Los peritos de Angrois coinciden en que el riesgo era previsible e intolerable en el tramo del accidente

El juez Andrés Lago Louro, que instruye la causa por el accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013, tras el que murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas, deberá determinar si el análisis de riesgo integral de la línea Ourense-Santiago que contemplase el peligro existente en la curva de A Grandeira era obligatorio o no.

Esta disyuntiva ha sido planteada este martes en sede judicial, a raíz de la discrepancia entre los peritos de la aseguradora de Renfe y el experto al que otro perito judicial encargó un estudio probabilístico. Mientras los primeros entienden que este análisis sí es preceptivo, el segundo estima que ese mandato no se deriva de la normativa vigente.

En primer lugar comparecieron Frans Heijnen y James Robert Catmur, que elaboraron sus trabajos para QBE, el seguro de responsabilidad civil de la operadora ferroviaria. Ambos se ratificaron en que había "un riesgo previsible y no tolerable de conformidad con la normativa aplicable y los estándares técnicos del sector que debía haber sido mitigado hasta niveles tolerables".

Ante Heijnen y Catmur se sentaban abogados de las distintas partes y el fiscal, Antonio Roma, y fueron sometidos a una larga batería de preguntas, durante algo más de dos horas. Por un lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 3, como suele ser habitual en este tipo de vistas, se limitó a requerirles información sobre procedimiento.

La abogada del Estado, que defiende a Adif, basó su postura en la última documentación aportada, que incluye análisis de riesgos con los que ha defendido que la entidad cumple con la legislación vigente.

Esta letrada interrogó a los especialistas holandés y francés sobre normativa específica de la entidad pública empresarial española, y también el fiscal les inquirió acerca de cuestiones técnicas.

Por su parte, la defensa del maquinista y también letrados que representan a las víctimas del siniestro vieron demostrado con las intervenciones de los peritos de QBE que el riesgo era intolerable en el punto en el que se produjo el descarrilamiento. En él, el convoy se ve obligado a descender la velocidad desde unos 200 kilómetros por hora hasta los 80, no estaba implantado el sistema de control ERTMS en la vía y el embarcado estaba desactivado.

También consideran estas dos partes –el abogado de Francisco Garzón y los afectados por la tragedia– que los expertos del seguro de Renfe, y también el cántabro, Enrique Castillo Ron, dejaron claro que el análisis de riesgo integral no se realizó.

Castillo Ron, que cree, por sus cálculos, que la tasa de accidentes por kilómetro en la línea Ourense-Santiago es razonable, fue el tercero y último en comparecer esta jornada, ya que, al final del día, el juez rechazó la petición de QBE de un careo entre los tres, al interpretar que no hubo contradicciones en lo básico.

A él, licenciado en Matemáticas y catedrático de la Universidad cántabra, le acusaron los abogados de las víctimas de tener vinculaciones con Adif, Talgo y el Ministerio de Fomento. Además, ha provocado malestar que hiciese referencia a cuando de niño jugaba con trenes al ser interpelado por su experiencia en el mundo ferroviario.

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Tanto las víctimas como el letrado que defiende al conductor del Alvia –en este momento único imputado ya que circulaba con un exceso de velocidad antes de llegar a la curva de A Grandeira–opinan que después de este paso en la investigación judicial deberían producirse nuevas imputaciones.

En concreto, el primero, Manuel Prieto, ve claro que las normas obligaban a la realización de un análisis de riesgo integral y señala a los responsables de seguridad de Adif. El anterior magistrado y primer instructor de la causa, Luis Aláez, imputó hasta en dos ocasiones a altos cargos en los que veía indicios de responsabilidad, por el cambio de proyecto que supuso la retirada del ERTMS de los últimos kilómetros de la línea y por la desconexión de este sistema abordo del tren ya que el software generaba fallos. Aláez vinculó estas medidas con las prisas por inaugurar la alta velocidad a Galicia, pero la Audiencia Provincial de A Coruña dejó sin efecto las dos veces sus imputaciones.

A Lago Louro, los afectados por el accidente le critican que desde que se hizo cargo de la causa no ha admitido diligencias que solicitaron, y porque, a su juicio, tampoco ha impulsado la investigación. A finales de 2015 la cerró, pero la Audiencia le ordenó reabrirla para dilucidar, entre otras cosas, si es cierto que como dicen los peritos que han comparecido este martes no se evaluó de manera adecuada el riesgo en Angrois.