El caos tarifario enfrenta a Industria y a Competencia con las eléctricas

Nuevo capítulo de enfrentamiento en el sector eléctrico, pero esta vez a tres bandas: las empresas contra Competencia y el Ministerio de Industria. El nuevo superregulador de los mercados, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ha decidido dar un toque de atención a las eléctricas con la apertura de una investigación por informar a los usuarios sobre el nuevo sistema de facturación de la luz por horas con anuncios publicitarios "equívocos". Las empresas, oficialmente, sostienen que prestarán toda su colaboración en la tramitación del expediente. Pero en todas ellas hay fuentes que apuntan al Ministerio de Industria como instigador de la investigación con la intención de trasladar a las compañías la responsabilidad del caos tarifario creado con el nuevo sistema de facturación por horas.

La lupa de la CNMC está sobre dos publicidades concretas: una carta en la que Gas Natural Fenosa advierte a sus clientes en el mercado liberalizado de que el 1 de julio serán traspasados a una nueva tarifa si no se oponen expresamente y un anuncio de Endesa en el que la eléctrica advierte de la volatilidad de los precios de la electricidad en la nueva tarifa. Iberdrola también ha recibido esta semana la petición de información por parte de la CNMC

La carta de Gas Natural a sus clientes en el mercado libre les informa de que el Real Decreto 216/2014 de 30 de marzo "establece una nueva regulación para la determinación del precio de la electricidad", que a su vez "hace necesario establecer una nueva fórmula para calcular el precio aplicable a su contrato a partir del 1 de julio".

Otra tarifa más

Hasta aquí, todo correcto. El problema, sostienen fuentes de la CNMC, es que en la misma carta se da cuenta de la creación de una nueva tarifa denominada "Óptima Luz" que se le aplicará al usuarios automáticamente a partir del 1 de julio. Ese traspaso, sostienen las fuentes consultadas, vulneraría la Ley de Competencia ya que la empresa, además de informar al cliente, toma una decisión unilateral.

Oficialmente, Gas Natural Fenosa se limita a señalar que la compañía "aportará toda la información solicitada". Pero en la empresa que preside Salvador Gabarró, la decisión de la CNMC no ha caído nada bien. Fuentes de la compañía señalan que la carta que cuestiona la Comisión se envía a clientes que están en el mercado liberalizado, no en el de la tarifa regulada (TUR, ahora Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC) y con contratos que se pueden resolver en cuanto el cliente lo desee.

Pero lo que cuestiona la CNMC es el anuncio de traspaso automático de una a otra tarifa si el cliente no se opone expresamente. En la Comisión se recuerda que Telefónica, por poner un ejemplo, está traladando clientes ADSL hacia la fibra óptica, pero dejando al usuario la opción de elegir.

Energía e impuestos

Llueve sobre mojado. En diciembre, Industria (y la CNMC) ya enarcaron la ceja por la publicidad que Endesa e Iberdrola insertaron en prensa para defender que sólo el 38% de la factura eléctrica correspondía a la energía consumida y que el resto eran impuestos.

La historia se repite unos meses después. Un nuevo anuncio publicitario de Endesa ha molestado al suprerregulador. En ese anuncio, la compañía que preside Borja Prado destaca que con el PVPC «no se podrá conocer de antemano lo que pagará por la energía» al tiempo que recalca que la empresa ofrece «precios competitivos y estables en el mercado libre».

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Para intentar poner en evidencia a las compañías, la CNMC ha utilizado su argumento de que la mayor parte de la factura son impuestos. El superregulagor sostiene que la inestabilidad y la incertidumbre en los precios contra las que advierten las compañías al cliente si éste se mantiene en el precio voluntario queda circunscrita a ese porcentaje del 35 %. Esa volatilidad, además, queda diluída si se consideran periodos de cómputo que van más allá de la hora o el día.

La investigación  de la CNMC, que no sanción, es la segunda abierta al sector eléctrico desde enero. Otro expediente, este abierto para determinar si hubo comportamientos atípicos y sancionables en la subasta de energía trimestral Cesur del 19 de diciembre, está en el limbo. Cinco meses después de su apertura, nada se sabe de él. Competencia se limita a señalar que la investigación sigue y que es muy compleja porque incluye peticiones de información a la CNMV y al Consejo de Seguridad Nuclear, además de a las empresas.

La complejidad de las investigaciones, sanciones y recursos en el sector eléctrico está más que demostrada. Hace tres años, en junio de 2011, la extinta CNC multó con 61 millones de euros a las grandes compañías por obstaculizar el cambio de comercializador en el mercado libre y fijar precios a los grandes clientes en el marco de la desaparición de las tarifas eléctricas. Además, multó con 900.000 euros a la patronal eléctrica, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). Las empresas recurrieron a la Audiencia Nacional y la solución está pendiente.