¡Qué contento (o contenta) estoy con mi acta de diputado!
¡Qué contento (o contenta) estoy con mi acta de diputado! Pues, fíjense, yo, con mi acta de Diputado, que he obtenido por estar en las listas de un partido determinado, puedo, ante un problema grave por el que se me expulsará de dicho partido, coger mi acta bajo el brazo y ofrecerme a cualquiera de los otros grupos parlamentarios. Lo lógico es que, en tal situación, se me acoja con gusto porque aporto un voto; y no pueden figurarse lo que vale un voto en el Congreso de los Diputados.
Y tal vez no lo sepan, pero el acta de diputado incluye garantías y privilegios que son muy necesarios para el cumplimiento de nuestras funciones, y que están recogidas en el Artículo 71 de la Constitución Española, según el cual los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones; y durante el periodo de su mandato gozarán de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
Un acta de diputado es un tesoro, porque implica ser aforado y, en caso de cometer un delito, me juzgaría un tribunal distinto al que les corresponde a los ciudadanos de a pie. Así que no puedo renunciar al acta; tengo razones poderosas para quedármela. Además, es mía; y solo mía, aunque la haya ganado con las siglas de algún partido.
En España hay cerca de 250.000 aforados. Un escándalo, una vergüenza nacional. Si nos fijamos en otros países, vemos que en Alemania, en Reino Unido y en Estados Unidos no hay aforados. En Italia y Portugal solo están aforados los Presidentes de la República. En Francia el Presidente y los ministros. Con los aforamientos se vulnera el principio de igualdad ante la ley y se demuestra que la justicia no es igual para todos.
El caso es que, con el aforamiento, la inviolabilidad y la inmunidad de que gozan los representantes de los poderes del Estado, los ciudadanos tenemos la sensación de que los políticos corruptos, que no lo son todos, por supuesto, pero sí varios, pueden difamar, delinquir y enriquecerse impunemente porque, entre unos y otros privilegios, tienen las espaldas bien cubiertas. Y es palpable que hay corrupción política y una gran tendencia a proteger y ampliar los intereses particulares. Es un atropello que se privatice la sanidad pública, que es de todos, como si se tratara de un feudo particular o que se regalen viviendas de protección social, propiedad del estado, a fondos buitres que gestionan familiares o que se beneficie a la iglesia con terrenos y edificios públicos o que se favorezca a grandes grupos empresariales de los que luego se reciben sustanciosas comisiones...
Esta situación de abuso y privilegio comienza, tal vez, con el acta de diputado. Según la Constitución, el acta de diputado pertenece al diputado, no al partido. Es correcto, porque el acta supongo que equivale a un nombramiento por el que una persona abandona su trabajo habitual para ocupar un escaño, durante el tiempo que dure la legislatura. No es excepcional, en cualquier ministerio se conceden comisiones de servicio temporales para satisfacer determinados objetivos.
Según el Artículo 67 de la Constitución, el ejercicio individual del voto se encuentra sometido a las directrices del Grupo Parlamentario. Esta disciplina encuentra su límite en el momento en que se rompe la relación entre el grupo y el diputado, es decir cuando este abandona o es expulsado de su grupo, ya que entonces tendrá plena disposición de su escaño. El grupo parlamentario no puede exigirle jurídicamente al diputado la renuncia al escaño.
Un acta de diputado es un tesoro, porque implica ser aforado y, en caso de cometer un delito, me juzgaría un tribunal distinto al que les corresponde a los ciudadanos de a pie. Así que no puedo renunciar al acta; tengo razones poderosas para quedármela
Eso es atroz y, desde luego, injusto e indigno, pero muy apropiado para que, en el caso de que cualquier miembro del Congreso se encuentre en un brete, no tenga que abandonar su escaño; sino que, ¡ojo!, pueda quedarse y permanecer impune. El Poder Legislativo elabora la ley y el Poder Legislativo la aprueba. Así que todos los políticos están protegidos bajo el gran paraguas de la inmunidad.
El Congreso se conforma según los resultados que han obtenido los diferentes partidos que concurren a las elecciones generales. Según esos resultados a cada grupo parlamentario le corresponde un número de diputados. Cuando los ciudadanos vamos a votar, votamos partidos. Cada partido, en su papeleta de voto, presenta una lista de las personas que ha elegido para que ocupen los escaños correspondientes. Correcto. Pero hemos votado partidos. De manera que, si un diputado es expulsado del partido, es inaceptable que pueda llevarse consigo el acta. Si ya no es del partido, ya no le corresponde ningún acta. Y eso no puede ser una elección personal, sino que eso se debe traducir en una dimisión automática, “dejas el partido, dejas el acta”, que pasaría al siguiente de la lista.
El asunto es de la máxima importancia. En este momento el señor Ábalos ha sido expulsado del Partido Socialista, pero como el acta es suya se la ha llevado consigo; quizá sea inocente, pero si lo es como si no, el acta debe volver al partido. En las elecciones generales de 2023 un acta de diputado del PSOE equivalía a 63.608 votos de media. El señor Ábalos se lleva con el acta, que puede utilizar como le plazca, 63.608 votos del PSOE, cometiéndose así un fuerte agravio al partido y a los ciudadanos que lo votaron.
Estamos ante un caso gravísimo de fraude electoral; porque el acta de diputado se sustenta en los votos que los ciudadanos han confiado a un partido determinado; y bajo ningún concepto se puede jugar con esos votos ni ponerlos en el peligro de que otros grupos parlamentarios puedan aprovecharlos en beneficio propio. Será legal, pero es injusto, abusivo y vergonzoso.
Esto no es sino una prerrogativa más, de manera que cualquiera que tenga un problema se puede quedar, llevarse su acta bajo el brazo y aquí no ha pasado nada. Un fraude legal en toda regla.
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Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.
