El PP veta la fiscalización de los contratos con el gigante Quirón, "principal cliente" de la pareja de Ayuso

La solicitud del PSOE en la Asamblea de Madrid para que se remitan a la Cámara de Cuentas todas las operaciones contractuales desarrolladas entre 2020 y 2023 con el gigante sanitario Quirón, máximo beneficiario de la privatización hospitalaria impulsada por Esperanza Aguirre y gran cliente de la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, se ha estrellado contra el muro. El muro de la mayoría absoluta del PP, que en la comisión de presupuestos de la Asamblea madrileña tumbó este miércoles la iniciativa, que propugnaba una fiscalización específica y que recibió el apoyo no solo de Más Madrid sino también de Vox. Quirón es señalado por la Fiscalía, en su denuncia contra Alberto González Amador, como el "principal cliente" de este.

Aunque el veto era lo previsible, el autor de la propuesta, el diputado del PSOE Fernando Fernández Lara, hizo suyo uno de los axiomas del PP madrileño: que cuando no hay nada que esconder no debería haber ningún problema en que se fiscalice la gestión. “Es sorprendente –afirmó– que no suponga ningún conflicto de interés adoptar decisiones a sabiendas de que era el principal pagador de su pareja”. Fernández Lara se refería a los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno para saldar deudas reclamadas por Quirón sin ninguna auditoría previa conocida.

Según los conservadores, la petición de que se fiscalicen las operaciones contractuales con Quirón resulta “extemporánea” en lo que a 2020 y 2021 se refiere por cuanto la Cámara de Cuentas ya emitió dos informes sobre ambos ejercicios, informes que en realidad poseen carácter genérico y donde no se aborda ni la deuda que el Ejecutivo madrileño arrastra con Quirón ni las monumentales convalidaciones de gasto –fórmula excepcional para trabajos realizados sin contrato ni fiscalización previa– que en el último cuatrienio han engordado con más de 700 millones las cuentas del mayor hospital de los cuatro de la red pública que gestiona el grupo. El ejercicio 2023 se fiscalizará este año. Y queda pendiente 2022, añadió el representante conservador.

Al frente de la Cámara de Cuentas, el órgano que fiscaliza las cuentas de las administraciones madrileñas, el PP acaba de colocar a Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad y expulsado del PSOE por su apoyo explícito a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de 2021.

De la trama que no existe al lapsus de los "filtros políticos"

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Lo que sostiene la formación gobernante es que la iniciativa del PSOE constituye solo “un intento más de hablar de una trama que no existe”. “La única trama que existe con hechos concretos –espetó el diputado conservador Ángel Francisco Alonso– es la del caso Koldo”. A lo largo de su intervención hubo un momento en que una batida de murmullos y risas sustituyó al silencio. Fue cuando en un lapsus rectificado de inmediato Alonso afirmó lo que sigue: “No se ha realizado ningún pago a ninguna empresa concesionaria que no haya pasado por todos los filtros políticos… eh… por todos los filtros jurídicos y todos los parabienes sin olvidar la oportuna fiscalización”. En realidad, las convalidaciones de gasto se efectúan sin fiscalización previa.

Desde las filas de Más Madrid, el diputado Eduardo Gutiérrez acudió a una metáfora literaria y cinematográfica para definir la relación del Gobierno del PP con Quirón como un ejemplo de “amistades peligrosas”. Gutiérrez puso el acento en la enorme cuantía de las convalidaciones de gasto en favor de Quirón. Y trazó un diagnóstico de situación: “Hay un agujero negro por el que se están desviando fondos”.

También la diputada de Vox Ana Cuartero, que dimitió recientemente como presidenta de la comisión de vigilancia de las contrataciones por lo que ella misma definió como “bloqueo” del PP, consideró “imprescindible dar visibilidad” a la deuda real del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con Quirón. Sin un adecuado control de los contratos –adujo– nos podemos encontrar en una situación de “pillería” o “mala praxis”.