Proteger a los menores de la violencia machista

El Consejo de Ministros ha indultado esta semana a Juana Rivas. Su historia es de sobra conocida. Saltó a la actualidad informativa cuando lanzó, en 2017, un grito desesperado para que la justicia impidiera al padre de sus hijos, denunciado por maltrato y con una condena en 2009, llevárselos con él fuera del país. La huida con los menores y la negativa a entregarlos le costó al cabo del tiempo una condena a prisión y seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad. El indulto concedido por el Gobierno es parcial, de manera que tendrá que cumplir solo parte de la pena y le permite luchar por la custodia de sus hijos. No entraré a juzgar este caso en particular, para eso están los tribunales, pero es evidente que un maltratador nunca puede ser un buen padre. El Gobierno ha tomado la determinación de indultar poniendo por delante de cualquier otra consideración el interés superior de los menores.

Los casos de violencia vicaria golpean en lo más hondo a la opinión pública y son, como toda violencia machista de la que tenemos noticia, solo la punta del iceberg. Un total de 44 niños y niñas han sido asesinados desde que se contabilizan, esto es, desde 2013. Estamos obligados, como sociedad y como poder legislativo, a proteger al máximo a los hijos e hijas de víctimas de violencia de género. La ley de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada la pasada primavera, incorporó en su tramitación parlamentaria la violencia vicaria, esta es, la que se ejerce sobre familiares o allegados menores de edad con el fin de hacer daño a la mujer que está siendo víctima de maltrato. Esta ley también incorpora la suspensión del régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia de género y refuerza la protección de los y las menores en los procesos de separación y divorcio.

Otra ley pensada especialmente para proteger a las personas huérfanas víctimas de violencia de género está ultimando su tramitación en el Congreso de los Diputados. A la proposición de ley inicial, registrada por el Grupo Parlamentario Socialista a partir de las propuestas de Fundación Mujeres, se suman ahora varias autoenmiendas que quieren mejorar aún más situaciones específicas a las que se deben enfrentar los huérfanos y huérfanas, en relación con la pensión de orfandad y con requerimientos fiscales.

Hace unos días se celebró en el Senado una jornada organizada por Fundación Mujeres y el Fondo de Becas que lleva el nombre de la malograda fiscal Soledad Cazorla, gestionado por aquella entidad. Familiares de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas prestaron su testimonio con la voz entrecortada por la emoción. Familiares que tras el asesinato de sus hijas o de sus hermanas se hacen cargo de los menores huérfanos. Uno de ellos se lamentó de que estos huérfanos fuesen los grandes olvidados por la justicia. Y la fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, puso de manifiesto una obviedad que, en cambio, demasiadas veces se pasa por alto a la hora de dictar justicia: que la clave está en la protección previa, antes de que tengamos que lamentar un feminicidio o un infanticidio. O los dos crímenes a la vez.

El sistema de protección policial Viogén ha registrado un incremento del 54% de menores en riesgo respecto a 2020, son 647 los que están en peligro de ser agredidos por el maltratador de su madre. Y son cerca de 7.000 niños y niñas los que están en situación de vulnerabilidad por vivir en contextos de violencia, un 30% más que hace un año.

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Como cada mes de noviembre, y a las puertas de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tenemos más presente este drama y esta vergüenza de nuestra sociedad que, en pleno siglo XXI, sigue golpeando y amenazando a la mitad de la población. Hay dos actitudes para enfrentar esta cruda realidad, sea noviembre o cualquier otro mes del año. Negar que existe y cuestionar su esencia, algo que confunde a la opinión pública y da alas al machismo criminal. O reconocerla, identificarla y combatirla legislando y mejorando la protección a las mujeres víctimas y de sus hijos e hijas. No hay medias tintas posibles.

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Lídia Guinart Moreno es diputada por Barcelona y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación contra la Violencia de Género del Congreso y secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.