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Declaración ante el Tribunal Supremo

Griñán declara ante el Supremo que dejó la Junta por “responsabilidad política” tras conocer la “barbaridad” de los ERE

  • El expresidente andaluz, interrogado como imputado durante cuatro horas, culpa de lo sucedido a la Consejería de Empleo
  • Griñán niega haber conocido informes que alertaban de ilegalidades en los ERE pero admite que hubo “un gran fraude”

Publicada 09/04/2015 a las 14:55 Actualizada 09/04/2015 a las 23:30    
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José Antonio Griñán, a su llegada esta mañana al Tribunal Supremo para declarar como imputado.

José Antonio Griñán, a su llegada esta mañana al Tribunal Supremo para declarar como imputado.

EFE
El expresidente andaluz José Antonio Griñán sostuvo este jueves durante su declaración como imputado por el caso de los ERE ante el Tribunal Supremo que si dimitió de su cargo hace casi dos años fue porque asumió su “responsabilidad política” tras conocer la “barbaridad” en el reparto de unas ayudas que durante años se hizo “de forma aleatoria y sin control”. Así consta en el resumen de su larga declaración de cuatro horas, al que ha tenido acceso infoLibre.

Cuando dimitió como presidente de la Junta en agosto de 2013, Griñán aseguró que lo hacía para “preservar” al Gobierno andaluz “de la erosión” causada por el caso. Desde entonces, él mismo y su sucesora, Susana Díaz, han sugerido de forma alambicada aunque nunca explícita que aquella dimisión fue una forma de pagar políticamente los platos rotos del mayor escándalo de corrupción afrontado por los socialistas en lustros. Pero nunca hasta ahora, como este jueves ha hecho ante el Supremo, Griñán había definido de modo tan nítido su cese voluntario como una asunción de responsabilidades políticas.

En pleno debate sobre si, más allá de las responsabilidades penales que eventualmente señalen los jueces en este proceso, Griñán y su predecesor al frente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, deben asumir responsabilidades políticas abandonando sus escaños en el Senado y el Congreso, el primero de los dos exdirigentes citados reconoció de forma palmaria que fallaron los controles de gasto.

Pero lo hizo con un matiz clave que Griñán lleva reiterando desde que en agosto de 2013 abandonó la presidencia de la Junta de Andalucía: que la culpa de esa ausencia de controles –que merece la asunción de una responsabilidad política “e incluso penal”, dijo– recae sobre la Consejería de Empleo, no sobre la de Hacienda. La de Hacienda es la que Griñán dirigió entre 2004 y abril de 2009, cuando ascendió a la jefatura del Ejecutivo andaluz tras la incorporación de Chaves al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es más: el expresidente andaluz destacó que a partir de 2005, el primer año cuyas cuentas gobernaba como consejero de Hacienda tras la marcha de su antecesora, Magdalena Álvarez, se incrementaron los controles financieros.

Griñán atribuyó de forma tan estricta la autoría de lo sucedido a la Consejería de Empleo que negó incluso conocer el contenido del convenio marco que, firmado en 2001, fijó los parámetros legales para el reparto de ayudas a empresas en crisis o con expedientes de regulación de empleo.

El papel de Viera

Suscrito por José Antonio Viera, entonces titular de Empleo y también imputado ante el Supremo, ese convenio marco es el que determinó que un organismo adscrito a esa Consejería, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), canalizase los pagos previa recepción de los fondos a través de la figura conocida como transferencias de financiación.

El expresidente Griñán reiteró asimismo lo que ya había expuesto ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz: que la Intervención General de la Junta jamás alertó de ilegalidades ni reclamó el cese del sistema empleado para el reparto de ayudas. En esa comisión, en cambio, Griñán se había referido al convenio marco de 2001 con naturalidad. Es decir, como a un acuerdo conocido por todos.

La jueza Mercedes Alaya, durante años instructora del caso de los ERE y que lo envió al Supremo por la condición de aforados de varios cargos del PSOE a los que pretendía imputar –Viera, Griñán y Chaves entre ellos–, sostiene que ese convenio marco fue en realidad un andamiaje construido para sustentar el multimillonario fraude, que cifra en 855 millones.

"Un gran fraude"

Griñán, que declaró como imputado durante más de cuatro horas, también habló a los medios de comunicación a su salida del Tribunal Supremo: "No hubo un gran plan [para el desvío de fondos], pero hubo un gran fraude, y es evidente que algunos controles pudieron fallar", dijo. El ahora senador socialista reflexionó sobre su situación, que calificó de "mala" para él y para su familia y añadió que ha vivido un auténtico "calvario" con su implicación en esta causa aunque dejó claro que confía en la Justicia.

El expresidente se expresó en su declaración en términos muy técnicos a las preguntas que le realizó el juez instructor, Alberto Jorge Barreiro. Y no contestó en ningún momento a las que le hizo la acusación particular en representación de Manos Limpias y el PP andaluz.
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