Audiencia Nacional

Los Carceller retrasan seis meses el juicio que enfrenta al presidente de Damm a 14 años de cárcel

Demetrio Carceller Arce, en un acto público.

Los Carceller, la familia propietaria del grupo alimentario Damm, han logrado retrasar seis meses el juicio que estaba previsto se celebrara, en junio pasado en la Audiencia Nacional, contra el padre, Demetrio Carceller Coll, y el hijo Demetrio Carceller Arce.

Tanto el juez Pablo Ruz como la Fiscalía Anticorrupción les acusan de ser los presuntos autores de un gigantesto fraude por el que tuvieron que abonar sendas fianzas civiles de 476,4 y 236,4 millones de euros, respectivamente, lo que supone un total de 764,8 millones.

Demetrio Carceller Coll, padre del actual presidente del grupo Damm, Demetrio Carceller Arce, afronta una petición fiscal de 48 años de cárcel, mientras que su hijo se enfrenta a 14 años, como presuntos autores de 16 delitos contra la Hacienda Pública y dos de blanqueo de capitales. Estos dos empresarios son los descendientes de Demetrio Carceller Segura, ministro de la dictadura franquistaDemetrio Carceller Seguradictadura franquista.

Este alto cargo del régimen de Franco, fallecido en 1968, fue nombrado el 17 de octubre de 1940 responsable del Ministerio de Industria. Pronazi convencido, es considerado también, tal y como recuerda el historiador Josep Fontana en su obra La economía del primer franquismo, "el iniciador de la corrupción a gran escalacorrupción a gran escala".

Ocultó sus rentas

En el caso de Carceller Coll, el padre del actual presidente de Damm, el fiscal le acusa de ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española. "Simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y en el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España", reprocha el representante del Ministerio Público, que acusa a Carceller Coll de haber defraudado a Hacienda más de 72 millones.

Por su parte, a Carceller Arce se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública, en concreto por el fraude de IRPF correspondiente a los ejercicios fiscales de 2007, 2008 y 2009 y por fraude en el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal 2007, además de un delito de blanqueo de capitales. Anticorrupción le pide por ello 14 años de cárcel.

La Audiencia Nacional ha acordado retrasar hasta enero de 2016 el juicio, que tenía previsto celebrar desde el 23 de junio pasado contra los Carceller y dos de sus colaboradores, José Luis Serrano Flórez y Gabriel Ignacio Petrus Labayen.

Petrus Labayen era uno de los propietarios del bufete de abogados Petrus, cuyo nombre aparece en el origen del caso Gürtel y en la denominada Operación Pretoria.

Tres testigos

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal acordó que el desarrollo definitivo de la vista, que constará de diez jornadas, se extienda entre el 11 y el 22 de enero, debido a que Estados Unidos no fue capaz de cumplimentar la comisión rogatoria que el tribunal cursó para que declararan tres testigos a través de videoconferencia en el juicio.

Los testigos comparecerán a petición de las defensas de los Carceller, padre e hijo, y del también procesado Gabriel Ignacio Petrus Labayen. Y según fuentes jurídicas, las defensas consideran de vital importancia estos testimonios, que buscan exonerar al actual presidente del grupo Damm de su participación en la gigantesca trama defraudatoria.

Esta trama consistía en ocultar sus rentas al fisco español, por lo que pagaban menos impuestos. Utilizaban para ello empresas radicadas en paraísos fiscales, cuya auténtica propiedad ocultaban.

Las defensas pidieron aplazar la celebración de la vista oral dada la relevancia que atribuyen a estos tres testigos, que serán citados para que declaren en lo que se denomina prueba anticipada, que significa que prestarán testimonio antes de iniciarse la vista oral.

La opinión de la Fiscalía

Por su parte, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que las declaración de estos tres testigos "no son relevantes". 

La Fiscalía Anticorrupción considera que Carceller Arce ha sido cooperador necesario de los delitos que atribuye a su padre, para quien pide 48 años y seis meses de cárcel. En el banquillo de los acusados se sentarán también los mencionados Serrano Flórez y Petrus Labayen.

El Ministerio Público considera que el actual presidente de Damm participó "activamente" en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en las inversiones inmobiliarias de Arizona, articulando las estructuras societarias necesarias para ocultar las rentas generadas y colaborando en la simulación de la residencia de su padre fuera de España. También intervino en la creación de la estructura para canalizar y ocultar las inversiones de su padre en centros comerciales de Arizona mediante la creación de sociedades en las Antillas Holandesas.

La investigación llevada a cabo por el magistrado Pablo Ruz y la Fiscalía Anticorrupción acredita, de esta forma, la existencia de "una trama defraudatoria a Ia Hacienda Pública, en relación aI Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio y al lmpuesto de Sucesiones".

Según Ruz, esta trama ocultó desde los años 90 el domicilio real de Demetrio Carceller Coll, el expresidente del Grupo Damm, que aseguraba vivir en Portugal, cuando en realidad residía en Madrid. Además, creó varias estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales, "reinvirtiendo en sus empresas españolas las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, se han ido defraudando a la Hacienda Pública española", explica el juez en un auto.

La Fiscalía atribuye en concreto a Carceller Arce el delito de cooperación necesaria por contribuir a la ocultación de las inversiones inmobiliarias de su padre en Arizona, mediante la gestión de estructuras necesarias para ocultar todas las rentas generadas.

Y para ello utilizaron unas sociedades de las antiguas Antillas Holandesas que figuraban como titulares formales de "importantes inversiones inmobiliarias" y comerciales en Phoenix y Tucson, la capital y la segunda ciudad de Arizona, respectivamente.

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Socia minoritaria

En estas inversiones inmobiliarias Demetrio Carceller Coll contaba con una socia minoritaria que, tal y como resalta el Ministerio Público, regularizó su situación fiscal antes de que el procedimiento se dirigiera contra la misma, ya que en 2010 presentó declaraciones complementarias del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes a los ejercicios 2005 a 2007 y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2005 a 2009.

"De esta forma afloró todos los activos, ganancias, rentas e intereses procedentes de estas inversiones inmobiliarias, algo que, "en ningún momento, ha realizado Demetrio Carceller Coll", indica Anticorrupción en su denuncia.

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