La Campaña por el Cierre de los CIE exige acabar con las redadas y las deportaciones de inmigrantes

Ocurre todos los días. Nada casual es la presencia de policías nacionales en estaciones de trenes y autobuses. O la actuación de agentes de paisano en los barrios obreros de las grandes ciudades, cerca de locutorios, mezquitas o lugares de encuentro de inmigrantes. A diario se identifica a extranjeros sin papeles que, muchas veces, acaban expulsados en un plazo de 72 horas. En ocasiones se les busca por una nacionalidad concreta y así llenar los vuelos masivos que se organizan a países como Marruecos, Argelia, Senegal, Nigeria, Ecuador o Colombia, principalmente.

Según los datos de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE se producen entre 10.000 y 12.000 deportaciones anuales. Alrededor de 2.000 se efectúan en vuelos especiales, unas 800 en barcos al Magreb y, el resto, en vuelos comerciales, en la parte trasera del avión, con escolta policial y a la vista del pasaje. El promedio anual de operativos de expulsión es de 140, uno cada dos días y medio. Más de 100 son a Marruecos. Y los vuelos macro alcanzan la cifra de 40, organizados a partes iguales entre España y Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión.

Estas son algunas de las cifras barajadas durante el quinto encuentro estatal por el cierre de los CIE, que se celebra en Valencia entre el 5 y el 7 de diciembre, con cerca de 60 activistas. Entre ellos Eduardo Romero y Eva Martínez, de Asturias, miembros de Cambalache, integrada en la Ruta contra el Racismo y la Represión. Ambos forman parte de la campaña de boicot al grupo turístico Globalia, formado por Air Europa, Swift Air, Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Latitudes, Iberrail, Touring Club, Travelplan y la cadena de hoteles Be Live. Según la cifras facilitadas por esta campaña y completadas en el informe Paremos los vuelos, Globalia recibió 36 millones del Estado para expulsiones aéreas entre 2013 y 2016. La firma está presidida por Juan José Hidalgo, imputado por un supuesto fraude relativo a los descuentos para residentes de los billetes de avión a Baleares y Canarias. Por este caso la compañía ya aceptó a principios de noviembre devolver al Estado 13,5 millones. Entre los propietarios del grupo están el Banco Popular, Unicaja y el exministro de Exteriores del Partido Popular, Abel Matutes, quien adquirió el 5% del grupo al mes de que Air Europa recibiera su primer contrato para deportar extranjeros.

“Teníamos un problema y lo hemos solucionado”

Pero las expulsiones de extranjeros en España no son nuevas. En julio de 2006, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ordenó la devolución de 103 inmigrantes confinados en Melilla a distintos países de África a bordo de cinco aviones militares. Para ello se les sedó, maniató con bridas de plástico y vendó los ojos. El escándalo fue resuelto por José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, a la voz de: “Teníamos un problema y los hemos solucionado”. A finales de los noventa hubo 26 expulsados a Guinea Ecuatorial a través de un vuelo turístico. Y en 2006, durante la conocida como “crisis de los cayucos”, 31.000 inmigrantes llegaron a Canarias y al menos 4.000 fueron deportados a Senegal entre el 14 de septiembre y el 17 de octubre a razón de una quincena de vuelos semanales, según relata Claire Rodier en el libro El negocio de la Xenofobia.

Pero uno de los hechos más nefastos se produjo el 9 de junio de 2007 cuando el inmigrante nigeriano Osamuyi Aikpitanyi falleció en un avión comercial tras ser amordazado por su escoltas, quienes cinco años después fueron condenados a 600 euros por una imprudencia leve. Aquel hecho destapó a la luz el operativo de vuelos comerciales para expulsar extranjeros con nulas garantías hacia los derechos humanos.

El uso de vuelos comerciales para deportar extranjeros derivó, en 2012, en una fuerte campaña de boicot por parte de Cierre de los CIE. “Se consiguió que algunos pilotos se negaran a despegar con expulsados y denunciaran la medida”, explica Eduardo Romero. Esto provocó que, en septiembre de 2013, se iniciaran vuelos macro solo para inmigrantes a través de Globalia. El primero fue a Senegal el 26 de septiembre. “La mayoría parten de Barajas, en una zona de hangares conocida como las Muñozas. Otros, los menos, se llevan a cabo desde El Prat, en Barcelona”, explica Eva Martínez. “No se trata de un control de flujos, sino de un negocio”, denuncia Romero. Frente a las 10.000 expulsiones anuales, 140.000 inmigrantes regresan de forma voluntaria a su país. Por ello, según Romero, este tipo de operativos “responde a medidas ejemplarizantes y mantener engrasadas las estructuras represivas”. Eso y favorecer, sostiene, “la economía sumergida, altamente lucrativa, gracias a la mano de obra barata de extranjeros sin permiso, así como los contratos con empresas como Globalia”.

También sorprende que el 1% de los deportados provenga de los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). “¿Para qué entonces su utilidad sino para criminalizar a los sin papeles?”, enfatiza Ana Fornés, portavoz en Valencia de CIEs No. Parte de este exiguo porcentaje lo conformaron los 54 inmigrantes que el pasado 6 de septiembre de amotinaron en el centro de Zapadores, en Valencia. La revuelta se sofocó a pelotazos de goma y solo uno de los internos, con un historial médico repleto de derrames cerebrales, quedó en libertad por la presión de las asociaciones en defensa de los Derechos Humanos. Tras aquel incidente, el Consell solicitó el cierre de Zapadores y, recientemente, el Ayuntamiento de Valencia ha prohibido que la Policía Local realice identificaciones de perfil étnico. “Es un avance, pero en Zapadores sigue habiendo chinches, no existe agua caliente y los abusos policiales son habituales”, denuncia Fornés.

Por su parte Marc Serra, de Tanquem els CIE, de Barcelona, defiende que es posible cerrar estos espacios “con la normativa en la mano, ya que la Directiva de Retorno, de 2007, los prevé, pero no obliga su instalación”. En Europa existen cerca 320 centros de este tipo, siete en España, que en 2014 contaron con una población de 7.340 inmigrantes, según el informe anual Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Defensor del Pueblo. Una de las estrategias de la Campaña Estatal por el Cierre es la elaboración de protocolos y mociones para que las instituciones locales las defiendan en los plenos y declaren sus localidades libres de CIE. Esto y la creación de una coordinadora estatal de atención psicosocial que haga inventario y seguimiento de casos tanto en España como en los países de deportación.