicia el 52%. Muy igualadas están Andalucía, con 61 públicos por 58 privados. Y Baleares y Cantabria que están justo al 50%.

De las 474 clínicas privadas que hay en todo el Estado, la mitad (240) tienen algún tipo de concierto con la sanidad pública, según datos del ministerio. Los sindicatos denuncian que pese a las restricciones presupuestarias, las administraciones autonómicas han seguido dejando abierto el grifo de la colaboración con entidades privadas al tiempo que recortan en la pública. El aumento de las listas de espera para operarse en la sanidad pública, que conlleva indudables perjuicios para los pacientes y plantea problemas de imagen para los gobernantes, suele acabar en la firma de convenios con entidades privadas a las que la Administración paga para que realicen determinados servicios.

Es habitual recurrir a iniciativas de carácter coyuntural o puntual como son los planes de choque que incluyen, entre otras medidas, derivaciones masivas a clínicas privadas en las que suelen realizarse cirugías sencillas para aligerar las listas de espera, como cataratas, juanetes, hernias, liberación del túnel carpiano o varices. Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León han puesto en marcha iniciativas de este tipo en los últimos meses.