Sólo un 8% de la población pobre accede a rentas mínimas en España

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales considera "urgente" la aprobación de una Ley estatal de garantía de rentas mínimas ante las desigualdades existentes entre comunidades autónomas.

La asociación ha recordado que menos del 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), que ofrecen las comunidades autónomas, según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018 que ha hecho público el Ministerio de Sanidad.

Ante estos datos, el colectivo de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales consideran necesario "superar las extremas diferencias que existen en cobertura y cuantía en los diferentes territorios".

Así, País Vasco y Navarra registran porcentajes que suponen en un caso casi tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza.

Del resto, sólo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, C. de Madrid y Cataluña). Las RMI de las nueve comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del 2%. La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 13,7% de la renta media por hogar en España.

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Para los directores y gerentes, garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios "debería ser cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas".

Asimismo, advierten de que "las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos".

En este sentido, apelan "a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha las comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura".