La Fiscalía recurrirá la decisión de investigar los papeles de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá esta semana la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de investigar la querella presentada por Izquierda Unida (IU) sobre los papeles de Bárcenas, según han asegurado a infoLibre fuentes del Ministerio Público. En estos momentos hay doce imputados, los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como una decena de empresarios que presuntamente pagaron a altos cargos del PP a cambio de adjudicaciones públicas.

Pero la Fiscalía Anticorrupción considera que el competente para investigar estos hechos es el instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que el jueves abrió una pieza separada de esta causa después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) encontrara tres nexos entre la trama de corrupción y los denominados 'papeles' de Bárcenas.

El fiscal Antonio Salinas baraja dos posibilidades, según informa Europa Press. La primera es presentar un recurso de reforma, que sería resuelto por el propio Gómez Bermúdez. O también interponer una apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De esta forma, la Fiscalía se 'saltaría' al propio magistrado instructor, pues éste órgano es de un rango superior al juez.

Los imputados por Gómez Bermúdez son, además de los extesoreros, el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, expresidente de Sacyr-Vallehermoso, donante de medio millón euros.

También llamará a declarar con esta condición procesal a Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, que habría pagado entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, supuesto donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que habría pagado al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que habría donado al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo.

El juez también pidió "urgentemente" al Ministerio Público que le remita "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado" y solicitó al juez Ruz que le traslade los autos del 5 de febrero y el 1 de marzo en los que rechazaba investigar la supuesta contabilidad B porque la Fiscalía Anticorrupción ya había abierto unas diligencias, así como el informe de la UDEF en el que se advertía de la existencia de tres vínculos entre los 'papeles de Bárcenas' y el 'caso Gürtel'.

La denuncia de Izquierda Unida admitida a trámite por Gómez Bermúdez atribuye a todos los querellantes los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Francisco Javier Teijeiro, ha enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en detrimento de su colega Javier Gómez Bermúdez, la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias sobre la contabilidad B del PP atribuida a su extesorero Luis Bárcenas, al considerar que ha sido "el primero que conoce del asunto", informa Europa Press.

En un auto dictado este martes, el juez Teijeiro remite las diligencias previas que incoó tras recibir la denuncia de Manos Limpias al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, tras constatar que el pasado 7 de marzo abrió una pieza separada del caso 'Gürtel' después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le advirtiera de la existencia de tres nexos con la investigación sobre la trama de corrupción.

"Ante la controversia suscitada entre ambos órganos judiciales, pendiente al parecer aún el Juzgado Central de Instrucción número 3 de pronunciarse definitivamente sobre la inhibición interesada por el Ministerio Fiscal a favor del de igual clase número 5, a la vista de la documentación recabada y de las alegaciones de la parte querellante (...), ha de ser este último órgano a quien se habrán de remitir las presentes diligencias por ser el primero que conoce del asunto, a salvo lógicamente de lo que pudiera resultar de la cuestión de competencia que entre ellos pudieran dirimir, en su caso", señala el juez.

A su juicio, resulta "evidente" que si la competencia objetiva de conocer de determinados hechos se atribuye a la Audiencia Nacional, como han hecho tanto Ruz como Gómez Bermúdez, "la decisión no puede ser otra que inhibirse del conocimiento del asunto a favor de la querella", conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).